«No es posible que todo el que está se quede». El consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, lanzó ayer en el Parlamento una advertencia tajante al comité de huelga que mantiene el conflicto laboral de los interinos parafraseando el lema que los huelguistas llevan manteniendo más de un año. El titular de Función Pública aseguró que quería ser claro ante las peticiones del comité y su anuncio de una demanda judicial por un supuesto incumplimiento del acuerdo firmado entre la Administración y los sindicatos hace un año. Pérez indicó que no tiene intención de ahondar en el conflicto pero sí aseveró que la reclamación de que «todo el que está se queda» no es posible cumplirla de forma automática, pero el Ejecutivo «sí hará lo que esté en nuestras manos para que todo el que está se quede, pero no es algo que sea automático».
El consejero mantiene que se está cumpliendo con el acuerdo firmado en abril de 2021
El consejero fue interpelado por la diputada de Coalición Canaria Socorro Beato en torno a la ley estatal de reducción de la temporalidad en el empleo público y las tensas relaciones que existen entre Función Pública y el comité de huelga, ahora formado por Intersindical Canaria (IC) y Comisiones de Base (Co.bas) después de que el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) abandonara el comité en febrero. Solo IC tiene representación en la mesa general de negociación, por ello Pérez aseguró que el comité de huelga está formado por un solo sindicato ya que Co.bas es minoritario en la Administración autonómica y no se sienta en la mesa general, ámbito en el que el Gobierno negocia la aplicación de la ley. Beato cuestionó a Pérez si el Gobierno va a mantener el diálogo con los huelguistas o lo da por zanjado y defendió que los objetivos que se firmaron en el acuerdo de abril de 2021 siguen vigentes, por lo que reclamó al Ejecutivo que mantenga su aplicación, ya que fue un acuerdo anterior a la nueva ley estatal que entró en vigor a finales de diciembre.
«El Gobierno no da por cerrado el conflicto», aseguró Pérez, y por eso mantiene la interlocución con los representantes del comité a pesar de que su representatividad se ha reducido de forma considerable. El consejero afirmó que la Administración autonómica ha cumplido los acuerdos alcanzados en abril, puesto que «hemos ido haciendo lo que se nos podía exigir», entre ellos un informe jurídico y el proceso de identificación de las plazas que se encuentran en abuso de temporalidad. Sin embargo Pérez advirtió: «lo que no podemos hacer y soy claro es atender a la reclamación de que todo el que está se queda, eso no es posible».
En relación con la resolución del Ministerio para orientar sobre la realización de los procesos de estabilización, la diputada nacionalista subrayó que «son las comunidades autónomas las que tienen que establecer sus criterios en sus ámbitos territoriales» para solucionar el problema de la temporalidad y recordó que el acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las comunidades es solo orientativo. Por eso Canarias debe establecer sus propios criterios adaptados a la realidad de las islas, porque «no hablamos de plazas sino de personas, y hay muchas personas que no tienen plaza porque no está creada en la relación de puestos de trabajo», una situación muy común en el ámbito sanitario, dijo Socorro Beato. La dirigente de CC instó al consejero a que Canarias tenga sus propios criterios a la hora de convocar los procesos para estabilizar a los miles de interinos que trabajan para la Comunidad Autónoma y advirtió que las recomendaciones establecidas por el Gobierno central son un «jarro de agua fría» que no se puede adaptar a las singularidades de Canarias.
Julio Pérez señaló que el Ejecutivo nunca ha tenido dudas de que el documento pactado entre la Secretaría de Estado de Función Pública y las comunidades autónomas es una «orientación» que puede servir de guía sin perjuicio de que las competencias en la configuración de los procesos de estabilización dependen de cada comunidad. «Ejerceremos nuestra competencias», afirmó el consejero, que también valoró la disposición que existe para coordinar las bases de los procesos con los cabildos y los ayuntamientos canarios ante la dificultades y la complejidad que entrañan las convocatorias que se avecinan.
La resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública se hizo pública el pasado viernes y en la misma se recoge que los criterios establecidos en la misma han sido debatidos con las comunidades autónomas, Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y los sindicatos de ámbito nacional. Para el proceso extraordinario de estabilización destinado a los empleados públicos que llevan en abuso de temporalidad desde antes de 2016 se propone que la experiencia laboral tenga un peso de hasta el 60% en la puntuación máxima y los títulos académicos no podrán estar por debajo del 40%, es decir, la experiencia en el puesto de trabajo será determinante para la fijeza de los afectados.
CC reclama al Ejecutivo que adapte los criterios a la realidad de los interinos de las Islas
La Secretaría de Estado advierte que esta resolución «puede servir de guía a las diferentes administraciones públicas, sin perjuicio de que la competencia corresponda en todo caso a la Administración convocante y respetando la potestad de autoorganización de cada Administración». En Canarias se está pendiente de una mesa común entre las diferentes instituciones públicas.
La lista de empleo urgente, pendiente aún dos meses después de abrirse
La lista de reserva complementaria puesta en marcha en enero por la Dirección General de Función Pública sigue aún sujeta a modificaciones y, más de dos meses después, todavía no se ha aprobado oficialmente con la relación en el BOC de los cerca de 50.000 inscritos en la misma. De hecho, la semana pasada se publicó en el Boletín Oficial una resolución que corrige el decreto que reguló la convocatoria, publicado en diciembre de 2021.
En la citada modificación se introduce un nuevo criterio en el caso de que haya empate a puntos en el baremo de los aspirantes cuando sean llamados por la Administración para ocupar un puesto en la categoría laboral a la que se han apuntado. A los cinco criterios que ya se habían publicado en diciembre se añade un sexto que especifica: «el desempate se efectuará en función del orden alfabético de actuación en los procesos selectivos para el acceso a la condición de empleado público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, resultado del sorteo en vigor al momento de la constitución de las listas complementarias».
Otro de los motivos por los que se demora esta lista de reserva es por la acumulación de trabajo que existe en la Dirección General de Función Pública que, como otros departamentos, se ha reestructurado internamente para hacer frente a las necesidades de efectivos que requiere la Comunidad Autónoma para gestionar los fondos europeos. Junto a esta circunstancia también se encuentran los procesos selectivos ordinarios que se están desarrollando, el concurso de traslados de los funcionarios de carrera y la propia lista de reserva complementaria que se puso en marcha en enero.
Por lo pronto son dos los sindicatos -CCOO y CSIF- que han presentado un recurso contencioso administrativo en contra de la lista al considerar que hay cuestiones que no se han recogido en la convocatoria. Uno de los asuntos recurridos es que no se contemplan plazas específicas para personas con discapacidad, un derecho que debe ser cumplido en todas las convocatorias públicas. No obstante, Función Pública sigue adelante con la lista.
La avalancha de solicitudes durante las dos semanas que duró la inscripción sorprendió al Ejecutivo, que publicó una amplia relación de categorías, puestos y escalas para cubrir necesidades coyunturales de la Administración autonómica con el fin de acelerar planes prioritarios para el Ejecutivo como el convenio de carreteras, el plan de vivienda o los diferentes programas de servicios sociales.
