Canarias ha vuelto a la primera plana de la agenda política nacional por las repercusiones que tiene en el Archipiélago las nuevas relaciones entre España y Marruecos y por el giro que ha dado el Gobierno de Pedro Sánchez sobre el conflicto del Sáhara Occidental, asumiendo la propuesta autonomista para ese territorio defendida por Rabat. La entrevista entre Sánchez y Mohamed VI en la capital marroquí del pasado jueves abre una fase de negociación sobre los pleitos entre ambos países en torno a las aguas fronterizas en el entorno de Canarias y, al menos aparentemente, compromete al país vecino a una mayor colaboración en la lucha contra la inmigración irregular vía patera hacia las costas canarias, un elemento crucial para tratar de acabar con la emergencia migratoria y humanitaria que vive el Archipiélago desde hace dos años.
Este quiebro de la política española está marcando el debate, el calendario y la agenda del Ejecutivo central en un momento de gran preocupación por las consecuencias económicas derivadas de la invasión rusa de Ucrania y la guerra en el este de Europa, y el incremento de los precios energéticos y otras materias primas con su correspondiente efecto sobre la inflación, que se ha disparado hasta un 9,8 % en marzo. El parón de la Semana Santa se produce así en un contexto de gran inquietud y de tormenta de acontecimientos de todo tipo en la vida política española en espera de que dentro de unas pocas semanas el Gobierno remita al Congreso el real decreto de ayudas contra las consecuencia de la guerra en Ucrania, y de que Sánchez convoque, según anunció en su momento, el esperado debate sobre el Estado de la Nación, para mayo o junio, que no se celebra desde 2015.
Las nuevas relaciones con Marruecos y el beneficio que las mismas reportarán a los intereses de España son el gran argumento de Sánchez para justificar su cambio de rumbo respecto al Sáhara, asumiendo que el PSOE se ha quedado solo en la defensa de esta posición. El propio Sánchez explicó desde Rabat que la nueva etapa reabre la negociación entre ambos países sobre la delimitación de espacios marítimos en la fachada atlántica, a través de la reactivación del grupo bilateral de trabajo que ya estuvo operativo hace años, con el objetivo de lograr avances concretos, unos acuerdos que tienen que estar amparados por Naciones Unidas. La idea es acabar con las actuaciones unilaterales que Marruecos ha emprendido en relación a esos espacios marítimos en los últimos años y que han provocado evidente malestar en Canarias.
Queda por ver ahora en qué se concreta esa negociación y cómo se articula cualquier acuerdo al respecto en términos jurídicos bilaterales y ante Naciones Unidas. El Ministerio de Asuntos Exteriores no ha dado pista aún sobre el calendario o las condiciones en que se llevarán a cabo las reuniones del grupo de trabajo que tendrá que examinar los conflictos en torno a los espacios marítimos en disputa, ni si abordarán en los mismo términos tanto la delimitación de la mediana entre las aguas españolas y marroquíes, y por tanto la fijación de la frontera marítima entre el Archipiélago y Marruecos, como el derecho de cada país a sobre los espacios más alejados, a 350 millas, y la plataforma marítima en disputa, donde se albergan importantes yacimientos de metales valiosos como el telurio y el cobalto.
El Ejecutivo canario espera aún una respuesta por parte del Gobierno central para que bien Sánchez o bien Albares expliquen de forma directa y personal en las Islas el acuerdo con Marruecos y sus efectos en las Islas
El Gobierno de Canarias sigue esperando, no obstante, una respuesta por parte del Gobierno central para que el propio Sánchez o el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, expliquen de forma directa y personal en las Islas el contenido del acuerdo con Marruecos y sus efectos sobre las Islas. El líder socialista ya lo hizo en Ceuta y Melilla el pasado 23 de marzo, pero no hay previsión por el momento de que haga lo propio en Canarias a corto plazo. Tampoco hay esa previsión por parte de Albares, según conformaron ayer fuentes del Ministerio, que reconocen que es algo que se «barajó» hace dos semanas pero sobre lo que aún no se ha tomado una decisión. Desde Canarias se esperaba a que se produjera ese reunión de Rabat entre Sánchez y el monarca marroquí para poder tener alguna información más concreta y puntual sobre la posible visita del presidente o del ministro a las Islas, pero no hay por el momento ninguna conformación al respecto.
Críticas generalizadas
En todo caso, la polémica aceptación española de la vía autonomista para el Sáhara ha provocado mucho malestar entre los socios del Ejecutivo de coalición que preside Ángel Víctor Torres, pero no hasta el punto de poner en riesgo la estabilidad del mismo. Pero sí supone un terremoto en el marco de la política en el conjunto del país y del debate parlamentario en el Congreso, donde todos los partidos, incluido el socio de gobierno, Unidas Podemos, han criticado duramente al presidente y respaldaron una proposición no de ley reclamando volver a la posición anterior de apoyo a un referéndum de autodeterminación del Sáhara conforme a las resoluciones de Naciones Unidas.
El paréntesis parlamentario por la Semana Santa no alivia sin embargo el debate político general por la tormenta de acontecimientos que se ha desatado en las últimas semanas y que tendrá su culminación en el debate sobre el Estado de la Nación en mayo o junio.
Canarias pone la vista en este marco en la posibilidad de que el decreto que contiene el plan de choque contra los efectos de la guerra, si se tramita como proyecto de ley tal como parece aceptar el Ejecutivo, pueda incluir algún elemento más de los inicialmente contemplados para una bonificación adicional del 80 % para el transporte marítimo de mercancías, la eliminación de trámites administrativos para la creación de plantas regasificadoras en las Islas, y las bonificaciones al sector ganadero canario. La segunda de estas medidas abre precisamente otro debate interno en el Archipiélago sobre la implantación del gas en el territorio.
Más allá de la agenda de urgencia de las últimas semanas que marcarán la acción del Ejecutivo o la actividad parlamentaria tras las vacaciones de Semana Santa, Canarias mantiene abiertas y sin avances distintas cuestiones de las relaciones con el Estado que en teoría deberían cerrarse antes del verano previa celebración de una Comisión Bilateral. La principal sería el traspaso de la gestión del litoral a la comunidad autónoma tras los aplazamientos consecutivos producidos desde más de un año, pero también el cierre del convenio de carreteras para el pago de la deuda estatal reconocida por el Tribunal Supremo, el establecimiento de una fórmula de acogida de menores migrantes no acompañados por parte del resto de comunidades autónomas, o la aplicación del REF de acuerdo a las condiciones que han marcado la actividad económica por la pandemia sanitaria.
