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Solo seis de cada cien familias isleñas en grave pobreza perciben la PCI

De los 179.000 hogares canarios en grandes dificultades económicas, apenas un 17% está ‘protegido’ por la prestación de inserción o el ingreso mínimo vital

Dos mujeres recogen comida para su reparto entre familias necesitadas. | | ANDRÉS CRUZ

Nunca hubo tantas familias en la nómina de la Prestación Canaria de Inserción (PCI). Sin embargo, este récord de perceptores –triste récord si se tiene en cuenta que la PCI se destina para cubrir las necesidades básicas de personas y hogares sin recursos– palidece ante el elevado número de familias en situación de grave pobreza. Es decir, palidece ante el elevado número de potenciales beneficiarios de esta ayuda. De hecho, y pese a este récord de hogares que cobran la PCI y a los esfuerzos del Gobierno regional para incrementar la nómina de beneficiarios, apenas seis de cada cien familias en pobreza severa –grave– perciben la prestación. Es verdad que el Ejecutivo suele sumar la cifra de hogares que reciben la PCI a la de los que reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV) del Estado, ya que ambas ayudas públicas comparten finalidad –paliar la situación de quienes carecen de recursos económicos para las necesidades elementales–, pero no es menos cierto que, incluso así, la realidad social del Archipiélago empequeñece la suma. De cada cien familias isleñas en pobreza extrema, solo 17 cuentan con la ayuda de la PCI o del IMV.

Con todo, nunca hubo tantos beneficiarios de rentas ciudadanas en el Archipiélago

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La consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno autonómico informó este martes de que la nómina de la Prestación Canaria de Inserción ya incluye a casi 11.000 hogares, exactamente a 10.868. El departamento dirigido por Noemí Santana destacó que en julio de 2019, a comienzos de la legislatura, había algo menos de 5.700 hogares percibiendo la PCI, de modo que en estos momentos hay casi el doble de beneficiarios. La cifra ha ido fluctuando desde que Santana cogiera las riendas de la consejería, algo que ya ocurría antes de que la representante de Podemos en el Ejecutivo canario sucediera en el cargo a Cristina Valido. En marzo de 2020, justo el mes en que estalla en España la pandemia de coronavirus y el Gobierno central decreta el estado de alarma –el Gabinete presidido por Ángel Víctor Torres ya llevaba ocho meses de trabajo–, había 5.478 familias cobrando la prestación. Aún menos –209 menos– que cuando Torres accede a la presidencia y Santana a la consejería. Es a partir de marzo de 2020, es decir, desde la irrupción de la covid-19, cuando acaba la fluctuación y la nómina de la PCI va incrementándose poco a poco hasta alcanzar en marzo de este año los 10.337 beneficiarios. Hasta ese momento el récord estaba en los 10.281 hogares que cobraban la ayuda en octubre de 2016, todavía con Fernando Clavijo en la presidencia del Gobierno de Canarias y con Patricia Hernández al frente del área de Políticas Sociales. Y el número está ya en esos 10.868 perceptores, un nuevo máximo histórico, el segundo consecutivo. ¿Pero son muchos o pocos? Pocos a pesar de todo. Es más, muy pocos si el número se coteja con el de familias en necesidades.

Emma Colao: «Hay que cambiar el modelo de servicios sociales; la gestión actual es mala»

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El último Informe sobre exclusión y desarrollo social en Canarias de la Fundación para el Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada, la Fundación Foessa, calcula que en la Comunidad Autónoma hay la friolera de 179.000 hogares en pobreza severa. Se trata de hogares con ingresos inferiores al 40% de la renta familiar mediana. La mediana de renta varía de un año a otro, pero en Canarias está en unos 6.000 euros anuales, unos 500 euros al mes en el caso de familias unipersonales y algo menos de 250 por persona en un hogar tipo de dos adultos y dos menores. Pues bien, de esas 179.000 familias que la Fundación Foessa considera en pobreza severa, tan solo un 6% estaría cobrando la PCI. Si a esos cerca de 11.000 hogares que reciben la prestación de inserción se suman los alrededor de 20.000 que cobran el ingreso mínimo vital, resulta que de esas 179.000 familias en situación de grave pobreza, las que están protegidas son unas 30.000, casi un 17%.

Los números explican por qué el Gobierno de Canarias se mueve entre la satisfacción por el récord de beneficiarios de la PCI –«nunca la Prestación Canaria de Inserción ha ofrecido tanta cobertura a las personas y familias en situación de vulnerabilidad social en nuestra tierra», recordó Santana– y el reconocimiento de que la protección es del todo insuficiente. En este sentido, y a raíz de la publicación del informe de la Fundación Foessa, el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, anunció que el Gobierno regional tomaba nota y preparaba medidas. La intención es «aumentar la base» de personas y hogares que cuentan con la ayuda pública de la PCI, el IMV o la futura renta canaria de ciudadanía.

En la actual legislatura ha habido cuatro reformas de la ley de servicios sociales, que se aprobó en el mandato anterior. Han podido hacerse con celeridad gracias a que el actual Gobierno ha estrenado la potestad para dictar decretos leyes, pero los cambios siguen siendo insuficientes. «Cabe señalar también la muy limitada cobertura que la prestación autonómica tiene con relación a la población diana a la que se dirige, es decir, con relación a la población en situación de pobreza severa; en ese sentido, las 20.181 personas beneficiarias apenas representan el 8,3% de las 241.380 personas en situación de pobreza severa», reza el informe de la Foessa, que en este caso toma como referencia la cifra de personas perceptoras en 2020 –y no la de hogares o familias– para ilustrar la explicación.

Emma Colao, presidenta de la Coordinadora de Acción Social de Canarias, explica que más allá de los parches en la ley y de los récords de beneficiarios –«es imposible vanagloriarse de esto», subraya–, la gestión del área de Derechos Sociales es «mala». «Si las políticas sociales siguen considerándose un gasto en vez de una inversión, si no hay una hoja de ruta para reconvertir los modelos sociales y eliminar barreras, también las barreras administrativas, entonces se perpetuará el actual modelo de dependencia continua y no se potenciará la autonomía; hay que cambiar el modelo de servicios sociales», reflexiona Colao.

Radiografía de la PCI y el IMV

POBREZA

¿Cuántas familias canarias están en situación de grave pobreza?

  • En la Comunidad Autónoma, según los cálculos de la Fundación para el Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada, la Fundación Foessa, hay un total de 179.000 familias en situación de pobreza ‘severa’ -grave-. Se trata de hogares con ingresos inferiores al 40% de la renta familiar mediana. La mediana de renta varía de un año a otro, pero en Canarias está en unos 6.000 euros anuales, unos 500 euros al mes en el caso de familias unipersonales y algo menos de 250 por persona en un hogar tipo de dos adultos y dos menores.

PCI

¿Cuántas familias cobran la Prestación Canaria de Inserción?

  • El número de hogares beneficiarios de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) está en máximos históricos, pero ello no obsta para que la cifra siga siendo casi testimonial en comparación con el elevadísimo número de familias en pobreza ‘severa’. En estos momentos percibe la PCI un total de, exactamente, 10.868 hogares, apenas un 6% de los 179.000 en grave crisis económica. Las cuantías de la PCI oscilan entre los 489,35 euros al mes para familias unipersonales y los 682,51 euros para los hogares de seis o más miembros, siendo esta la cuantía máxima en cualquier caso.

IMV

¿Cuántas familias cobran el Ingreso Mínimo Vital?

  • En el caso del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que es la renta básica del Estado, lo reciben en el Archipiélago unas 20.000 familias, con lo que alrededor de 30.000 hogares isleños están ‘protegidos’ bien por la PCI bien por el IMV. 

SIN PROTECCIÓN

¿Cuántos hogares en grave pobreza no cuentan con ayuda?

  • De los 179.000 hogares en pobreza ‘severa’, hasta 149.000, si se cruzan los datos del informe de la Foessa con los de los beneficiarios de la PCI y el IMV, sobreviven cada mes sin ninguna de las dos ayudas.


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