Coalición Canaria (CC) señaló ayer al Gobierno de Canarias como máximo responsable de que el Estado no defendiera en Bruselas excepcionar a las Islas del mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para grandes empresas, lo que calificaron como «un nuevo golpe al Régimen Económico y Fiscal» (REF).

La diputada nacionalista Rosa Dávila expuso que a «la falta de respeto constante del Gobierno de Pedro Sánchez al fuero canario hay que sumar la falta de trabajo del Gobierno de Ángel Víctor Torres, que está permitiendo que una y otra vez se vulneren los derechos de los canarios». Dávila apuntó que la aprobación de la nueva directiva europea podría «afectar de lleno a 20 empresas instaladas en el Archipiélago, que tienen detrás miles de empleos, y mermar la capacidad de atraer inversiones y crear empleo si el Gobierno de Canarias no actúa pronto y exige a Madrid una defensa firme para excepcionar a las Islas de esta directiva».

La diputada enfatizó, además, que «para las empresas es mucho más complicado establecerse en Canarias, y son precisamente las deducciones y beneficios fiscales recogidos en el REF, entre ellos una Zona Especial Canaria (ZEC) que tiene un 4% de tributación en el Impuesto de Sociedades, los que han permitido que se instalen en el Archipiélago, y esto ahora está en serio riesgo».

Dávila anunció que los nacionalistas canarios van «a exigir al Gobierno de Canarias que haga su trabajo y que exija al Ejecutivo de Sánchez la defensa de esa excepcionalidad», e insistió en que «estamos ante un atropello más del Estado a nuestro fuero, al que hay que sumar el de la fiscalidad a las producciones cinematográficas internacionales, su rechazo a ampliar la Reserva para Inversiones en Canarias o el reciente ataque al comercio triangular de la ZEC; y ante un ejemplo más de que el presidente canario, Ángel Víctor Torres, y el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, se han dormido en los laureles y no han hecho su trabajo», aseveró la representante de CC.

La diputada nacionalista calificó de «muy grave esta situación, que demuestra» –insistió– que «tenemos un Gobierno de Canarias que no dedica horas a trabajar por esta tierra y que baja la cabeza ante un Gobierno del Estado que no respeta los derechos de los canarios y canarias y que en este caso está generando una inseguridad jurídica para el tejido económico instalado en las Islas y pone cada vez más difícil atraer nuevas empresas que quieran instalarse en el Archipiélago atraídas por las ventajas fiscales». En este contexto, enfatizó que «los nacionalistas canarios trabajamos ya en iniciativas para corregir este nuevo varapalo y que la Comisión Europea excepcione a Canarias de la nueva directiva en la que trabaja en base al artículo 349 del TFUE y a los derechos fiscales históricos, que tendrían que ser defendidos por los Gobiernos de Canarias y España», subrayó.