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La Ley de Vivienda impedirá acceder a la propiedad a 5.000 familias

Coalición Canaria denuncia que la nueva norma imposibilita que los vecinos compren las viviendas donde residen en alquiler social

La nueva Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda, que se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados, impedirá a más de 5.000 familias canarias acceder a la propiedad de las viviendas sociales en las que residen desde hace años en régimen especial de alquiler. Así lo denunció ayer la diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, quien aseguró que su formación se ha posicionado en contra de esta normativa al considerar que vulnera el Estatuto de Autonomía y no aporta soluciones al problema de la vivienda. La ley «atenta contra la facultad de Canarias de definir y desarrollar una política de vivienda propia y adaptada a su singularidad territorial como Archipiélago y a la medida de las verdaderas necesidades de los canarios», resaltó Oramas.

A juicio de los nacionalistas, uno de los aspectos más lesivos que incluye la nueva norma y que puede tener una mayor incidencia en las Islas es el blindaje a los pisos de protección oficial al poner coto a la venta de vivienda protegida y que esta pase a manos privadas. Si el texto de la ley se aprueba tal y como salió del Consejo de Ministros solo permitirá su venta a precio libre en algunos casos muy limitado y primero habrá de haber pasado un periodo mínimo de 30 años. 

Una medida que busca evitar operaciones como la enajenación en el 2013 de casi 3.000 pisos de la Comunidad de Madrid a un fondo de inversión, pero que en el caso de Canarias, según los nacionalistas, también impedirá a 5.000 familias acceder a la titularidad de viviendas en las que han residido durante años, a pesar de que haya sido estipulado en el momento de la adjudicación. 

Oramas sostiene que la nueva normativa «no soluciona el problema de la falta de vivienda pública»

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La situación afecta a hogares repartidos por todo el Archipiélago pero que en su mayor parte se concentran en Tenerife y Gran Canaria y especialmente en Santa Cruz, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y Telde, donde se ubican la mayor parte de las promociones públicas. 

Solo en Tenerife más de 3.500 familias podrían encontrarse en esta situación tal y como detalló la diputada regional de CC, Socorro Beato. Esta nueva norma «impedirá a personas que llevan años en régimen de alquiler de vivienda protegida acceder a la propiedad». Una circunstancia que «siempre ha favorecido Canarias» y que supondrá un «duro mazazo» para muchas familias que residen en barrios como San Pío, Cuesta Piedra, Santa Clara, La Verdellada, Las Mantecas, Valle Colino, Valle Vinagre, Bajamar, Geneto y San Matías. 

Juan José Martínez, concejal delegado en materia de Vivienda en el Ayuntamiento de Santa Cruz, concretó que solo en la capital tinerfeña se verán afectadas 1.500 familias que residen en alguna vivienda del parque municipal. «Vecinos que tenían la perspectiva de acceder a estos inmuebles a los que ahora el Gobierno de España aniquila sus sueños», resaltó. 

Jonathan Domínguez, concejal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Laguna, añadió que la situación en el municipio es «dramática» ya que «cerca de 2.000 familias que tienen viviendas en alquiler verán mermado sus derechos», ya que tal y como explicó «estás viviendas fueron adjudicadas con una normativa que les permitía acceder a su propiedad después de una serie de años». Un paso que según consideró «puede significar para ellas salir de una situación de vulnerabilidad».

Entre los afectados están los vecinos de la primera fase de Las Chumberas. «Un caso sangrante ya que las nuevas viviendas que se están construyendo en esta zona no podrán pasar a manos de sus legítimos propietarios con esta nueva ley», insistió. 

Ante esta situación, Coalición Canaria presentará en el Congreso de los Diputados un total de 23 enmiendas para tratar de suprimir los artículos más lesivos de este proyecto de ley. Beato explicó que la norma «contiene una serie de directrices generales sobre política de vivienda que representan un claro dirigismo de la actuación de las comunidades y las corporaciones locales», contraviniendo la atribución de la competencia en materia de vivienda a las autonomías que incluye la Constitución. «Son éstas y no el Estado quienes pueden desarrollar una política propia, incluyendo el fomento y promoción de la construcción de viviendas, que son fundamentalmente el tipo de actuaciones públicas en las que se concreta la política de vivienda», recordó.

Por eso, Coalición Canaria promoverá una cascada de mociones en contra de la nueva normativa estatal de Vivienda en cabildos y ayuntamientos y además presentará una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento de Canarias para instar al Gobierno regional «a cumplir con la ley canaria favoreciendo el acceso a la propiedad de los arrendatarios». 

Pero la ineficacia de la norma no se queda aquí, según los nacionalistas. Oramas recalcó que la ley «no concreta ni aporta soluciones efectivas al problema de la falta de vivienda», pero tampoco impulsa mecanismos que incentiven la promoción y construcción de nuevos inmuebles que amplíen el actual parque público , ya de por si escaso. Además, insistió en que «protege la ocupación», un problema que en Canarias está presente incluso en las promociones públicas, y recoge medidas como la regulación de los precios del alquiler en aquellas zonas más tensionadas que «todos los expertos dicen que va a suponer la retirada de vivienda del mercado». 

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