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La Provincia - Diario de Las Palmas

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Empleo público

Las instituciones canarias se unen 'in extremis' para estabilizar a 55.000 interinos

Las plazas en abuso de temporalidad tienen que convocarse antes del 1 de junio, según establece la ley

Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno canario.

Las tres administraciones públicas canarias y los sindicatos se han sentado por primera vez en la misma mesa para adoptar criterios comunes en los procesos abiertos para estabilizar a los más de 30.000 empleados públicos interinos que trabajan para la Comunidad Autónoma, los siete cabildos y los 88 ayuntamientos canarios. A esta cifra hay que unir al personal docente y sanitario, lo que eleva la cifra a unos 55.000 trabajadores afectados, un 40% de los empleados públicos de las Islas.

La “voluntad” de los representantes de las instituciones públicas y de las centrales sindicales es llegar a acuerdos para que haya un mínimo de coordinación, ya que la constatación hasta ahora era que cada administración estaba desarrollando los procesos de forma diferente y se corre el riesgo de que haya impugnaciones y recursos de los afectados si hay diferentes criterios de una administración a otra. Otro problema es el trasvase de empleados entre administraciones al ser concursos de méritos y procesos selectivos abiertos.

Las instituciones canarias tiene poco más de un mes de plazo para publicar las convocatorias de las ofertas públicas de empleo (OPE) de estabilización, según el calendario que marca la ley 20/21 de reducción de la temporalidad en el empleo público. Sentadas las bases políticas, en los próximos días se sentarán los grupos de trabajo constituidos para pactar los criterios generales de las convocatorias.

En declaraciones a los periodistas, el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, ha comentado que en virtud de la nueva ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad las OPE deben estar convocadas antes del 1 de junio, las bases definidas antes del 31 de diciembre y el proceso culminado antes de que acabe 2024. Torres ha apuntado que salen de la reunión "muy contentos" porque hay un "compromiso compartido" de trabajar rápidamente cumpliendo con lo que la marca la ley para acabar con la "precariedad laboral y temporalidad excesiva". Ha dicho que el Gobierno va a respetar el marco jurídico y valoró que todas las administraciones y los sindicatos caminen "unidos" en la solución al problema, fomentando la "uniformidad" entre las instituciones a la hora de diseñar las bases, tanto del concurso como del concurso-oposición.

Tomás Pérez, alcalde de La Aldea y presidente de la comisión de administración pública y seguridad de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), ha destacado la apuesta por coordinar el trabajo entre las administraciones y los sindicatos y ha prometido que los ayuntamientos se van a "emplear fondo" porque tienen muchas temporalidad. "Hay que acabar con ella", ha indicado.

El representante de UGT, Francisco Bautista, ha señalado que la reunión es un primer paso para la estabilización "tan ansiada" y ha agregado que es importante que, además de los sindicatos, estén la Fecai y Fecam para llegar a un consenso sobre las bases mínimas que van a regir esa estabilización.

Según UGT, ahora se verifica con los 88 municipios cuáles son las plazas que podrían regularse y conocer de esta forma el número exacto en un plazo de un mes y medio en todas las administraciones públicas canarias.

Las plazas de Educación y Sanidad se estabilizarán en un proceso diferenciado del resto, tal y como establece la propia normativa.

El portavoz de Comisiones Obreras, Juan Miguel Suárez, ha reiterado que cerca de 30.000 empleados públicos de Canarias podrán tener más seguridad jurídica al regularizar y estabilizar sus plazas de trabajo, para lo que es necesario que se publique en plazo las respectivas plazas de empleo público.

El representante de CSIF, Francisco Martín, ha indicado que la ley no solo obliga a las administraciones a reducir las tasas de temporalidad sino que la estabilización es un derecho que hay que garantizar a los trabajadores para acabar con la precariedad económica y en derechos de este personal.

Según ha detallado, hay ayuntamientos en los que prácticamente todo su personal es temporal y laboral.

De media, el 30% del personal público está en abuso de temporalidad, porcentaje que se incrementa en Educación y Sanidad, ha comentado José Ángel Mascarell, representante de Sepca.

En concreto, en la Comunidad Autónoma hay unas 3.000 personas temporales, ha apostillado, cifra que se incrementa hasta las 10.000 si se tiene en cuenta el personal de cabildos y ayuntamientos.

No obstante, en Educación y Sanidad estos números son mucho mayores, si bien no ha podido ofrecer una cifra exacta.

El representante de Intersindical Canaria, Pedro Medina, ha señalado que espera que el Gobierno de Canarias mantenga la voluntad de resolver el problema que afecta a empleados públicos temporales, pues algunos de ellos llevan más de 25 años en el mismo puesto de trabajo.

De la Fecam, Tomás Pérez, ha esgrimido que los ayuntamientos en Canarias tienen "mucha temporalidad", y es necesario acabar con ella, tal y como marca la ley, que va a permitir dar estabilidad a los trabajadores y a las administraciones públicas, que podrán dar un mejor servicio a los ciudadanos.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha defendido la importancia de establecer mecanismos comunes ante procesos de consolidación de personal que hay que acometer tal y como marca la ley.

Antes del 1 de junio las ofertas de empleo público tienen que estar publicas, el 31 de diciembre las bases y el proceso tiene que estar terminado en diciembre de 2024, ha recordado Torres, quien ha explicado que la ley establece marcos temporales para acceder al empleo a través de concurso o concurso oposición.

Ha destacado la importancia de este proceso porque afecta a "miles y miles de personas" que están en la administración pública, al tiempo que ha hecho referencia al "compromiso compartido" de trabajar rápidamente de manera efectiva para dar respuesta a una situación de precariedad laboral.

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