La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda de Canarias ultima un decreto que permitirá a más de 7.400 familias adjudicatarias de una vivienda de protección oficial acceder a la propiedad de esa vivienda que ahora mismo es de titularidad pública.

Según informa el Gobierno regional en una nota de prensa, este decreto afectará a todas las viviendas calificadas como de protección oficial antes de 1996.

Al respecto, el consejero del área, Sebastián Franquis, ha afirmado afirma que este documento es totalmente compatible con el Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que se está tramitando actualmente en el Congreso, y por tanto no impide la adquisición de las viviendas que han cumplido ya los 30 años calificadas como de protección oficial.

"Este Gobierno, tal y como se comprometió a través del Pacto por la Vivienda Digna y en el Plan de Vivienda 2020-2025, posibilitará el acceso a la propiedad de unas viviendas que se encontraban en una situación de incertidumbre, una situación que Coalición Canaria no fue capaz de resolver cuando tenía capacidad para hacerlo y se había comprometido a ello", aseguró.

Mientras, el procedimiento para la transmisión de las viviendas se incluyó tanto en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 como en el Pacto Social y Político por el Derecho al Acceso a una Vivienda Digna en Canarias, por lo que es un compromiso del Gobierno de Canarias en materia de vivienda que se va a materializar en esta Legislatura.

Se prevé de igual modo que podrían acogerse 7.435 familias que ya han abonado al menos la mitad del precio de la vivienda que correspondería por sus casas a través de los alquileres que han ido abonando en estos años, y que fueron calificadas como protegidas antes de 1996.