Vender las viviendas de Visocan a los inquilinos que las habitan desde hace más de 25 años puede suponer un quebranto económico para la empresa pública de la Comunidad Autónoma si el precio de transmisión es inferior al precio de tasación del mercado. Por ello el Gobierno se vería obligado a compensar esta pérdida patrimonial con una inyección de fondos extra equivalente a la diferencia entre los dos precios porque, como sociedad mercantil, Visocan no puede por ley transmitir la propiedad de un inmueble por debajo de su valor contable. Es la primera vez que el Gobierno regional toma la decisión de facilitar el acceso a la propiedad de casas de Visocan.
El decreto que prepara la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda de medidas de acceso a la propiedad de viviendas protegidas establece como criterio general que los adjudicatarios de Visocan podrán acogerse al sistema de acceso a la propiedad "en las mismas condiciones" que las familias del parque público, pese a la diferencia entre unas -promoción privada- y otras -promoción pública-. El director gerente de Visocan, Víctor García, advierte que asimilar las casas de la empresa pública al resto de las promociones públicas supondría una diferencia entre el valor de transmisión y el valor de tasación, por lo que el "perjuicio" que se puede causar a la sociedad mercantil lo tendrá que sufragar el Gobierno con una partida presupuestaria. Las consecuencias negativas que argumenta el directivo de la empresa hacen referencia al sistema que regula el Ejecutivo en el decreto, por el cual los vecinos podrán acceder a la propiedad de los pisos si están al día en los alquileres ya que la Comunidad Autónoma bonifica o subvenciona hasta el 50% de la transmisión.
Las viviendas de Visocan afectadas por esta decisión del Ejecutivo son 2.912 pisos ubicados en los cuatro municipios más habitados de las Islas, es decir, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Telde. Una vez aprobado el decreto, se tendrá que definir la cuantía de la inyección de fondos que debe traspasar el Gobierno a la sociedad pública porque, según García, hay una "pérdida patrimonial" que debe cubrir el Ejecutivo para no descapitalizar la empresa y que no se deteriore su patrimonio, ya que de más de 6.000 viviendas que gestiona en la actualidad Visocan perdería casi la mitad cuando culmine el proceso iniciado ahora.
El argumento de la pérdida patrimonial ha sido siempre el utilizado por Visocan para mostrar sus reticencias al acceso a la propiedad de las familias que viven en estas promociones que tienen más de 25 años y por las que pagan una renta de alquiler. El director gerente de la sociedad lleva nueve años en el cargo y mantiene que vender las casas por debajo del precio de mercado no es posible porque Visocan se rige por la ley de sociedades pese a que el 100% de su capital social está participado por la Comunidad Autónoma. Los vecinos, organizados desde hace años en plataformas y juntas, y la dirección de la empresa han chocado siempre y los diferentes gobiernos no han podido solucionar esta problemática. Visocan entiende que solo por la vía de la financiación pública puede acceder a la transmisión de los pisos, mientras que las familias demandan que se les trate igual que al resto del parque público de viviendas y los alquileres que han pagado compensen parte del valor del acceso a la propiedad de las casas.
La actual redacción del decreto deja la puerta abierta a la opción de la transmisión de la propiedad en las mismas condiciones que el resto de las viviendas sociales y el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) "abonará el importe de la subvención a otorgar", según establece el proyecto de decreto, si bien matiza a continuación que esta subvención está condicionada "a la existencia de disponibilidades presupuestarias".
El director gerente de Visocan resalta que el decreto no deja lugar a dudas sobre la viabilidad de Visocan. Según el texto "en ningún caso la aplicación de este precepto podrá suponer un detrimento presupuestario o patrimonial para Visocan. A tal fin, el Instituto Canario de la Vivienda promoverá los instrumentos de colaboración pertinentes con la citada sociedad mercantil pública".
Moderado optimismo
El decreto que ultima el Gobierno para facilitar el acceso a la propiedad de 7.400 viviendas sociales, entre ellas las de Visocan, ha sido recibido con moderado optimismo por parte de los vecinos afectados. Mabel Fernández, portavoz de varias promociones de casas de la empresa pública en Telde, explica que solicitarán una reunión con la dirección de Visocan y con el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) para que aclaren algunos de los pormenores del texto, entre ellos la diferencia entre «subvención» y «bonificación» a la hora de distinguir el parque público general de las casas de Visocan y si la falta de disponibilidad presupuestaria puede paralizar o ralentizar el proceso de acceso a la propiedad. | R.A.D.
