La Comunidad Autónoma y el Estado cierran el contencioso sobre la deuda de carreteras diez años después de que el entonces Gobierno de Rajoy recortara de forma drástica la financiación del convenio y el Ejecutivo regional iniciara un pleito judicial que acabó en el Tribunal Supremo. Los dos gobiernos alcanzan un acuerdo político que evita volver de nuevo a los tribunales, por el cual el Gobierno central transferirá los 407 millones que adeuda a Canarias de obras no ejecutadas como consecuencia de aquellos recortes. La adenda al convenio vigente con la incorporación de estos fondos se firmará antes del verano y se devolverá en dos transferencias de 203 millones cada una en los años 2026 y 2027.
Frente a este avance en materia de carreteras las negociaciones con el Gobierno central siguen estancadas en la transferencia de la competencia en costas. El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, reconoció ayer que las dos administraciones mantienen sus diferencias en el anexo del decreto, en el que se especifican los medios materiales y humanos que se traspasan para que la Comunidad Autónoma ejerza la competencia de ordenación del litoral que le mandata el Estatuto. La estimación de que Canarias comience a ejercer las competencias a partir de julio se pone cuesta arriba y el propio Torres se está implicando en los contactos con el Ministerio para desbloquear las negociaciones.
Franquis asegura que hay capacidad para licitar y ejecutar las partidas de las vías hasta 2027
El jefe del Ejecutivo regional indicó que, aunque el objetivo es tener las competencias cuanto antes «no nos vamos a precipitar para sacar antes algo que debe ser mejorado». Torres reconoció que la intención era tener la competencia en julio pero «tener la mejor transferencia de esa competencia está por delante antes que correr para después tener que lamentarlo». Canarias no quiere que ocurra lo mismo que en Cataluña, donde la Generalitat se vio obligada a renegociar las transferencias porque con los medios traspasados no era suficiente para ejercer la competencia en su totalidad.
Ajustes en carreteras
Los ajustes realizados por el Gobierno central en el convenio de carreteras supusieron unos recortes de 860 millones, que alcanzan cerca de 1.000 millones con los intereses acumulados en estos años. El Ejecutivo regional puso de fondos propios 500 millones de euros para pagar obras que estaban en marcha y cuyo abono a las empresas constructoras no se podía demorar. La devolución de las obras ejecutadas con fondos autonómicos han ido por otra vía: primero como superávit para reducir la deuda y, posteriormente, el Ejecutivo canario logró que ese dinero se pudiese destinar a gasto corriente. Por el momento el Estado ha devuelto 300 millones en los presupuestos estatales de 2021 y 2022 y restan 238 millones más –con los intereses de demora– que están previsto consignar en las cuentas de 2023.
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, aseguró ayer que la Comunidad Autónoma tiene capacidad suficiente para gastar los 200 millones anuales que tiene el convenio de carreteras hasta 2027 y que se están redactando 28 proyectos de vías que, junto a las que están actualmente en construcción, serán las que se financien en estos años. «Canarias tiene ahora instrumentos a su alcance, con más de 28 proyectos que se están redactando y ejecutando. La mayoría de esos proyectos estarán listos a finales del año que viene y podremos planificar una inversión para los próximos años que superara los 1.600 millones», aseguró Franquis, que matizó que el convenio «no se alarga».
Torres pospone las transferencias de costas hasta que se limen las diferencias con el Ministerio
«Se habló mucho de carreteras en los últimos años, pero había pocos proyectos. No teníamos proyectos para licitar obra pública. En estos dos años hemos hecho una batería de proyectos para tener capacidad de licitar obra», dijo el consejero, que defendió la capacidad de su Consejería para licitar 800 millones en obras.
Certidumbre y certezas
El presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, y el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, valoraron el cierre del conflicto de carreteras tras una reunión de la comisión de seguimiento celebrada el miércoles en Madrid con los ministerios de Hacienda y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. «Los fondos van a generar empleo, dar certidumbre a las obras y certeza a los proyectos», concluyó el presidente del Ejecutivo, que se felicitó porque al final se haya resuelto el conflicto «entre administraciones» y se haya sepultado un contencioso que se ha alargado una década. Por su parte, Román Rodríguez indicó que «hemos recuperado 1.000 millones de euros en esta legislatura que eran de justicia, que había que concretar y que había que gestionar», y defendió que la prolongación de las negociaciones «no han dañado los intereses de Canarias» porque el dinero se incorporará en los periodos previstos, es decir, en los años 2026 y 2027.
Respecto a si van a ser capaces de llevar a cabo todas las actuaciones previstas en el anexo de obras del convenio, Rodríguez apuntó que «ni doblando la cantidad» da para el anexo de obras porque, cuando se aprobó, «se vendió un convenio pequeñito con muchas obras que no pueden financiar ni dándole 40 años atrás a la economía» ya que están previstas hasta 69 infraestructuras.
Multa de ocho millones por el ‘cero’ en La Palma
El Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto por el que se resuelve el procedimiento sancionador incoado a Unión Eléctrica de Canarias Generación SAU, por la comisión de infracciones administrativas muy graves previstas en la Ley del Sector Eléctrico, en relación con el incidente acaecido el 20 de marzo de 2018 en La Palma, que ocasionó un cero energético en la isla. Por este motivo, en la propuesta de resolución se propone la imposición de una multa de ocho millones de euros por la comisión de dos infracciones muy graves. Con fecha del 20 de marzo de 2018, a las 15.10 horas, se produjo el corte de suministro total en la isla de La Palma (cero eléctrico), que fue recuperándose a partir de las 15.58 horas, aunque solo alcanzó el suministro pleno a las 16.53 horas. Una de las infracciones consiste en el incumplimiento, por parte del titular de las instalaciones, de su obligación de mantenerlas en adecuadas condiciones de conservación e idoneidad técnica. La segunda infracción se cometió debido a la interrupción o suspensión del suministro sin que medien los requisitos legal o reglamentariamente establecidos. | R.A.D
