Nuevos y oscuros nubarrones se ciernen sobre el reciente acuerdo entre España y Marruecos para abrir una nueva etapa de relaciones a raíz del cambio de posición del Gobierno español sobre el conflicto del Sáhara Occidental. El escándalo del espionaje a miembros del Ejecutivo, entre ellos al mismo presidente, Pedro Sánchez, y las sospechas de que detrás de las escuchas a través del programa israelí Pegasus podría estar el gobierno marroquí suponen un punto de inflexión de gran relevancia sobre la valoración política y diplomática de ese acuerdo con Rabat.
Si ya desde el principio el Ejecutivo central, en realidad la parte socialista del mismo, se quedó completamente solo defendiendo la propuesta autonomista para la antigua colonia y fue acusado por la mayor parte de las restantes fuerzas políticas de ceder al “chantaje” marroquí, la nueva situación si Marruecos no despeja dudas sobre las escuchas pone en absoluta cuestión la legitimidad y validez política de dicho acuerdo, y la declaración conjunta de ambos gobiernos emitida tras la entrevista el pasado siete de abril entre Sánchez y el monarca alauí, Mohamend VI. Un acuerdo que, en teoría, tendría una gran repercusión en Canarias porque afectaría al control de la inmigración irregular hacia el Archipiélago desde las costas marroquíes, y abriría un proceso de negociación para delimitar los espacios marítimos entre ambos países en la fachada atlántica frente al Archipiélago.
De momento, el Ejecutivo central se mantiene sin responder a esas sospechas apelando a que el episodio de espionaje sobre el presidente y otros miembros del Gobierno, así como el que previamente se había conocido sobre dirigentes independentistas catalanes y vascos, está en estudio, al tiempo que pide que “no se hagan especulaciones” sobre su autoría. Se remite a las explicaciones que dará la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, mañana en la comisión de Gastos Reservados del Congreso, o la que el propio Gobierno pueda trasladar una vez concluida la investigación interna abierta al respecto. La ministra de Defensa, Margarita Robles, cuyo móvil también fue atacado por Pegasus y que mañana precisamente visita La Palma, reprendió ayer a las socios del Gobierno por “sembrar dudas” sobre el CNI pero no dio explicaciones sobre el espionaje.
Pero los datos que se van conociendo y las fechas en las que el teléfono de Sánchez sufrió el ataque del programa espía, robándole 2,6 gigas de información, apuntan claramente a Marruecos como posible autor del espionaje. De hecho, un informe sobre el programa informático israelí publicado por el diario británico The Guardian señala que más de 200 móviles españoles habrían sido seleccionados como objetivos de vigilancia por parte de un cliente de la compañía israelí NSO Group, propietaria del programa. Y que ese “cliente” es precisamente Marruecos, cuyo gobierno accedió al famoso programa espía israelí tras la normalización de relaciones diplomáticas entre Rabat y Tel Aviv bajo el patrocinio de Estados Unidos, y los acuerdos de cooperación militar, armamentísticos y de concesión de licencias petrolíferas a empresas israelíes en aguas marroquíes.
Se da la circunstancia de que, según ha desvelado el propio Gobierno español, las fechas en que el móvil del presidente fue contaminado por Pegasus coincidieron con algunos de los momentos más álgidos de la crisis entre los dos países por la invasión de más de 8.000 personas, la mayoría marroquíes y entre ellas más de 2.000 menores, de la frontera con Ceuta en mayo de 2021. El primer ataque al móvil de Sánchez fue el 18 de ese mes, el segundo de los dos días de la mencionada invasión del territorio ceutí claramente como maniobra de desestabilización en respuesta a la acogida por parte de España del secretario general del Frente Polisario, Brahim Galli, en un hospital de Logroño para ser tratado de covid, una acogida que no se comunicó a Rabat y que a la postre supuso poco después la salida del Gobierno de la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, a la que Marruecos responsabilizaba de la operación.
Reuniones condicionadas
El segundo jaqueo al móvil de Sánchez fue el 31 de mayo, el mismo día en que el gobierno marroquí reconocía que la crisis diplomática con España obedecía a la cuestión del Sáhara. Otra de las circunstancias que señalan al país vecino es que el propio móvil de González Laya fue contaminado por Pegasus en los días previos a la crisis, es decir, poco antes de que Marruecos descubriera la acogida española a Galli y abriera la crisis diplomática con España. Todos estos datos y la información difundida el martes por la prensa británica inciden en las sospechas sobre la posibilidad de que los servicios secretos de Marruecos puedan estar detrás del jaqueo a los móviles de Sánchez, las ministras de Exteriores y de Defensa o de los sesenta independentistas catalanes y vascos que ha abierto un crisis política entre el Gobierno y sus socios de investidura.
Este escenario de sospecha supone un duro golpe a un acuerdo entre Madrid y Rabat en el que, literalmente, se asegura que se busca “la construcción de una nueva etapa en su relación bilateral” basada en los “principios de transparencia, de respeto mutuo” y la aspiración de ambos países de “establecer una hoja de ruta duradera y ambiciosa”. El acuerdo, de 16 puntos, además del giro español sobre el Sáhara, crea o activas seis grupos de trabajo, dos de ellos estrechamente vinculados a Canarias como los mencionados sobre migraciones y aguas territoriales, este último también vinculado a la ubicación de las autorizaciones marroquíes para las prospecciones petrolíferas y su control medioambiental. El ‘caso Pegasus’ condicionará además la visita que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tiene previsto realizar a Canarias este mismo mes para explicar el acuerdo con Marruecos, y abre un interrogante sobre el ambiente en que se celebrará el viernes la primera reunión hispanomarroquí en materia de migraciones, o la ya anunciada, aunque sin fecha, sobre fronteras marítimas.
Cautela de las formaciones canarias
Este estado de sospecha sobre el escándalo de las escuchas telefónicas es acogido con mucha cautela por parte de las formaciones políticas canarias, que en general y de momento mantienen la misma actitud del Gobierno español de no dar confirmación oficiosa a cualquier posible implicación de Rabat. Los socialistas son obviamente quienes más énfasis ponen en evitar especulaciones. Algunos dirigentes consultados consideran que una operación de espionaje como el que se ha detectado “sería muy arriesgado para Marruecos” y confían en que la polémica no alcance a afectar al reciente acuerdo entre ambos países.
Desde el PP, el senador por Gran Canaria, Sergio Ramos, también se mantiene cauto y elude valorar “una situación sobre la que no tenemos información contrastada”, aunque señala que todo lo que rodea a estas escuchas “es suficientemente grave como para que Sánchez comparezca para dar explicaciones. En todo caso, cree que el “todo Gobierno, debe ser muy cauto en sus declaraciones”, en referencia a las insinuaciones que desde el socio minoritario del Ejecutivo, Unidas Podemos, se puedan hacer cilpando a Marruecos sin pruebas. “Si Marruecos se da por aludido sin pruebas, puede dar pie a una nueva crisis diplomática de consecuencias imprevisibles”, afirma.
El líder de CC, Fernando Clavijo, tambien escapa de la especulación y señala que “CC no va a contribuir a la marejada de titulares”, señalando que “no sabemos cómo va a afectar esto al acuerdo porque ni siquiera sabemos si es cierto o no”. Pero aprovecha para exigir "claridad, certezas y politica seria” al Ejecutivo central. “Para algunos este tema puede ser elemento de estrategia polítics pero para CC es un tema muy serio y creemos que no se está gestionando de forma correcta porque en materia de seguridad del Estado no compartimos que se discuta desde posiciones personales o posiciones políticas sin tener toda la información”.
Pedro Quevedo, de NC, por su lado, apunta que la cuestión del espionaje “no es nueva ni hay que ser hipócrita porque todos sabemos que es una práctica habitual” por parte de la mayoría de países, y que “es una herramienta legítima si se utiliza adecuadamente”. Pero partiendo del hecho de que Marruecos y España acaban de firmar el acuerdo de nuevas relaciones, señala que “si esas prácticas se producen entre países vecinos, aliados y amigos introduce una desconfianza que imposibilita relaciones de cordialidad como las que en este caso ambos países pretenden”. “Si no se despejan las sospechas, la desconfianza será permanente” algo que incidirá, asegura, sobre la “evidente hostilidad de Marruecos hacia los intereses de España” en asuntos sensibles para Canarias.
