Nuevo giro interno en el pacto de las flores. La elección de un modelo de gestión para la RTVC ha fracturado el cuatripartito dos veces en una semana. Primero se quedó sola Nueva Canarias (NC) y ahora es la Agrupación Socialista Gomera (ASG) la que rema en solitario. La Junta de Portavoces del Parlamento canario votó el lunes el inicio de la ponencia para definir el mandato marco del ente público, presentada por la portavoz del grupo Mixto, Vidina Espino, con la que PSOE, ASG y Podemos estuvieron de acuerdo, pese a que NC apuntó que el informe de la Audiencia de Cuentas sobre RTVC presentaba «deficiencias». El miércoles, solo 48 horas después de la votación, los cuatro grupos de Gobierno recularon y solicitaron por escrito a la Mesa de la Cámara un informe independiente que complemente al elaborado por el máximo órgano auditor de la Comunidad Autónoma.
El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, después de que esta petición se hiciera pública, negó haber dado su apoyo a la iniciativa y achaca a un «error interno» de su formación el hecho de que su rúbrica aparezca en el escrito registrado en el Parlamento regional. «He retirado mi firma», afirmó Curbelo, quien recalcó que «no hay nada más detrás, es solo fruto de un malentendido interno». Además de Curbelo, que ahora se desmarca, el documento lo rubrican Nayra Alemán, por el grupo Socialista, Luis Campos, por NC, y Manuel Marrero, por Sí Podemos.
En la petición que formulan a la Mesa de la Cámara destacan la necesidad de definir «todos los modelos existentes a nivel estatal de los servicios informativos de una televisión pública», asó como de analizar el «coste total de cada uno de los modelos». Por esto, solicitan que se encargue un nuevo informe externo y «que se suspenda el inicio de la ponencia para la aprobación de un mandato marco, hasta contar con dicho informe».
El portavoz de los socialistas gomeros apunta que en esta legislatura no se va a definir un modelo de la RTVC
El portavoz de ASG subrayó que no entiende que un día se llegue a un acuerdo y al día siguiente se diga lo contrario. «Debemos definir y aclarar este asunto de una vez por todas, porque estamos mareando demasiado las cosas», lamentó Curbelo y añadió que «de ninguna manera permitirá que la televisión pública corra el riesgo de no poder emitir e irse a negro». Además, reconoció estar cansado porque «se han dado muchos bandazos» en esta cuestión. A su juicio, la petición de nuevos informes es una fórmula para aplazar los trámites. «En esta legislatura no se va a definir nada, el proceso se dilatará hasta mayo del año que viene», afirmó Curbelo, quien defiende la elección de un modelo completamente público para RTVC, con medios propios. «Ahora es una televisión que emite, pero todo es contratado o alquilado», detalló el líder de los socialistas gomeros.
El objetivo del pleno del Parlamento es definir si la gestión de la RTVC debe ser pública, privada o mixta. Espino señaló que, según la Audiencia de Cuentas, la diferencia económica del coste de una televisión pública-privada o una televisión totalmente pública es de 800.000 euros. Una cantidad que, a su juicio, es «asumible», por lo que no entiende las «deficiencias» a las que se refiere NC y que ahora apoyan PSOE y Sí Podemos. Además, la portavoz del grupo Mixto destacó que los nacionalistas no presentaron alegaciones en el tiempo que la Mesa del Parlamento decidió admitir a trámite las conclusiones del informe, con un retraso de casi cuatro meses.
El año pasado también fracasó la elección de la Junta de Control del ente y el pleno del Parlamento de Canarias rechazó hasta en cuatro ocasiones a los candidatos propuestos por los distintos grupos parlamentarios. En ese momento, NC y Sí Podemos Canarias rehusaron el sistema de votación en bloque de los aspirantes, porque consideraban que «vulneraba los derechos elementales de los diputados». Sin embargo, los servicios jurídicos del Parlamento respaldaron el modelo de votación conjunta. Espino considera que se están poniendo obstáculos para que se pueda cumplir con la ley de la RTVC y para darle normalidad democrática al ente. Además, afirmó que sin la Junta de Control «el administrador único, Francisco Moreno, puede seguir manejando la televisión sin el control necesario».
La portavoz del grupo Mixto señaló que si en la próxima Junta de Portavoces sale adelante la votación en contra de la ponencia, quienes ahora solicitan un informe extra «habrán demostrado que no tienen ningún interés en cumplir la ley, ni en dar estabilidad a los trabajadores».
En comisión parlamentaria, Moreno señaló que ninguna empresa se había presentado al concurso para renovar los obsoletos equipos e instalaciones de la televisión canaria y lo achacó a la inseguridad jurídica existente por la falta de un mandato marco para definir el modelo televisivo. Ahora, si se aprueba el mandato marco y se opta por un modelo de televisión totalmente público, se tendría que paralizar ese concurso público que ya está en marcha por 58 millones de euros.
