El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, aclaró ayer que los fondos previstos para el convenio de carreteras entre el Estado y la Comunidad Autónoma no alcanzan para ejecutar los 69 proyectos incluidos en el acuerdo, que en principio estará vigente hasta 2027. Es más, el representante del Ejecutivo regional aseguró que es «imposible» sacar adelante esas 69 obras en la red viaria del Archipiélago con los 1.200 millones de euros arañados al Gobierno central.
El consejero negocia con Madrid asuntos «tan o más importantes» que el de los 407 millones
En respuesta a una pregunta del diputado y líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, el consejero reconoció sin ambages que una cosa es la lista de proyectos del convenio de carreteras y otra es el número de obras que en realidad se llevarán a cabo de aquí a 2027. Franquis ha explicado en más de una ocasión que los técnicos de su departamento han pisado a fondo el acelerador para tener preparados tantos proyectos como sea posible, pero lo que ocurre con el actual convenio con el Estado es una cuestión de dinero: aunque pueda parecer paradójico, el acuerdo entre Canarias y Madrid incluye más obras de las que se podrían costear con los fondos previstos en ese mismo acuerdo. De hecho, «es de sentido común», enfatizó el consejero, que la financiación destinada para el convenio de carreteras no alcanza para todos los trabajos. Así pues, al consejero no le quedará más remedio que volver a sentarse con el Gobierno de Pedro Sánchez para negociar un nuevo acuerdo que permita ejecutar los proyectos que de forma inevitable no saldrán adelante con el actual.
La advertencia de Franquis sirvió de alguna forma para enfriar la euforia entre los escaños del Ejecutivo y del cuatripartito por el pacto para destrabar 407 millones de la deuda histórica del Estado con la Comunidad Autónoma en materia de carreteras. En concreto, esos 407 millones corresponden a la suma prevista en su día para una serie de obras que no llegó a ejecutarse, ya que el entonces Gobierno del PP decidió en 2012 suspender el convenio vigente en aquel momento de forma unilateral.
«Es de sentido común», dice el socialista, que los fondos previstos son insuficientes
Tanto desde la bancada socialista como desde el grupo parlamentario nacionalista preguntaron al presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, sobre el acuerdo con Madrid para librar esos algo más de 400 millones de euros. El jefe del Gobierno isleño insistió en que previo paso por el Consejo de Ministros, el pacto se firmará antes de que acabe el año. El problema es que los diputados de Coalición Canaria (CC) no terminan de creérselo, y no tanto porque no se fíen de Torres o de su vicepresidente, Román Rodríguez, como porque no se fían del Gabinete de Pedro Sánchez. Por eso el presidente del grupo nacionalista, Pablo Rodríguez, espera que el Ejecutivo central «no les tome el pelo» ni a Torres, ni a Rodríguez, «ni a los canarios». Hasta que el acuerdo no se materialice –el presidente no apuntó ninguna posible fecha ni tampoco cuándo estará sobre la mesa del Consejo de Ministros–, el representante de CC no ve más que un anuncio para la «fanfarria» y la «alegría», un «florero» sin mayor utilidad. En esta línea, Rodríguez calificó de «inconcebible» que se anuncie un acuerdo de tanta importancia –al menos en términos cuantitativos– «sin que sepamos cuándo se va a materializar». «Que no nos tomen el pelo», repitió.
La presidenta de la bancada socialista, Nira Fierro, puso énfasis en que el acuerdo sobre los 407 millones es importante en lo político, ya que casi supone el carpetazo definitivo a un conflicto de diez años entre el Estado y la Comunidad Autónoma que incluso llegó a los tribunales, y sobre todo en lo material, toda vez que esos dineros permitirán sacar adelante 28 obras que «están en el horno y se ejecutarán en los próximos años». No obstante, el consejero Sebastián Franquis puntualizó que aunque los 407 millones en cuestión se han hecho pasar como el problema «en mayúsculas» del convenio de carreteras –del actual y de los que incumplió Madrid–, lo cierto es que hay asuntos por resolver «tanto o más importantes».
Al hilo de lo anterior, el responsable de las áreas de Obras Públicas, Transportes y Vivienda avanzó que en estos momentos está en conversaciones con el Gobierno central para resolver «algunas dificultades tan o más importantes». «Estamos intentando resolver, y lo anunciaremos en las próximas semanas, cuestiones de mucha dificultad, entre ellas la financiación y el futuro de las obras incluidas en el anexo», ahondó el consejero.
