La Consejería de Educación ya ha dado su conformidad a la Secretaría de Estado de Educación para el traspaso de los 700 docentes de Religión de infantil y primaria, a falta de concretar ahora los medios materiales y los fondos a transferir. La proposición no de ley (PNL) que se debatió ayer en el pleno del Parlamento se aprobó por unanimidad (56 votos), aunque no fue óbice para que los grupos de la oposición y los del Gobierno se cruzaran críticas sobre la tardanza en culminar un proceso que lleva nueve años enquistado por las discrepancias en torno a los medios, algo similar a lo que ocurre ahora con la competencia en costas, estancada desde hace varios meses por el mismo motivo.
Una de las intervenciones más llamativas del debate fue la del portavoz adjunto del grupo parlamentario del PP, Poli Suárez, que recogió el guante lanzado a través de este periódico por la diputada socialista Patricia Hernández, que señaló que la PNL se quedaba corta porque no hacía alusión al traspaso de los medios del personal administrativo y solo se refería a los docentes. Por ello, Suárez presentó durante su intervención una enmienda transaccional in voce para añadir en las negociaciones de la transferencia el coste de este personal.
Los grupos de la oposición recordaron que en 2013 era consejero de Educación del Ejecutivo regional el socialista José Miguel Pérez y viceconsejera la actual titular del departamento, Manuela de Armas. Sin embargo en aquel momento el Gobierno no aceptó el traspaso por la insuficiencia de medios.
La diputada de CC Beatriz Calzada señaló que no se trata de abrir un debate sobre si clases de Religión sí o no, sino de garantizar los derechos del profesorado de Infantil y Primaria de Canarias como del resto de otras materias que están incluidas en el currículum de estas etapas educativas.
Por su parte Carmen Hernández, de NC, destacó que se trata de una propuesta «justa y legítima» en la que el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación, ya ha estado trabajando para resolverlo, y añadió que sólo queda que se materialice cuanto antes para poner fin a un problema que lleva «enquistado» nueve años.
La parlamentaria Patricia Hernández señaló que el traspaso de este personal «está en capilla» y reprochó a la oposición que compare este asunto con las competencias en Costas y el Estatuto de Autonomía aprobado en 2018. En este sentido, indicó que Pérez y De Armas no asumieron en su momento las transferencias porque el Gobierno de entonces, del PP, no ofrecía los medios suficientes. Recordó que en la legislatura anterior Coalición Canaria y la consejera de Educación, Soledad Monzón, «no hicieron nada» por culminar el proceso.
