El Defensor del Pueblo alerta de las carencias registradas en algunos centros de la red de acogida humanitaria de Canarias donde se atiende a mujeres migrantes que llegan a las costas de las Islas de manera irregular, solas o con hijos a su cargo. Las condiciones de los recursos alojativos impiden que el personal detecte casos de especial vulnerabilidad por haber sido víctimas de trata, violación o mutilación genital. La resolución de este organismo, firmada por Patricia Bárcena, adjunta segunda del Defensor del Pueblo, determina que se abrirá de oficio una investigación por posible vulneración de derechos fundamentales, algo para lo que ya ha solicitado la colaboración del Ministerio de Inclusión, la Policía, la Fiscalía General del Estado y la Dirección General de Protección a la Infancia del Gobierno de Canarias.
Técnicos del Defensor del Pueblo visitaron de manera no anunciada en noviembre un total de cinco centros del Archipiélago tras recibir una queja por parte de los Secretariados de Migraciones de los dos obispados de Canarias, formulada en 2021 al detectar una serie de irregularidades en el Centro de Acogida Inmediata (CAI) de Tenerife, gestionado por Cruz Roja. Uno de los abogados que tramitó la queja ante el Defensor del Pueblo, David Melián, apunta que la respuesta que ofreció en su momento la ONG parecía salida «de un manual de buenas prácticas de acogida». Si bien Melián subraya que esta situación no responde a la actualidad, ya que en los últimos meses se ha reducido el número de mujeres acogidas en este centro, sí advierte de que un nuevo repunte podría derivar en las mismas deficiencias, entre las que destaca la falta de atención sanitaria y jurídica.
El informe subraya la falta de protocolos con enfoque de género y la poca celeridad del personal a la hora de localizar a las jóvenes que requieren protección internacional. Durante las visitas, los técnicos entrevistaron a numerosas mujeres que «presentaban indicadores de trata de seres humanos» y que requerían protección internacional. Sin embargo, lamentan que muy pocas habían iniciado una solicitud de asilo y ninguna había sido identificada como víctima de coacción o engaño por parte de las mafias. Melián apunta que impartiendo la formación necesaria, el personal de los centros estaría preparado para identificar esos indicadores que permiten determinar si una mujer ha sido víctima de trata, violaciones o mutilación genital. También constataron una presencia significativa de mujeres muy jóvenes, embarazadas o acompañadas de bebés y detectaron lagunas en los procedimiento de determinación de la edad. Los centros inspeccionados en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, apunta el informe, tienen condiciones «muy dispares» de instalaciones y de «capacitación del personal que presta servicio en ellos», pero expone las carencias manifestadas en términos genéricos, sin concretar en cuál de ellos se apreciaron esas deficiencias ni en qué grado.
Secuelas psicológicas en los niños
En el caso de los niños, la resolución advierte de la falta de atención psicológica especializada y adaptada a sus necesidades específicas para «detectar y atajar las potenciales secuelas de la dura travesía en frágiles embarcaciones, durante las que han podido presenciar situaciones de violencia y, en numerosas ocasiones, fallecimientos de otros integrantes de la embarcación». También apunta que no se habían iniciado los trámites para la inscripción en el Registro Civil de un «significativo número de menores» que no contaban con un registro de nacimiento, así como retrasos en la escolarización obligatoria.
Otro factor que hizo saltar las alarmas de los técnicos fue la falta de información internacional adaptada a la infancia, algo que les resultó especialmente preocupante «a la vista del número de niñas procedentes de países donde la mutilación genital continúa siendo una práctica muy extendida». Asimismo, subrayaron que cuando los resultados de las pruebas de ADN determinaban que la adulta que les acompañaba no era su progenitora, no se escuchaba al menor ni existía un procedimiento específico para garantizar que la decisión adoptada respondiera al interés superior de los menores.
Mejoras en los últimos meses
La llegada irregular de mujeres comenzó a despuntar en 2020, cuando el 5% de los migrantes que arribaban a las costas canarias eran féminas, una cifra que se incrementó hasta el 14% durante 2021. Cuatro de cada diez mujeres que llegaron el año pasado a las Islas procede de Costa de Marfil, mientras que el 30% son de Guinea Conakry y el 24% son camerunesas. Según los datos facilitados por Extranjería y Fronteras al Defensor del Pueblo, en 2021 llegaron al Archipiélago cerca de mil menores migrantes, lo que supone un «incremento significativo».
La mujeres migrantes recorren cientos de kilómetros y pasan por una dura travesía por mar para llegar a Canarias. La resolución del Defensor del Pueblo recuerda que tanto Acnur como la Organización Internacional para las Migraciones alertan en sus informes sobre la violencia sexual y de género que experimentan durante la ruta las mujeres y niñas migrantes, lo que hace necesaria una intervención específica para este colectivo en el sistema de acogida.
