La pandemia ha supuesto un paso atrás en el control de las infracciones urbanísticas y medioambientales. En los dos últimos años ha aumentado casi un 94% el número de expedientes abiertos por construcciones ilegales y también hay un repunte de los vertederos clandestinos de residuos y de los vertidos al mar. En el caso de las edificaciones fuera de ordenación el menor número de expedientes abierto en 20 años se logró en 2019, con 350 en el conjunto de las Islas. Dos años después esta cifra casi se duplica hasta alcanzar los 678 al cierre de 2021, según los datos oficiales. El auge de las reformas en las viviendas e inmuebles rurales que se vivió durante la pandemia provocó que muchos construyeran sin autorización, al existir cierta relajación por las restricciones y la alerta sanitaria y un incremento de las inspecciones.
Las vulneraciones de la Ley de Costas, los vertidos al mar, los residuos y la extracción de áridos son infracciones medioambientales que han ido aumentando con los años, en algunos casos con miles de expedientes abiertos por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural en colaboración con el Seprona de la Guardia Civil, la Policía Canaria y los agentes de Medio Ambiente. En 23 años desde que comenzó su actividad la Agencia dependiente de la Comunidad Autónoma ha abierto 22.747 expedientes por residuos y 20.012 por construcciones, mientras que por actividades no constructivas se han diligenciado 8.235 sanciones.
El director de la Agencia, Ángel Fariña, lamenta el repunte de los dos últimos años porque la pandemia provocó que hubiese «gente ociosa» que se dedicó a realizar reformas «y a ganar metros de suelo rústico sin ningún tipo de autorización» en forma de cuartos de aperos, ampliaciones de viviendas sin licencia o modificaciones del terreno. En 2021 se cursaron un total de 1.405 expedientes frente a los 1.072 de 2020 y los 941 de 2019, único año en que se bajó del millar de sanciones desde que funciona la Agencia. El año 2021 supuso retroceder a los niveles de 2018, en el que se cursaron 1.419 expedientes.
La isla más infractora en el acumulado desde 1999 es Gran Canaria con 17.649 expedientes, seguida de cerca por Tenerife, con 16.509. La tercera isla con más expedientes es La Palma, que supera a Fuerteventura y Lanzarote, con 6.153 sanciones. Gran Canaria es la primera isla en infracciones debido a que es el territorio donde se han abierto más expedientes por vertederos de residuos clandestinos, con un total de 7.493. Tenerife es la isla con más vulneraciones de construcciones ilegales, con 7.204 expedientes.
Fariña destaca que en los últimos años se ha realizado un especial esfuerzo en cerrar y sellar los llamados «vertederos inertes», hasta 47, que proliferaban en las Islas y provocaron un serio apercibimiento de sanción a España por parte de la Unión Europea. Hasta ahora se han sellado 12, aunque Fariña expresa su preocupación porque esta situación vuelva a repetirse en el futuro. Por ello la Agencia ha intensificado su colaboración con el Seprona y la Policía Canaria para detectar los vertidos de residuos en barrancos y laderas antes de que se conviertan en grandes vertederos sin control alguno.
Otro de los instrumentos que utiliza cada vez más la Agencia es Grafcan, empresa pública que cartografía el territorio. Fariña señala que se ha iniciado un proyecto piloto, mediante inteligencia artificial, que cuando se hacen los barridos de las islas con aviones o drones se detectan los residuos y no solo las alteraciones provocadas por las construcciones ilegales. De esta forma se agiliza la intervención de los agentes de Medio Ambiente antes de que el vertedero aumente y se puede abrir expediente con tiempo y comunicarlo al ayuntamiento donde se ubica.
Déficit crónico de personal y más necesidades
La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural cuenta actualmente con 112 trabajadores y debería estar sobre los 160 según la relación de puestos de trabajo (RPT) actual. Este déficit de personal que se arrastra desde hace años es aún mayor ante los nuevos retos que tiene este organismo autónomo de la Administración cuando entren en vigor las nuevas leyes de transición ecológica, biodiversidad y economía circular. Por eso está en proyecto modificar la relación de puestos e incrementar los efectivos de forma paulatina en los próximos años, una vez que culminen los procesos pendientes de concursos de traslado y estabilización del personal interino. Por ello la Agencia ha intensificado sus contactos con Seprona, Guardia Civil, Medio Ambiente y las corporaciones locales a fin de unir esfuerzos frente a las vulneraciones sobre el territorio. Ángel Fariña está empeñado desde que llegó a la Agencia en 2019 en que cada vez más ayuntamientos formen parte del consorcio del organismo ya que solo hay 23 municipios de los 88 totales.
