La Consejería de Obras Públicas renegocia el convenio de carreteras vigente para evitar que la Comunidad Autónoma tenga que asumir el coste de aquellas vías que no se puedan financiar con los fondos del Estado. El titular del área, Sebastián Franquis, aseguró este martes en el Parlamento que una cláusula firmada por el anterior Gobierno en 2018 vincula a la Administración autonómica para responsabilizarse de todas las obras del anexo del convenio que se queden sin presupuesto, que son un total de 69. Franquis advirtió que este escenario puede "hipotecar" al Ejecutivo porque actualmente hay comprometidas 18 vías cuyo gasto asciende a unos 950 millones de euros de los 1.200 millones incluidos en el acuerdo, que ahora se ampliará en 400 millones más tras el compromiso del Gobierno central de devolver la deuda contraída con Canarias por los recortes que impuso hace una década.
El titular de Obras Públicas criticó que "si no logramos cambiar esta cláusula estamos condenando a la Comunidad Autónoma a asumir prácticamente el 80% de las obras que quedan pendientes, estamos hablando de un volumen que superará con creces los 4.000 millones de euros, que es la cuantía necesaria para poder completar las 69 obras recogidas en el convenio". Es el punto cinco de la cláusula tercera del convenio la que refleja que sea la Administración autonómica la que asuma el exceso "si la suma de los costes de todas las actuaciones incluidas en el Anexo I superase el importe máximo fijado en este convenio". Franquis cuestionó la gestión del Gobierno anterior: "Alguien debería dar alguna explicación de por qué se firmó este convenio en esas circunstancias y con estas condiciones, conscientes de que era imposible asumir 69 actuaciones distintas".
El exconsejero de Obras Públicas y actual presidente del grupo nacionalista en el Parlamento, Pablo Rodríguez, acusa al consejero actual de "generar una polémica que no existe" ya que el convenio de carreteras y sus anexos se pueden modificar como ha sucedido con los convenios anteriores, mediante un acuerdo en la comisión bilateral de seguimiento o entre el Ministerio y el Gobierno regional. "No es nada nuevo que se acuerde una adenda donde se negocian nuevas cantidades o plurianualidades o se modifican las obras del anexo por múltiples circunstancias, es evidente que con 1.200 millones no se puede ejecutar 69 obras pero para eso está la comisión bilateral si es necesario como ha sucedido antes", añade Rodríguez.
El dirigente de CC recuerda que el convenio anterior, firmado en 2006, se cambió en 2009 con una adenda donde se reprogramaron obras e inversiones. Posteriormente fue cuando llegó la crisis económica y el Gobierno central de forma unilateral recortó el presupuesto del convenio y se generó la deuda que aún no se ha devuelto a la Comunidad Autónoma. Según Rodríguez Valido " en los anexos se ponen siempre todas las obras pero también los convenios son flexibles porque las prioridades cambian, hay obras que pueden tener problemas territoriales o medioambientales y hay que pararlas y otras que a lo mejor no eran prioritarias y después sí, las circunstancias van cambiando y el convenio hay que ir adaptándolo".
Sebastián Franquis informó de la negociación para cambiar esta cláusula en la comisión parlamentaria de Obras Públicas celebrada este martes. Estos cambios que se pretenden introducir se unen a la adenda que se quiere firmar con el Ministerio para incluir en los años 2026 y 2027 los 407 millones de la deuda que arrastra el Estado con Canarias desde que en 2012 empezaron los recortes al anterior convenio y que es financiación no ejecutada pero comprometida en esos años y que la Justicia terminó dando la razón a la Comunidad Autónoma en su pleito con el Estado. Asimismo, el consejero también señaló que otra cláusula del convenio deja sin cantidades asignadas los dos últimos años de vigencia y es por eso por lo que se incluyen 200 millones en cada ejercicio a través del pago de esta deuda.
