El comité de huelga del personal interino de la Administración General de la Comunidad Autónoma pide al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que paralice el decreto que aprobará mañana el Consejo de Gobierno de convocatoria de la oferta extraordinaria de estabilización, que afecta a más de 3.000 empleados públicos. La demanda presentada ayer reclama medidas cautelares que excluyan de los procesos de estabilización a las plazas en abuso de temporalidad, al considerar que no contemplan a todo el personal afectado y no se ha negociado con el comité de huelga en base al acuerdo firmado en abril del año pasado.
Los huelguistas denuncian al Gobierno regional por incumplimiento del acuerdo suscrito hace más de un año y, además, solicitan también al TSJC que eleven una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que sea este órgano el que aclare si la ley 20/21 de reducción de la temporalidad en el empleo público está acorde con la jurisprudencia europea.
En una nueva jornada de conflicto laboral, el comité de huelga acusa al Ejecutivo de aprobar un decreto que no cuenta con el consenso sindical ya que hay sindicatos que no están en la huelga pero no han votado a favor de la convocatoria de plazas aprobada por la Dirección General de Función Pública, como es el caso de CCOO y Sepca, además de Intersindical Canaria.
Los representantes de los huelguistas denuncian que el Gobierno canario ha dejado de seguir su hoja de ruta y se ha impuesto la de Madrid, a través de la ley estatal que entró en vigor el pasado diciembre y que obliga a convocar las plazas temporales para su estabilización antes del 1 de junio.
