Tiempo y mucho margen de maniobra en distintos frentes. Estos son los dos elementos con los que juega el Gobierno de Canarias para lograr que el Archipiélago quede al margen de la directiva comunitaria para la imposición en todo el territorio de la UE de un tipo mínimo del 15 % en el Impuesto de Sociedades (IS) a las grandes empresas con facturación de más de 750 millones, una medida que contradice el Régimen Económico y Fiscal (REF) de las Islas en relación a este tributo. El Ejecutivo regional asumió con cierto malestar las evasivas que a este respecto mostró el pasado miércoles en el Congreso la ministra de Hacienda al responder a una pregunta de la diputada de CC, Ana Oramas, sobre si España presentaría alegaciones para corregir esa parte de la directiva comunitaria, pero está convencido de que a la hora de la verdad el Estado dará la batalla para exceptuar a las Islas de su aplicación. Fuentes del Ejecutivo que preside Ángel Víctor Torres reconocen que la respuesta de Montero podría haber sido mucho más explícita y clara sobre la presentación de esa propuesta de corrección, pero consideran que su afirmación de que el Gobierno central “seguirá defendiendo que, a pesar de que queremos un consenso internacional sobre el 15 % en el IS (...) se tenga en cuenta esta especial sensibilidad con el fuero de Canarias y con todas las RUP” es suficientemente aclaratorio sobre su apuesta por la excepción isleña de la norma.
La clave está, según las fuentes consultadas, en que falta aún mucho tiempo para la transposición de esa directiva toda vez que, de hecho, hay varios países más que no la aceptan en los términos que está redactada, aunque hoy mismo el Parlamento Europeo aprobó la tramitación como ley de la propuesta de Bruselas contra la competencia desleal entre los países miembros por vía fiscal. Según la propuesta, ninguno de los Veintisiete podrá gravar con un tipo inferior al 15% los beneficios de las multinacionales, pero Canarias ha advertido que el REF dispone de herramientas que precisamente están previstas para atraer inversiones mediante una menor presión impositiva sobre los beneficios de la actividad productiva. Serían por tanto normativas contradictorias entre sí.
Hay varios países de la UE que tienen pensado exigir modificaciones de la directiva comunitaria
Desde el Ejecutivo regional se pone el énfasis en la apelación que hizo Montero, que respondía a una pregunta de la diputada de CC, Ana Oramas, a la “sensibilidad especial” que se reclamará a Bruselas sobre las singularidades canarias reconocidas en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento, pero incluso consideran que es muy posible que no haga falta llegar a una negociación a este respecto porque otros países de la UE, como Polonia, Suecia y Malta, entre otros, exigirán modificaciones. Además, el calendario y las tramitaciones para la aplicación de la directiva que finalmente se consensúe es muy amplio ya que se ha aplazado hasta enero de 2024.
La idea en estos momentos en la consejería de Hacienda del Gobierno regional es que el asunto se resolverá vía Bruselas, o más adelante vía Madrid, y que al haber más países con zonas más afectadas que Canarias, estos optarán por correcciones desde los ámbitos de sus propios Ejecutivos. Es en ese contexto en el que el Gobierno de España podría aducir las razones y argumentos para la excepción canaria, o junto a Francia y Portugal, la excepción en todas las RUP.
Calendario a favor
En todo caso, se da por hecho que los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) no aprobarán nada a este respecto en su próxima reunión y que el calendario para la puesta en marcha de una medida da clara ocasión a Canarias a hablar con el Gobierno central para establecer una estrategia conjunta. Las fuentes consultadas señalan que la batalla para excluir a Canarias del tipo mínimo del 15 en el IS y salvaguardar así el REF “tiene varios frentes” y que muy probablemente “la mejor manera de ganarla no es librarla ahora, sino a lo largo del tiempo que aún falta para que se apruebe y se ponga en marcha”.
Aunque desde la consejería de Román Rodríguez, también Vicepresidente del Ejecutivo de coalición, se asegura que “se está trabajando en varios niveles”, lo cierto es que no consta por ahora ningún contacto o encuentro entre los gobiernos regional y central, y tampoco hay nada al respecto en la agenda de los ministerios más implicados, Economía y Hacienda, para abordar el asunto. Sí es posible que se hable del asunto con el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, durante su visita a las Islas el próximo miércoles, aunque la misma está muy centrada en las explicaciones sobre los efectos en Canarias del reciente acuerdo con Marruecos para abrir una nueva etapa de relaciones entre ambos países.
En este marco, la oposición en Canarias y en Madrid aprieta a los respectivos gobiernos de coalición para que despeje las dudas, y considera que la intervención de Montero el miércoles en el Congreso no fue precisamente en ese sentido. CC, por ejemplo, a través de su diputada nacional, considera que Montero no se comprometió a hacer las gestiones necesarias para corregir la nueva directiva en lo que toca al IS, y que por ello el Ejecutivo de Pedro Sánchez “pone en riesgo” la preservación la fiscalidad singular canaria reconocida en el REF. Según CC, en las Islas hay en torno a 40 grandes empresas que se verían afectadas y que, con esa directiva, se “desalienta” a este tipo de sociedades a invertir en las Islas.
