Los portavoces de CC y PP en la Comisión parlamentaria de Sanidad, José Alberto Díaz Estébanez y Fernando Enseñat, respectivamente, fueron los únicos que lanzaron duras críticas a la gestión realizada por la Consejería de Sanidad en el caso de los casi cinco millones de euros entregados a una empresa para la adquisición de mascarillas y que, dos años después, no se ha recibido el material ni se ha podido recuperar el dinero.
El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, que todavía no había accedido a dicho cargo cuando se firmó el contrato con la sociedad mercantil RR7 United, aseguró que, hasta el momento, el Gobierno de Canarias ha realizado 10 intentos de embargo a la empresa, pero ninguna ha surtido efecto. En opinión de Trujillo, el Ejecutivo autónomo no acudió a un juzgado a denunciar el supuesto fraude porque su prioridad era, en un primer momento, obtener las mascarillas y, con posterioridad, reingresar el dinero abonado a dicha mercantil por adelantado.
En opinión de Enseñat, la comparecencia de Trujillo por iniciativa propia solo tiene por objetivo "tapar a su presidente", Ángel Víctor Torres, ante un próximo pleno. Entre otras cosas, el representante del PP preguntó: "¿Quién verificó la viabilidad de la operación?" desarrollada por una empresa de vehículos, que, según el diputado popular, carecía de "solvencia técnica y económica".
Entre otras cosas, Enseñat preguntó si existen más casos similares. Y la respuesta de Blas Trujillo fue que no, pues sólo ha habido problemas con la citada mercantil.
A juicio de Díaz Estébanez, una de las realidades incuestionables es que han desaparecido cuatro millones de euros, lo que atribuyó a "una terrible falta de control y eficacia", que se ha traducido en un presunto caso de estafa y en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción por un supuesto caso de prevaricación y malversación de fondos públicos.
Para el representante del Grupo Nacionalista, el asunto se ha conocido por la denuncia de un particular, por los procedimientos de reingreso iniciados, por la investigación del Ministerio Público y por el trabajo periodístico que destapó el asunto.
Díaz Estébanez admitió que el contrato con RR7 United se firmó después de que se destituyera a la anterior consejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval, y antes del nombramiento de Trujillo, cuando el departamento estaba bajo la responsabilidad del consejero de Presidencia, Julio Pérez, y de Antonio Olivera, actual viceconsejero de Presidencia.
Sin embargo, para el portavoz de CC-PNC, Trujillo sí es responsable del proceso de control y vigilancia de lo que ocurrió después de su nombramiento.
