El Consejo Económico y Social (CES) considera excesivo un plazo de dos años para que cabildos y ayuntamiento se adapten a la Ley de Economía Circular de Canarias, que está aún en fase de anteproyecto. Para el órgano parlamentario, que demanda un mayor protagonismo de la sociedad y las empresas, debería bastar un año desde la entrada en vigor de la norma definitiva para trasponerla a las «competencias en materia de residuos» de las entidades locales.

En el informe, el CES incide en los «578 kilos de residuos de media por persona y año» que se generan en Canarias. Eso sitúa a la comunidad autónoma como la tercera de España. Por eso, consideraciones jurídicas y administrativas al margen, apuesta por dar mayor relevancia al papel clave que desempeñan las empresas y la ciudadanía en la transición hacia la economía circular.

En esa misma línea, el Consejo «recomienda que se articule un espacio de colaboración público-privada, en el que puedan participar los agentes económicos y sociales más representativos e implicados en el impulso y desarrollo de este enfoque de aprovechamiento de los recursos».

Por ejemplo, en lo que respecta a los ciudadanos, propone fomentar «las compras verdes, es decir, la adquisición de productos que ayuden a conservar los recursos naturales, ahorren energía y eviten la generación de residuos».

Además, el dictamen sugiere aprovechar la ley para perseguir nuevos objetivos, como el «fortalecimiento del sector agroalimentario y la promoción de la actividad empresarial relacionada con la bioeconomía de alto valor añadido». En otras palabras, para atraer empresas capaces de transformar «los recursos biológicos renovables y los residuos en bioproductos y bioenergía».

El CES también atiende a la oportunidad de generar empleo que se abre y propone «incentivar la formación con compromiso de empleabilidad para que los trabajadores puedan adaptar sus capacidades y habilidades ante los retos ambientales». El objetivo es garantizar una transición justa y la creación de puestos de trabajo de calidad.