El diputado del Común, Rafael Yanes, destacó el mal funcionamiento en Canarias de la Administración de la Seguridad Social durante su intervención en la comisión parlamentaria celebrada ayer, en la que presentó el informe de la Diputación del Común de 2021. «Tienen un teléfono que no contesta y que, cuando lo hace, te da una cita en una isla diferente a la de la residencia del peticionario», aclaró Yanes, quien recordó que, hasta el 2011, el Estado tenía una reserva de plazas de trabajadores para lugares como Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, pero la suprimió. Por esa razón, el Archipiélago «ha visto disminuir el número de efectivos de la Administración General del Estado y es necesario, cuanto antes, reponer esas plazas para una adecuada atención», señaló Yanes y aclaró que la Seguridad Social lleva a cabo trámites como las pensiones de viudedad, orfandad o de incapacidad laboral. Además, aseguró que las quejas por el trato de esta administración creció un 96% en 2021, con respecto al año anterior. Para el diputado del Común, «ese porcentaje es síntoma claro del crecimiento del malestar de la ciudadanía canaria con la Seguridad Social, que pasa por una situación inaceptable».
Yanes explicó ante la comisión parlamentaria de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad que «resulta inadmisible» que los ciudadanos tengan que esperar en la calle «de pie, al sol o bajo la lluvia», puesto que solo se autoriza la entrada «de uno en uno». «No se comprende, cuando entramos todos juntos al supermercado, al restaurante y a cualquier establecimiento», apuntó Yanes.
Desde la Diputación del Común también lamentan que no haya más atención «de persona a persona» en las consultas de los ciudadanos por teléfono a las administraciones. «Cuando uno llama por teléfono a una administración pública debe contestar una persona y no una máquina, que dice que se marque el uno, el dos, el tres, el cuatro o el cinco para los diferentes departamentos, en un laberinto burocrático en el que la mayoría se pierde», aseguró Yanes después de la citada comisión. Para el diputado del Común, es necesario que la atención telefónica sea «personalizada».
Entre otras cosas, el diputado del Común aseguró que el próximo jueves entregará al Parlamento un informe específico sobre Dependencia, en el que se incluyen datos sobre la realidad de la Comunidad Autónoma y una batería de propuestas para mejorar la situación de este problema social en Canarias. «Estoy ilusionado en que ese documento sea un punto de inflexión, después del cual va a mejorar de forma clara la dependencia» en las Islas, manifestó.
Yanes señaló que varios diputados en la comisión parlamentaria hicieron hincapié en la carencia de medios humanos y materiales en distintas consejerías. Así, indicó que en el área de Derechos Sociales «no solo dependencia tiene una demora muy importante» en la resolución de informes, «también la tiene la Prestación Canaria de Inserción (PCI), las pensiones no contributivas o los reconocimientos de grado de dependencia; todos estos expedientes tienen un plazo oficialmente establecido, pero en el caso de Canarias se multiplica por tres, por cuatro, por ocho veces» ese periodo.
En el informe anual del 2021 se aprecia que la personas que acuden a la Diputación del Común para exponer sus problemas con la Administración se han duplicado a lo largo de los últimos cuatro años. «Este año hemos gestionado 5.099 expedientes: 3.671 del ejercicio 2021 y 1.428 de años anteriores», aclaró Yanes.
La pandemia desembocó en graves dificultades de la población para acceder a la Administración Pública, lo que originó un gran volumen de reclamaciones durante el 2021. La Diputación del Común reforzó el servicio telefónico con el número gratuito 900 928 922, que recibió más de 10.000 llamadas. Además, modernizó su página web para facilitar la interposición de quejas a través de la misma y con firma manual. Por islas, los ciudadanos de La Palma son los que más acuden a la Diputación del Común en relación a sus habitantes, pues triplican los datos de Gran Canaria. Además, los niveles de participación de Lanzarote y Fuerteventura crecieron un 35% y un 57%, respectivamente.
La dependencia y la discapacidad concentraron un 27% de las quejas ciudadanas en el pasado ejercicio. Las protestas por desahucios en el 2021 duplicaron las contabilizadas en el año anterior. Además, se hizo especial hincapié en las quejas por la Sanidad Pública y en las listas de espera para ser atendidos por el personal médico especialista. «Tardamos una media de 118 días para ser atendidos por un médico especialista, y de 144 para las operaciones quirúrgicas», señaló Yanes, quien apuntó que «hemos terminado el año con más de 30.000 pacientes en lista de espera, una cifra muy superior a la media por habitante del país».
