El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se mostró este martes seguro de que el transporte interinsular aéreo y marítimo quedará exceptuado del impuesto al queroseno que quiere implantar Bruselas para penalizar el uso de combustibles fósiles e incentivar la descarbonización de las aerolíneas. Una tasa que para el Archipiélago supondrá un encarecimiento notable de los precios de los billetes de avión y del transporte de mercancías, que condicionará la movilidad entre las diferentes islas y también entre la región y el continente europeo.
Torres garantizó en el pleno del Parlamento regional que los vuelos entre islas quedarán al margen de esta normativa al menos hasta 2030 –tal y como ocurrirá con los trayectos entre el Archipiélago y la Península– pero no así los que conectan Canarias con otros países y que son vitales para el desarrollo del turismo, el principal sector económico.
El presidente canario confía así en el compromiso arrancado a la comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, en la Conferencia Ministerial de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea (UE), celebrada recientemente en Martinica. Un compromiso importante para hacer valer en Bruselas la posición de Canarias, revalidada por las nueve RUP, pero que no supone la resolución definitiva.
Aún así, Torres dio por hecho que los vuelos interinsulares quedarán excluidos gracias a la aplicación de una directiva comunitaria de 2008 y aseguró que ahora queda «lo más difícil» conseguir que los vuelos entre Canarias y cualquier país del mundo también lo sean. «Hasta el último día lo vamos a intentar salvar», resaltó.
No hacerlo supondría un desastre para el Archipiélago. Fue el propio Torres quien advirtió hace dos semanas que las Islas no tendrían futuro si no se las exceptuaba del cumplimiento estricto de la estrategia de la UE hacia la sostenibilidad, que incluye un paquete de medidas para tratar de reducir en un 55% las emisiones de dióxido de carbono en 2030. Entre las medidas se encuentra esta tasa al queroseno y la imposición de una cuota mínima de biocombustibles, que supone un aumento de los costes para las aerolíneas y navieras y, por lo tanto, un riesgo para la conectividad de Canarias.
La amenaza es que los billetes de avión interinsulares puedan encarecerse hasta un 50%, tal y como han alertado las propias aerolíneas. Precios que en el caso de los trayectos entre las Islas y el resto de países podrían llegar a duplicarse, con el consiguiente perjuicio para la industria turística en el Archipiélago, ya que los visitantes que llegan aquí a pasar sus vacaciones lo hacen en avión de forma muy mayoritaria.
Los efectos que puede tener la imposición del impuesto verde centró también buena parte del debate durante la comparencia del consejero de Hacienda y Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, para dar cuenta de su viaje a Bruselas. El también vicepresidente del Gobierno regional aseguró que se trata de un asunto de enorme complejidad, ya que la lucha contra la descarbonización es una tarea inaplazable para la humanidad y por lo tanto debe estar en la agenda. Por lo que abogó por buscar «mecanismos compensatorios» para tratar de paliar el daño que puede producir en las Islas, sobre todo en el caso de las conexiones con otros países, ya que parece que los vuelos nacionales e interinsulares pueden quedar exceptuados.
Sin embargo, sus explicaciones no aplacaron a los grupos de la oposición que se quejaron del pasotismo del Gobierno canario y del Ejecutivo nacional para lograr que el Archipiélago quedara exceptuado.
Así lo expresó la diputada nacionalista Rosa Dávila, que se quejó de que España no haya remitido ningún documento que defendiera la singularidad de las Islas, donde no es solo esencial excluir a las conexiones locales sino también las que existen con terceros países. Y aún así, «a usted no le tiembla ni un tornillo de su sillón mientras sigue apoyando a un Gobierno que no hace valer nuestras singularidades», le espetó.
Para el diputado del Partido Popular Fernando Enseñat el viaje del vicepresidente a Bruselas ha tenido un balance «decepcionante» ya que no ha aportado ninguna solución a los problemas que Canarias debe resolver en la capital de la UE. En especial, Enseñat señaló a la aplicación de la tasa verde que calificó como «un castigo» a la movilidad de los canarios y al abastecimiento de esta región. Un impuesto que aseguró «remata» a la industria turística, que ya sabe lo que pasa cuando se produce un cero en la actividad, como ha ocurrido a raíz de la pandemia.
