Más de 3.200 entidades privadas y empresas recibieron el año pasado subvenciones públicas principalmente por el aumento de las ayudas para superar la crisis derivada por la covid. El comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán, afirmó hoy miércoles en el pleno del Parlamento que el 31 de mayo comienza la nueva evaluación del nivel de transparencia de las administraciones y de las entidades privadas que reciben fondos públicos, y va a emplazar a esas más de 3.200 sociedades, frente a las 706 de 2020, a que comuniquen en qué se han gastado los recursos públicos, que, según explicó, ascienden a más de 1.300 millones de euros por la inyección de fondos de recuperación por la pandemia.
Cerdán resaltó en la Cámara canaria, donde dio cuenta del informe de 2019 y el avance de los de 2020 y 2021, que, por ahora, van a pedir información sobre las ayudas dadas por el Gobierno canario, los cabildos y los cuatro principales ayuntamientos de Canarias. Recalcó que el año pasado pasaron de entre 30 a 40 perceptores que recibían más de un millon de euros de subvenciones, a más de 200 entidades privadas que rondaron esta cantidad por los fondos covid y "hay varias decenas de empresas que han recibido más de cinco millones de ayudas públicas", expuso. Por ello remarcó que "algo tienen que informar al conjunto de la ciudadanía" de cómo ha sido el uso de estos recursos.
En 2021 se invitó a participar a 706 entidades privadas que habían sido subvencionadas en el año 2020 tanto por el Gobierno de Canarias como por los cabildos con más de 60.000 euros anuales y que, en global, percibieron ayudas o subvenciones públicas por un total de 239,5 millones de euros. De ellas, presentaron su declaración de transparencia 579, el 82%. La media de sus puntuaciones en los parámetros de transparencia fue de 4,83 puntos, casi un punto más que en la evaluación anterior, rozando la nota de aprobado.
Este año emplazarán por tanto a más de 3.200 empresas y entidades privadas. Otra de las actividades que anunció que van a realizar es la recomendación de que las administraciones hagan constar en las convocatorias y concesiones de subvenciones que las entidades beneficiarias tienen obligación de publicar información relativa a la publicidad activa y a la gestión de los fondos públicos recibidos.
En 2021, el Comisionado de Transparencia de Canarias gestionó 1.966 expedientes de derecho de acceso a la información y evaluación de portales de transparencia, un 55 % más de expedientes administrativos que en 2020. En total, 4.946 expedientes administrativos abordados desde 2015. Por primera vez en seis años, la puntuación media en el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) de las 347 entidades de todas las instituciones canarias superó el notable, al situarse en 7,7 puntos.
Silencio administrativo
No obstante, Daniel Cerdán, y la mayoría de los partidos políticos con representación en el Parlamento de Canarias criticaron el silencio administrativo que reciben los ciudadanos cuando piden información a las instituciones, forma de actuar que aumentó en el año 2019.
Afirmó que el silencio administrativo, motivo del 80% de las reclamaciones de la ciudadanía, "no es un despiste", dijo, y señaló que negar información a los ciudadanos es incumplir. "Incumplir es no dar una explicación aunque sea de cinco líneas", expresó el Comisionado de Transparencia, quien ha esgrimido que el silencio desinforma y es "una gran vacuna contra la verdad a combatir".
Avanzó que se ha iniciado un programa de derecho de acceso a la información con el fin de revisar los procedimientos coercitivos en la futura ley de gobierno abierto que, a su juicio, será la gran reforma de transparencia en Canarias.
Según el informe al que hizo referencia en su intervención en el Parlamento, la proporción de preguntas sin respuesta aumenta ligeramente con respecto al informe anterior: el 12,39 % de las 2.970 solicitudes quedaron pendientes por silencio administrativo, mientras que en 2018 representaban el 11,06 %.
El silencio administrativo se produce cuando una entidad no resuelve una solicitud en el plazo máximo de un mes, no obstante, como las solicitudes desestimadas por silencio administrativo se deben atender, aunque haya transcurrido el tiempo legal previsto para ello, se entiende que esas solicitudes están pendientes de resolución fuera de plazo y, por tanto, deben incluirse en el total de solicitudes a resolver hasta que se tramiten.
