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La Provincia - Diario de Las Palmas

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El Estado asumirá en un nuevo convenio el coste de las carreteras pendientes del actual

La ministra de Transportes asegura que financiaría todo el anexo de 69 obras firmado en 2018 y valorado en más de 4.000 millones

La ministra Raquel Sánchez junto a Ángel Víctor Torres y Sebastián Franquis Carsten W. Lauritsen

Las nuevas dudas surgidas en las últimas semanas en torno al desarrollo y ejecución del convenio de carreteras entre el Estado y el Gobierno de Canarias parecían empezar a despejarse este jueves tras la aclaración realizada por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, señalando la disposición de su departamento a asumir el sobrecoste de las obras del actual plan viario, e incluir en un próximo convenio a partir de 2027 todas las obras del actual que no se puedan hacer antes de esa fecha. Sánchez, en declaraciones a la cadena Radio Club Tenerife, aseguró que si el Gobierno canario no puede asumir los nuevos costes van a “formalizar” un nuevo convenio que incluya ese sobrecoste del actual, valorado en 1.607 millones pero con una planificación de obras por importe superior a los 4.000 millones.

“Ampliamos la vigencia del convenio hasta el 2027. Eso va a permitir incluir la ejecución de las obras que había previstas, va a poder permitir también que se puedan asumir los sobrecostes y, en el caso de que este convenio no permita asumir los sobrecostes, se abre la puerta a que pueda haber un nuevo convenio cuando acabe la vigencia de este”, afirmó ayer la ministra. La titular de Transportes explicaba que en su reciente visita a Tenerife había podido “constatar la sensación de agravio que existe en Canarias sobre el estado de las carreteras y sobre las necesarias mejoras que se tienen que abordar”, y enfatizó en su compromiso para superar esta situación.

Pablo Rodríguez critica que Franquis haya “generado un problema que no existe”; asegura que las modificaciones y actualizaciones de los convenios y sus anexos han sido habituales a lo largo del desarrollo de los mismos

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La ministra aseguró que el Ejecutivo estatal se quiere centrar “en las cosas importantes, en solucionar controversias y conflictos” y que es eso lo que ha hecho, por ejemplo, para tratar de superar también el conflicto sobre la aplicación de la adenda del actual convenio en la que se reconocía por parte del Estado una deuda de 407 millones, y cuyo abono por parte del ministerio se hará a través de una prolongación del mismo en dos años, hasta diciembre de 2027. Con ello, aseguró Sánchez, se pone “punto final” al plan viario en vigor, que estaba “judicializado” y que ha supuesto un pleito entre ambas administraciones que duraba ya 10 años.

Esta aclaración por parte de la ministra responde a la reclamación del Gobierno regional y del consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, de modificar la clausula firmada por el anterior Gobierno en 2018 que vincula a la Administración autonómica para responsabilizarse de todas las obras del anexo del convenio que se queden sin presupuesto, que son un total de 69. Franquis advirtió la semana pasada en el Parlamento de Canarias que este escenario podría “hipotecar” al Ejecutivo porque actualmente hay comprometidas 18 vías cuyo gasto asciende a unos 950 millones de euros de los 1.200 millones incluidos en el acuerdo, que ahora se ampliará en esos 407 de la adenda millones más tras el compromiso del Gobierno central de devolver la deuda contraída con Canarias por los recortes que impuso hace una década.

El titular de Obras Públicas alertaba en este sentido que “si no logramos cambiar esta cláusula estamos condenando a la Comunidad Autónoma a asumir prácticamente el 80% de las obras que quedan pendientes, estamos hablando de un volumen que superará con creces los 4.000 millones de euros, que es la cuantía necesaria para poder completar las 69 obras recogidas en el convenio». El punto cinco de la cláusula tercera del convenio es la refleja que sea la Administración autonómica la que asuma el exceso “si la suma de los costes de todas las actuaciones incluidas en el Anexo I superase el importe máximo fijado en este convenio”.

Las explicaciones del jueves por parte de la ministra da a entender que asume la modificación de dicha cláusula para que sea el Estado el que asuma ese sobrecoste, así como la financiación de todas las obras no ejecutadas, eso sí, a través de la firma de un nuevo documento y un nuevo anexo de proyectos. “Lo fundamental es que en el futuro, toda obra que no se financiara con el actual convenio, lo pueda asumir el Estado. La cláusula nos planteaba un escenario inviable, porque hay comprometidos 931 millones de los 1.200 y solo había capacidad para poco más de 200 millones”, resaltaba ayer el consejero antes de conocer las declaraciones de la ministra.

“Ya le hemos planteado al Gobierno durante la negociación para el pago de la adenda que hay que modificar esa cláusula, que el Gobierno es consciente y estamos en vías de solución, y cuando se firme la adenda definitiva, que previsiblemente será en julio, poder modificar esa cláusula y por tanto poder garantizar que ese sobrecoste se pueda financiar con el convenio actual”, añadía Franquis. Lo que de momento no han despejado ninguna de ambas partes es si la modificación de la cláusula en cuestión tendrá que ser previa o paralela a la firma definitiva de la nueva adenda, según el consejero previsiblemente en julio, o en todo caso antes de la finalización del tiempo en que la misma alarga el convenio en vigor, diciembre de 2027, en cuyo caso tendrían aún un margen de tiempo de más de cinco años para hacerlo.

Sobre esta cuestión, el anterior responsable de la consejería con un gobierno de CC y firmante en 2018 del convenio en vigor. Pablo Rodríguez, critica que Franquis haya “generado un problema que no existe” y considera que las modificaciones y actualizaciones de los convenios y sus anexos han sido habituales a lo largo del desarrollo de los mismos. El hecho de que la ministra asumiera ayer esa posibilidad a pesar de la cláusula sobre la que advirtió Franquis vendría a confirmar que en el convenio actual se daba por hecho que con los 1.200 millones previstos no se podrían financiar las 69 obras que recogía el Anexo, y que sería necesario reprogramar proyectos y anualidades en función de su desarrollo.

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