Los problemas de salud del exmagistrado Salvador Alba no suponen un impedimento para ingresar en prisión y empezar a cumplir los seis años y medio de condena que le impuso el Tribunal Supremo como autor de los delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental. El juez manipuló una instrucción con el objetivo de perjudicar a la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, cuando esta era diputada en el Congreso en las filas de Podemos.

Alba, para quien se ha solicitado al Consejo de Ministros su indulto, alegaba que el tratamiento de sus actuales patologías eran incompatibles con el encarcelamiento, pero el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife, organismo comisionado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), echa por tierra la excusa: «no ve impedimentos» para el ingreso en prisión.

La forense que reconoció a Alba, después de que este recusara a la primera perito judicial que le examinó en la provincia de Las Palmas, concluye que sus patologías «no impiden que el hoy ex magistrado pueda ingresar en un centro penitenciario».

«No se objetivan contraindicaciones que impidan [a Salvador Alba] llevar a cabo su tratamiento en un centro penitenciario donde, además, se podrá realizar un control y supervisión estrechos de dicho tratamiento y del estado clínico del condenado por parte del propio personal médico y sanitario del centro», señala el peritaje.

El informe apunta, además, que «no» se objetivan enfermedades «graves y con padecimientos incurables que contraindiquen» el ingreso del ex juez en un centro penitenciario.

La Sala de lo Penal del TSJC, que el jueves recibió el informe del IML, dio traslado «de inmediato» al fiscal y a las demás partes personadas en la ejecutoria de la condena, otorgándoles un plazo de tres días para que informen sobre la misma.