Ximo Puig olvida a Canarias en el plan del PSOE para descentralizar el Estado

La pugna entre comunidades autónomas por hacerse con una parte del pastel de la ubicación territorial de los organismos estatales ha comenzado ya en el contexto del debate abierto por el actual Gobierno de Pedro Sánchez para una mayor descentralización de las sedes de entidades oficiales. Cuando todavía está en proceso de estudio la norma con la que el Ejecutivo central quiere llevar hasta los distintos territorios los organismos de nueva creación y evitar una concentración en Madrid de sus respectivas sedes, los gobiernos regionales empiezan a mover ficha para reclamar para sí algunas de estas entidades, o incluso aquellas que ya están consolidadas en la capital del Estado y sobre las que, en principio, el Ministerio de Política Territorial, responsable de este proceso, se niega a hacer cambios.

Canarias aspira a hacerse con alguna de las sedes de los entes en proyecto, como sería el caso de la Agencia Espacial Española, pero también apoya la reubicación de las ya existentes y reclama el traslado a la comunidad autónoma del Instituto Geográfico Nacional (IGN) como entidad responsable de la investigación y gestión vulcanológica. Tiene además solicitada la oficina central de la Agencia Europea de Turismo en el marco de UE.

Pero las Islas no parecen contar con el apoyo previo de algunos territorios, o al menos con el de una de las comunidades autónomas más activas en pro de la descentralización de sedes como es el caso de la Comunidad Valenciana –con gobierno del PSOE–, cuyo máximo dirigente, el socialista Ximo Puig, siempre se ha destacado por denunciar la discriminación que sufren la mayorías de autonomías frente a la Comunidad de Madrid como territorio base de la mayor parte de la administración central y de los organismo estatales.

Madrid gana

Una situación, argumentan desde otros territorios, que dispara las diferencias en el terreno de las inversiones y agranda la brecha económica a favor de la comunidad madrileña e incide en la despoblación de grandes zonas del resto del país, con el agravante de que los gobiernos sucesivos de la región, como es el caso del actual presidido por la popular Isabel Ayuso, aprovechan esta situación de privilegio para rebajar los impuestos y hacer dumping fiscal a otros territorios, rechazando de plano cederles a estos sedes oficiales del Estado para evitar lo que llama «descapitalización de Madrid».

En la actualidad, los empleados públicos ubicados en Madrid suman 150.000 trabajadores, de los que 37.446 lo hacen en servicios centrales de los ministerios pese a que muchas de las competencias, como sanidad, educación y servicios sociales, están transferidas a las comunidades autónomas. La concentración de unidades en la capital lleva a que el 60% de los contratos de estos organismos recaigan en empresas de Madrid, comunidad cuyo PIB per cápita está 35 puntos porcentuales por encima de la media nacional.

Con esta situación de fondo, la Comunidad Valencia ha avalado un informe, elaborado por la cátedra Prospect 2030 adscrita a la Universidad de Valencia, sobre la descentralización de sedes que trata de ahondar en el debate. El documento, titulado España Polifónica. Por un país en forma de malla, trata de sentar las bases para una propuesta de relocalización institucional que profundice en el Estado de las autonomías, y apuesta por llevar a distintas comunidades las sedes de nuevos organismos, e incluso las de otros históricamente vinculadas a la capital del Estado, pero olvidándose por completo del Archipiélago, entre otras regiones.

El informe propone una «desconcentración» de trece sedes distintas para localizarlas en once comunidades en total, dejando huérfanas de ellas a otras cinco comunidades distintas a Madrid, y asume algunas de las propuestas que han ido surgiendo en los últimos años añadiendo otras nuevas.

El objetivo del trabajo, coordinado por el profesor Juan Rodríguez Teruel, es mejorarlo a partir de ahora con «argumentos técnicos y económicos del impacto y los costes que podría ocasionar». Trata de ser un «punto de partida que tiene que servir como base para el debate sobre una reforma estructural de las administraciones públicas que incluya un proceso de relocalización» y argumenta que uno de los pilares de la «España polifónica es la reconexión emocional de los ciudadanos con el Estado», asumiendo además el componente de oportunidad política ante la pujanza de la recentralización que defiende la ultraderecha ya con presencia y capacidad de influir en algunos gobiernos regionales.

Especialización territorial

En concreto, el informe ‘reparte’ dos sedes distintas para Cataluña y en Andalucía y una para otras otras nueve regiones. A Cataluña le ‘adjudica’ la sede de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y, parcialmente, la del propio Senado como cámara territorial (en Barcelona), mientras que para Andalucía destinaría el Tribunal Constitucional, en concreto en Cádiz por ser la ciudad que ya albergó las primeras Cortes democráticas del país y donde se redactó la primera Carta Maga española, y se propone una de las tres nuevas sedes y exposición de fondos de los dos grandes museos estatales, El Prado y el Reina Sofía. Los otros dos centros de este Museo-Red se ubicarían, según el informe valenciano, en Murcia y Cantabria.

Otras propuestas del documento de «desconcentración» son el traslado a Valencia de la sede de Puertos del Estado; la del Tribunal Supremo a Castilla y León; la del Tribunal de Cuentas a Aragón; la del Consejo de Estado a Castilla-La Mancha, y la de de la Agencia Estatal de Investigación al País Vasco.

El informe utiliza como uno de los criterios fundamentales para el reparto de sedes el de la especialización territorial de forma que cada una de las comunidades ofrezca entornos mucho más coherentes con la materia a que se dedique cada organismo, y cuyas singularidades sean propicias al desarrollo de las competencias de cada organismo.

Pese a ello, obvia las especiales singularidades de Canarias a la hora de proponer movimiento de sedes como la del Instituto Oceanográfico, que traslada a Galicia pese a ser el Archipiélago una comunidad insular en medio del océano y con amplia experiencia en investigación marítima, o la de Parques Nacionales, que reubica en Extremadura obviando el hecho de que Canarias cuenta con cuatro de los 16 Parques Nacionales del Estado. Las otras regiones ‘olvidadas’ por el informe valenciano son Baleares, Navarra, Asturias y La Rioja.

Con todo, Canarias mantiene su interés en entrar en la puja por llevarse a las Islas las sedes de algunos organismos estatales de nueva creación al amparo decreto aprobado en febrero en el que se establecía el procedimiento, y espera conocer los detalles y condiciones en que el Ministerio de Política Territorial va a regular todo este proceso antes de trasladar sus peticiones, así como aquellas que pudieran reclamar los cabildos o ayuntamientos dado que el proyecto abre esta descentralización a la participación de las entidades locales e insulares.

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