El equívoco sobre la tasa verde, el impuesto con que Bruselas quiere penalizar el uso de combustibles fósiles en la aviación comercial, llega hoy a las Cortes Generales. El senador autonómico Fernando Clavijo avanzó ayer que interpelará al Gobierno de Pedro Sánchez sobre el trabajo llevado a cabo ante las autoridades comunitarias, «si es que lo hay», para lograr que los vuelos desde y hacia el Archipiélago queden exentos de este tributo. En principio será la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la que responda al también secretario general de Coalición Canaria (CC). El nacionalista, en un tono más duro del habitual, explicó que a su partido no le queda más remedio que apelar a Sánchez, a quien exigirá el «compromiso» de conseguir la exención fiscal en favor de las Islas, vistas la «incompetencia, desidia, improvisación y temeridad» del Ejecutivo regional. Como telón de fondo está la confusión generada por el comunicado en que los socialistas europeos aseguraron la semana pasada que habían logrado «eximir del impuesto verde las conexiones marítimas entre las islas Canarias y España, así como las conexiones aéreas entre las islas y cualquier territorio dentro del Espacio Económico Europeo hasta 2030». Lo cierto es que el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar arrancó los apoyos suficientes de tres de los siete grupos de la Eurocámara -apoyos pendientes de materializarse este miércoles en la votación- para mantener las conexiones con Canarias fuera del Régimen de comercio de derechos de emisión. Sin embargo, una cosa es este régimen -el ETS por sus siglas en inglés- y otra distinta es la tasa verde, una cuestión que no se verá en Bruselas hasta septiembre y en la que la última palabra ni siquiera la tendrá la Eurocámara, sino el Consejo Europeo. Con todo, el Gobierno autonómico incluso llegó a celebrar en balde una exención del impuesto que nunca fue tal.
Nira Fierro asegura que los Gobiernos central y regional han «peleado» la «exención canaria»
«¿En manos de quién estamos?», se preguntó ayer de forma retórica el senador y líder de CC, que calificó de «absolutamente impresentable» la confusión entre el régimen de derechos de emisión y la tasa verde. Clavijo, que cree que en este equívoco solo puede subyacer la «ignorancia» o el «interés político», alertó sobre las consecuencias «catastróficas» que el nuevo tributo, que en principio entrará en vigor en 2024, tendría en la economía y la sociedad isleñas.
No en vano, el impuesto disparará los costes de las aerolíneas, a las que no les quedará otra que subir los billetes para compensar. En última instancia, muchas de esas millones de familias que hacen turismo en el Archipiélago, y que sustentan así casi el 40% del PIB autonómico, verían en riesgo sus vacaciones en Canarias por los altos precios de los vuelos. Por eso, y porque está en juego la movilidad de los ciudadanos de una Región Ultraperiférica (RUP), es vital la exención fiscal. «Nos va la vida en ello», insistió el senador, que reclamará en la Cámara Alta «garantías» de que Sánchez arrancará en el Consejo Europeo -la institución que integran los jefes de Estado o de Gobierno de los Veintisiete- una total excepción en favor de la Comunidad Autónoma.
Desde el PSOE, cuyos correligionarios en Bruselas -o más bien en Estrasburgo, sede de la Eurocámara- iniciaron el embrollo en que acabó cayendo el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres, su secretaria de Organización en Canarias, Nira Fierro, aseguró que los socialistas llevan a cabo «gestiones al más alto nivel» para eximir a la región de la tasa verde. Ambos Gobiernos, el de Torres y el de Sánchez, aseveró Fierro, «han peleado desde el primer momento la exención canaria a través de comunicaciones formales».
