Todos los vuelos intracomunitarios con origen o destino en Canarias, ya sean interinsulares, nacionales o con terceros países del Espacio Económico Europeo (EEE), se mantienen al margen del régimen de comercio de derechos de emisión. Al menos hasta 2030.
La Comisión Europea (CE) ha endurecido las condiciones de este régimen, lo que incrementará los costes de las aerolíneas y, en última instancia, encarecerá los vuelos. Las Islas, o más bien las conexiones aéreas con las Islas, ya estaban exentas del pago por derechos de emisión, pero la idea de la CE –el Ejecutivo comunitario– era mantener la excepción solo en las rutas entre el Archipiélago y el resto de España, es decir, solo en los vuelos nacionales.
Sin embargo, las enmiendas aprobadas este miércoles en la Eurocámara, en línea con las demandas del Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres, permiten mantener las conexiones con la Comunidad Autónoma –todas: intracomunitarias, nacionales y entre islas– fuera del régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE). Canarias esquiva así, gracias a su condición de Región Ultraperiférica (RUP) y a falta de ver qué ocurre con la tasa verde –la otra gran amenaza que se cierne sobre la movilidad de los isleños y la competitividad del sector turístico–, la subida de los costes del transporte aéreo y, por tanto, el más que probable encarecimiento de los billetes de avión.
La aviación comercial está sometida al RCDE desde el año pasado, y de hecho es el único medio de transporte incluido en este régimen o sistema. En el marco del ambicioso programa Fit for 55, rebautizado como Objetivo 55 para los hispanohablantes y que aglutina las medidas para aminorar de aquí a 2030 las emisiones de dióxido de carbono (CO2) hasta un 55% por debajo de las registradas en 1990, la Comisión Europea se propuso reformar el RCDE. Este mecanismo establece una serie de pagos de las compañías aéreas a modo de compensaciones por las emisiones contaminantes. Pagos de mayor o menor cuantía en función de la mayor o menor cantidad de derechos de emisión que necesite la aerolínea. De hecho, las empresas comercian con estos derechos, con estos títulos, para cubrir sus necesidades. Esto ha supuesto, de facto, una penalización al sector aéreo, ya que ha aumentado sus costes. La reforma propuesta por la CE, enmendada y votada este miércoles por los eurodiputados, supone una nueva vuelta de tuerca al RCDE y, en definitiva, ahonda la política de penalizaciones frente al uso de combustibles fósiles emprendida por Bruselas.
Al Archipiélago le falta ahora por superar el aún más difícil escollo de la ‘tasa verde’
No en vano, se restringen los derechos de emisión que salen a este singular mercado –con lo que habrá menos títulos para comprar y vender y se incrementará su precio– y se eliminan de forma progresiva, hasta su supresión, los derechos gratuitos previstos para determinados casos.
Así pues, las aerolíneas tendrán sobrecostes añadidos a los sobrecostes que ya de por sí les acarreó su inclusión en el RCDE.
La altísima dependencia de los turistas que tiene la economía canaria, muchos de los cuales se verían en dificultades para venir de vacaciones al Archipiélago si los precios de los vuelos se disparasen, explica la importancia de que la región –y las otras ocho RUP– se mantenga al margen del RCDE. Las enmiendas promovidas por el socialista Juan Fernando López Aguilar y suscritas y apoyadas por la mayoría de la Eurocámara –en concreto por el grupo del PP y por los diputados de Renew Europe y los propios socialistas– son así «claves», como destacó este miércoles el Gobierno de Canarias, para el mantenimiento de la competitividad turística de la región, lo que es tanto como decir para el conjunto de la economía.
Con la reforma, los sobrecostes medioambientales de las aerolíneas se disparan aún más
Superado el escollo del encarecimiento de los derechos de emisión –la directiva en cuestión debe ser ratificada por la CE y por el Consejo Europeo antes de entrar en vigor, si bien esto no debería ser más que un mero trámite–, a Canarias le queda ahora pelear por la exención fiscal de la tasa verde. Un asunto que se verá en septiembre en Bruselas y en el que la última palabra, por ser una cuestión de fiscalidad, no la tendrá la Eurocámara, sino el Consejo. De modo que es España, como Estado miembro, la que en última instancia debe presionar para que los vuelos a las Islas también se libren de este impuesto, que en principio entraría en vigor en 2024.
Un logro y dos retos pendientes
La Eurocámara dejó este miércoles sorpresas. La directiva sobre el RCDE en la aviación comercial salió adelante con las enmiendas en favor de las RUP, pero el paquete legislativo mayor, el que aglutina el grueso de las medidas del Fit for 55, no logró los votos suficientes y tendrá que volver a la Comisión de Medio Ambiente. Las diferencias entre el PP y los socialistas sobre puntos claves -sobre todo el intento de los populares de prorrogar hasta 2034 el período de gracia que tienen las industrias para su reconversión, previsto inicialmente hasta 2030- llevaron a los del PSOE a votar en contra. Así que no prosperó el gran paquete legislativo, si bien las enmiendas pro-RUP, que sí llegaron a votarse antes de que el texto en su conjunto decayera, habían sido aprobadas, lo que casi garantiza su aprobación o reaprobación cuando la normativa vuelva a la Eurocámara. Esa directiva troncal que ahora regresa a la comisión es importante para las Islas porque es donde se incluye el transporte marítimo en el RCDE, un punto del que Canarias también persigue quedar al margen para evitar el encarecimiento de las importaciones. Ese es ahora el gran reto junto con la tasa verde. Eso sí, la exclusión de los vuelos a las Islas del RCDE supone el respeto al principio de «modular» las políticas comunitarias en las RUP y también un precedente de cara a esos dos retos pendientes. | M.Á.M.
