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El Covid y el volcán disparan el abuso de los decretos leyes, con más de 40

Hasta 24 decretos están vinculados directamente a las dos emergencias de esta legislatura | El Gobierno ha modificado más de 12 leyes por la vía rápida

Vista de la erupción volcánica de La Palma y la destrucción de la lava a su paso por casas, invernaderos y plataneras. | | E.P.

La emergencia sanitaria y económica del Covid y la erupción volcánica de La Palma han provocado una profusión inédita de decretos leyes en esta legislatura que, a menos de un año de las elecciones, suman más de 40 normas de estas características desde julio de 2019, cuando se inició el mandato del pacto de las flores. También hay un aumento destacado de leyes, varias de ellas derivadas de los decretos leyes aprobados previamente por el Consejo de Gobierno. Un total de 17 leyes han salido adelante en el Parlamento hasta ahora, contando las de presupuestos anuales, entre ellas las referidas al Covid y a las medidas sanitarias, económicas y sociales adoptadas para hacer frente al virus.

La figura del decreto ley comenzó en la Comunidad Autónoma a raíz de la reforma del Estatuto de Autonomía que entró en vigor en noviembre de 2018. Al Gobierno presidido por Fernando Clavijo apenas le dio tiempo de sacar adelante decretos leyes, un total de cinco antes de ser desalojado por el pacto salido de las elecciones autonómicas de mayo de 2019. Ha sido en estos tres años de legislatura cuando ha llegado a Canarias el debate jurídico y legal que se produce desde hace años en el Estado y en otras comunidades más avanzadas por lo que se considera un abuso de la Administración autonómica de gobernar a golpe de decreto ley. Además de juristas y expertos en Derecho, el Consejo Consultivo de Canarias ha reprochado al Ejecutivo en varios informes que utilice de forma sistemática el decreto ley alegando «la urgente y extraordinaria necesidad». Pero también hay un cariz político y de oportunidad que la Administración no esconde y que se ha disparado con el impacto de la pandemia, primero, y con la erupción de La Palma, después.

De los 41 decretos leyes contabilizados hasta ahora en esta legislatura 24 están vinculados directamente al Covid –17– y a la erupción volcánica –7–, mientras que los restantes 17 se refieren a otro tipo de asuntos como la regulación de determinados impuestos de titularidad autonómica, la situación del ente público Radiotelevisión Canaria (RTVC), escuelas infantiles, gestión de los fondos europeos Next Generation, empleo público, prestación canaria de inserción, menores migrantes o juegos y apuestas.

Una de las principales críticas contenidas en los informes emitidos por el Consejo Consultivo es la utilización por parte del Gobierno del decreto ley para modificar leyes que, en algunas ocasiones, no guardan una vinculación directa con la regulación que se desarrolla en la nueva norma. La relación de cambios normativos que se han producido en estos tres años es prolífica y toca leyes tan dispares como las del Suelo, Vivienda, Renovación y Modernización Turística, Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, Radiotelevisión Canaria, Atención a Menores, Servicios Sociales, Agencia Tributaria Canaria, Patrimonio, Medidas Tributarias, Aguas, Regulación del Sector Eléctrico, etcétera. Las reprimendas del Consultivo en sus informes han sido obviadas por el Ejecutivo, lo que le ha valido también las críticas de los grupos de la oposición que, sin embargo, se han visto obligados en varias ocasiones a dar su visto bueno a diversas normativas ante la emergencia provocada por el Covid y después para afrontar las consecuencias del volcán de La Palma.

Una de las críticas más significativas del Consejo Consultivo se produjo en la recta final de 2021 cuando tildó de «inconstitucional» hasta 19 preceptos del decreto ley por el que se unificaron las distintas medidas sociosanitarias para contener la propagación del Covid-19. El texto fue convalidado en el Parlamento por el pacto de gobierno, si bien después se abrió la vía para convertirlo en ley y aceptar enmiendas de la oposición y correcciones técnicas y de carácter jurídico.

La CEOE realiza desde 2015 un exhaustivo informe sobre la producción normativa que se produce anualmente por el Gobierno central, las comunidades autónomas y la UE. En el de 2021 el estudio refleja como Canarias se encuentra en el grupo de comunidades con más normativa aprobada entre leyes y decretos leyes. Según el balance realizado, Aragón y Canarias son las comunidades que más aumentaron la publicación de normas legislativas en sus boletines oficiales en 2021, produciéndose un incremento del 38% en el caso de las Islas, solo superadas por Aragón y Cataluña y por encima de la media autonómica, que fue del 24% de aumento de la legislación publicada. Por número de normas con rango de ley aprobadas por las comunidades Canarias figura con 40 junto con Andalucía y solo superadas por Cataluña.

El informe concluye que la urgencia por legislar que ha provocado la pandemia y la crisis volcánica ha supuesto una progresiva pérdida de calidad técnica de la normativa, lo que lleva a numerosas modificaciones de los textos ya cambiados y cambios sobrevenidos en leyes que desorientan a las empresas, pero también al resto de organizaciones de la sociedad civil. Canarias no es ajena a esta circunstancia, algo que se ha notado especialmente en los dos últimos años con una sobredosis de cambios de leyes, unas por necesidades de la emergencia pero otras por la propia incapacidad de la Administración de legislar o pactar los cambios necesarios en leyes que se hayan podido quedar desfasadas.

En medio de este aluvión legislativo, el Ejecutivo ha aprobado decenas de decretos sin rango de ley para aplicar también medidas urgentes y extraordinarias de índole social, económico y sanitario para hacer frente al Covid, una situación en la que también se han visto inmersos el Estado – cerca de un 50% de su producción normativa general son decretos leyes– y el resto de las comunidades autónomas.

Sortear indecisiones e incapacidades

Gobernar por decreto ley hasta que se dilucide la regulación definitiva se ha convertido en algo habitual en el Estado y en las comunidades autónomas. Canarias solo lleva algo más de tres años en el de la legislación por decreto y con la irrupción de la pandemia y la catástrofe natural de La Palma no ha quedado más remedio que actuar de forma rápida para tomar medidas, lo que ha disparado la profusión legislativa sin pasar por el control previo del Parlamento. Pero también el ha aprobado decretos leyes en cuestiones ajenas a estas emergencias empujado por las urgencias coyunturales o a la espera de que se redacte o modifique la ley en cuestión. Un asunto paradigmático en esta legislatura ha sido el de la Radiotelevisión Canaria (RTVC), cuya situación interna ha provocado la aprobación de tres decretos leyes 2020, 2021 y 2022 y una ley derivada de uno de ellos para sortear la falta del contrato programa y la incapacidad del Parlamento para elegir a los miembros de la Junta de Control y del director general del ente público. Con decretos y reformas legislativas el Ejecutivo ha prorrogado el mandato del administrador único y ha evitado que la tele vaya a negro por la señal o por la falta de los medios técnicos para mantener el servicio. El incumplimiento de los plazos para poner en marcha la renta canaria de ciudadanía también ha obligado al Ejecutivo a aprobar por decreto medidas para ampliar la cobertura de la prestación canaria de inserción o para introducir modificaciones debido a las emergencia sanitaria y volcánica. Las actividades clasificadas y espectáculos públicos o los tributos han sido también asuntos que el Ejecutivo ha modificado por decreto ley a la espera de que una ley definitiva modifique la legislación actual y los regule. El Gobierno regional ha utilizado la emergencia de la pandemia y las restricciones impuestas como argumentos recurrentes para utilizar los decretos leyes de forma sistemática en los consejos de gobierno y para prolongar o no tomar decisiones en otro tipo de asuntos de interés general. Canarias, como el resto de administraciones, bordean en ocasiones las facultades que le otorga el Estatuto y el ordenamiento jurídico.

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