El Consejo de Ministros aprobó ayer prorrogar hasta el 31 de diciembre los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) y la prestación por cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por la erupción volcánica en La Palma, entre otras medidas económicas y sociales para la isla. Y lo hizo a través del Real Decreto Ley (RDL) por el que se adoptan y se extienden determinadas iniciativas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.
El real decreto ley aprobado por el Gobierno también extiende por tres meses los aplazamientos y las moratorias en el pago de cuotas de la Seguridad Social y prorroga el plazo de solicitud de ayudas por parte de los afectados, que dispondrán de hasta seis meses después de la declaración de fin de la emergencia. Según informó el Ejecutivo, el objetivo es continuar protegiendo a la población y al tejido productivo a la misma vez que se impulsa la reconstrucción de la isla.
La erupción del volcán en La Palma el pasado 19 de septiembre obligó a evacuar amplias zonas de la isla ante el avance de la lava, afectando de forma directa a la actividad económica y generando una situación similar a la ocasionada por el covid en lo que respecta a las consecuencias para empresas y personas trabajadoras. Lo Gobierno asegura que estas circunstancias «hicieron necesario establecer la posibilidad de que las empresas y personas trabajadoras afectadas se beneficiasen de medidas extraordinarias» en materia de cotización y protección por desempleo, siguiendo el esquema previsto para los expedientes relacionados con la covid.
Las medidas extraordinarias se incluyeron en el Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo, cuya vigencia fue extendida por el Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero. El vencimiento de estas medidas estaba previsto para el próximo 30 de junio. Sin embargo, añade el Ejecutivo, y dado que los efectos laborales y sociales provocados por la erupción persisten y siguen exigiendo ayudas e intervención pública para la reactivación de la actividad económica, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha propuesto prorrogarlas con el objetivo de «seguir protegiendo a la población y al tejido productivo mientras se continúa avanzando a su vez en la recuperación económica y social, así como en la reconstrucción de la isla, en colaboración y coordinación con el Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma y los ayuntamientos afectados».
El Gobierno central aseguró que «La Palma tiene futuro y que los trabajos allí no terminarán hasta que todos y cada uno de sus habitantes hayan recuperado sus proyectos de vida». Pero no todas las medidas estás llegando al mismo ritmo. El diputado del Partido Popular de La Palma, Jacob Qadri, aprovechó el pleno del Parlamento canario del pasado miércoles para denunciar que muchas de las ayudas prometidas por las administraciones no está llegando a los hogares de los palmeros. El diputado afirmó que hasta el 3 de junio solo se han entregado 109 viviendas.
Qadri recordó que el Gobierno regional se comprometió a transferir 30.000 euros a las familias que perdieron su primera vivienda, que junto a los 60.000 del Gobierno de España, y los 10.000 del Cabildo de La Palma, «permitirían a muchas familias llegar hasta los 100.000 euros», pero, insistió, en que «la realidad es que a día de hoy el Gobierno de Canarias aún no ha abonado ni un solo euro».
En relación a las administraciones locales, el diputado afirmó que las ayudas a las que se comprometió el Gobierno de España aún no les han llegado, «por lo que dentro de poco es posible que entren en suspensión de pagos los ayuntamientos, y se produzca un colapso económico en la Isla», explicó. El palmero recordó que los consistorios son las administraciones más próximas a los ciudadanos, «y se están dejando la piel por dar respuesta a sus vecinos». El Gobierno de España, insistió, «se comprometió a pagarles las facturas, cuya primera remesa mandaron en el mes de diciembre, pero han pasado seis meses y aún no saben nada».
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