El anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que se va a estabilizar a más de 67.000 trabajadores sanitarios afecta a 12.146 empleados del Servicio Canario de Salud (SCS) mediante una oferta de empleo público que ya se publicó en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), para cumplir con los plazos de la ley estatal de reducción de la temporalidad en las administraciones públicas. Los sindicatos y colectivos sanitarios advierten que hay más plazas ocupadas por personal eventual y exigen que se identifiquen todas las vacantes porque en la sanidad pública canaria hay servicios que superan hasta el 60% de temporalidad y con las contrataciones para hacer frente al Covid no han hecho sino aumentar aún más los índices de interinidad.
Lo que se aprueba hoy en el Consejo de Ministros son medidas para evitar que continúe aumentando la temporalidad en el sistema sanitario y para que los procesos puestos en marcha supongan una disminución real de la eventualidad con las bases que se acuerden antes de finalizar el año. España está obligada por la UE a reducir la tasa de interinidad en el sector público al 8% en dos años y la sanidad es el ámbito de la Administración donde los índices de eventualidad son más elevados, con tasas medias de entre el 40 y el 50%. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han pactado una reforma del estatuto marco que regula al personal estatutario de los servicios de salud, que se aprueba hoy como decreto ley para modificar varios artículos relativos a las contrataciones.
Las medidas van en la línea de poner coto a los contratos eventuales, una modalidad muy frecuente en el sistema sanitario por la que los profesionales encadenan varios años con estos contratos cubriendo diversos servicios sin que ni siquiera se conviertan en interinos. La obligatoriedad de que la temporalidad no supere los tres años solo se exceptuará por razones de necesidad y urgencia o para programas de duración determinada. Además de estos contratos limitados a tres años, Sanidad y las comunidades han creado tres categorías de contratos para sustituciones, eventuales por obra y servicio y guardias. Con estas limitaciones se obliga a las comunidades autónomas a convocar oposiciones cada dos o tres años para cubrir las plazas vacantes.
El Ministerio que dirige Carolina Darias y las comunidades autónomas también han acordado fijar un mismo y único baremo de puntuación para todas las ofertas de empleo público que se celebren y continúan trabajando en la idea de unificar las fechas y horas de los procesos de estabilización para evitar que haya trasvases de opositores entre comunidades, un riesgo que temen los interinos y temporales que trabajan en el Servicio Canario de Salud.
Estos criterios pretenden adaptar la ley general estatal a la idiosincracia del sistema sanitario, con el fin de pactar unas bases que den salida a los miles de profesionales afectados por la temporalidad. De las 12.146 plazas convocadas, 8.741 puestos están en el marco del proceso de estabilización regulado por la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, mientras que otras 3.405 plazas son de la oferta de empleo público (OPE) para el año 2022 del personal estatutario del SCS. A su vez, 6.803 puestos corresponden a plazas ocupadas antes de 2016, a las que se concurrirá por concurso de méritos, mientras que el resto están destinadas a plazas ocupadas de entre tres y cinco años, que accederán a un proceso de concurso oposición como marca la ley general.
Sindicatos y colectivos sanitario esperan a leer los detalles de la reforma del estatuto marco que se aprueba hoy con el fin de comprobar si recoge las medidas necesarias para que el actual proceso de estabilización sea realmente efectivo ante la compleja realidad del SCS. Joaquín Franco, del Sepca, señala que los grupos de trabajo que estudian las bases de la convocatoria han ralentizado sus contactos a la espera de los cambios en el estatuto. No obstante, advierte que las 12.146 plazas ofertadas no recogen toda la temporalidad existente en la sanidad pública canaria. «Todo trabajador temporal anterior o posterior a 2016 tiene derecho a consolidar su plaza, por lo que se trata de un proceso que aún está abierto», añade el dirigente sindical.
Yoel Hernández, del sindicato Satse, recuerda que el Gobierno se ha visto obligado a aprobar una ley y ahora a cambiar el estatuto marco por imposición de la UE y advierte que las modificaciones que se aprueban hoy «se quedan cortas» si se quiere reducir la elevada temporalidad. Una exigencia de Satse es que se convoquen oposiciones cada dos años. Asimismo demandan que se agilicen y normalicen los concursos de traslados en el ámbito de los profesionales sanitarios
Por su parte Dácil García, de la confluencia de médicos interinos del SCS, quiere esperar a leer la «letra pequeña» de los cambios porque no se fía después de tantos años de temporalidad y por unas convocatorias que prácticamente no han existido. «Reclamamos una baremación garantista que asegure la estabilidad a los médicos que llevamos años trabajando aquí y nos hemos especializado frente a otros que puedan venir de otras comunidades», señala. El problema de la eventualidad agrava la situación de estos facultativos especialistas ya que los contratos eventuales no computan para adquirir una interinidad, algo que si no se soluciona les deja en inferioridad de condiciones frente a otras comunidades.
