El secretario general nacional de Coalición Canaria-PNC, Fernando Clavijo, abogó ayer por un Pacto por la Dependencia que plantee «una hoja de ruta para mejorar la asistencia a nuestros mayores y personas vulnerables». Para ello, han fijado un plazo no mayor de seis meses para debatir esas mejoras y poder “mejorar el sistema de dependencia en las Islas”. Los nacionalistas canarios responden así a la situación de un sistema que «lejos de mejorar, a pesar de contar con el mayor presupuesto y personal para la valoración y tramitación de los expedientes, sigue sin ser la herramienta para la que se creó en 2006».

El líder de los nacionalistas canarios tendió la mano al Gobierno canario para sacar del debate político la gestión de la dependencia en las Islas pero, avisó, «este no es un cheque en blanco». Clavijo apuntó a la necesidad de firmar un gran pacto que «permita acometer una reforma y poder poner todos los mecanismos y herramientas necesarias para defender a nuestros mayores y personas vulnerables». En este contexto, abogó por «la simplificación administrativa» como una de las reformas a acometer de forma urgente «para llegar a las personas cuando lo necesitan».

Clavijo hizo referencia a las llamadas de atención del Diputado del Común, del Observatorio estatal de la Dependencia y de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales advirtiendo sobre los fallos de un sistema que «no llega y cuando lo hace no es en las condiciones recogidas en la ley». Por este motivo, reclamó «una reflexión seria. Hoy no hay más personas dependientes atendidas en las Islas, como no se cansa de repetir el Gobierno de Canarias, lo que verdaderamente hay son más expedientes resueltos en precario», denunció.

El diputado del Común también solicitó recientemente un gran pacto por la dependencia en Canarias y reclamó que este ámbito se convierta en una «prioridad» política, porque la situación es ya «insostenible». Señaló que en el Archipiélago hay muchas personas que «sufren» por la mala aplicación de la ley de dependencia y las familias se sienten «abandonadas» por la administración.

Según los datos del Observatorio de la Dependencia el tiempo de resolución de los expedientes pasó el año pasado de 923 días a 948. Este es el plazo que esperan las familias para determinar si una persona es o no dependiente. La media de espera para recibir ayudas una vez que se tiene la resolución es de 45 meses en el caso de Canarias, lo que supone 7,5 veces más que el plazo legalmente establecido.

En las Islas hay además 6.900 personas la espera de revisión de su grado de dependencia. En 2021, Canarias fue la región que más tiempo tardó en tramitar los expedientes de reconocimiento de grado y de aprobación del PIA, y la que tuvo una de las peores tasas de cobertura con respecto a su situación.

Atendiendo a la «grave» situación en el Archipiélago, la secretaria ejecutiva de Derechos Sociales, Cristina Valido, defendió la creación de una Comisión urgente en el marco del Pacto por la Dependencia anunciado ayer por los nacionalistas. Una Comisión, apuntó Valido, que esté participada por el Gobierno de Canarias, Cabildos y los 88 ayuntamientos, a través de la Fecai y Fecam, así como, por todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento canario, los colegios profesionales y las entidades sociales que trabajan en el sector.

Valido propuso que la Comisión «tome como punto de partida las propuestas de la Diputación del Común, así como, las medidas que hemos venido aprobando por unanimidad en el Parlamento de Canarias, incluidas las propuestas por los grupos del Gobierno cuando eran oposición y que siguen sin ponerse en marcha».

La dirigente nacionalista insistió en «no limitar la mejora del sistema a las cifras, que es lo que se está haciendo actualmente, en lugar de darles el trato que están recibiendo las personas dependientes». Al respecto, reconoció que «este no era, ni es, el objetivo de la Ley, ni responde al espíritu con que fue aprobada entre todos».

Valido señaló que «no es cierto que en Canarias haya más personas atendidos». De la misma forma, enfatizó que «habrá más cuidadoras con ayuda económica pero no hay más dependientes atendidos de diferente o mejor manera, y ni siquiera se le está facilitando la vida a quienes han tenido que abandonar su vida social y profesional, al verse obligadas a la atención a un familiar con dependencia». Por eso urgió a «tomar medidas y a actuar de forma urgente y no limitar la gestión de un asunto como la dependencia a cifras que maquillan una realidad, pero no la mejoran», indicó.

La diputada nacionalista enfatizó en el compromiso de sacar el debate de la dependencia «desde el momento en el que se acepte esta propuesta y hasta que se no se culminen los trabajos de la comisión», en un plazo no superior a seis meses.