Canarias se mantendrá durante al menos dos años más como una de las comunidades autónomas peor financiadas del Estado. La reforma del sistema que supuestamente debería corregir esta situación queda de nuevo postergada tras más de ocho años de retraso acumulado desde que en 2014 culminó el periodo de vigencia aprobado en 2009. El escenario económico que se avecina para los próximos meses como consecuencia de la guerra en Ucrania, y la inflación persistente y sin precedentes desde hace 35 años, así como otra serie de circunstancias políticas, imposibilitan que el que fuera uno de los grandes objetivos del Gobierno central para la presente legislatura pueda ser sustanciado. De esta forma, y teniendo en cuenta los dos procesos electorales previstos para 2023, las autonómicas y locales de mayo y las generales a finales de año, parece claro que no será posible iniciar una negociación al respecto hasta bien entrado el 2024; y la aplicación del nuevo sistema, si es que se llega a una acuerdo entre partidos y entre Estado y comunidades autónomas, no podrá llegar hasta finales de ese mismo año.
Esa negociación se verá además sujeta a las consecuencias de los resultados electorales en cada uno de los ámbitos, quizá con gobiernos de otro color político u otro tipo de coaliciones tanto en Canarias como en el Estado.
Moncloa, partidos y comunidades sacan de sus agendas uno de objetivos estrella de la legislatura
El resultado práctico para la Comunidad Autónoma de Canarias es que seguirá a la cola en la financiación de sus servicios públicos esenciales –sanidad, educación y asuntos sociales–, como mínimo dos años más, con un déficit estimado de 700 millones anuales.
Propuesta sobre la mesa
Tanto el Gobierno central como el conjunto de comunidades autónomas, así como la mayoría de los partidos políticos de ámbito estatal y regional, han sacado de sus agendas esta cuestión ante la gravedad de la situación y de las perspectivas económicas a corto y medio plazo. Ya lo fue hace dos años cuando la lucha contra la pandemia sanitaria y sus consecuencias económicas y sociales se convirtió en máxima prioridad. Y cuando parecía que la situación se normalizaba y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pudo cumplir su compromiso de poner una propuesta encima de la mesa antes de finalizar 2021, llegó la crisis internacional por la invasión rusa de Ucrania y se desató una tormenta económica que invalida cualquier intentó de cuadrar el sudoku de un sistema tan complejo como el de la financiación autonómica.
Canarias y el resto de comunidades del régimen común, todas excepto País Vaco y Navarra, asumen esta situación sin excesivo drama porque en los dos últimos años han recibido suficientes fondos con las entregas a cuenta y otros fondos excepcionales como para hacer unos presupuestos con el gasto suficiente para cubrir sus servicios públicos. En el caso de las Islas además, porque desde 2018 tienen acceso al Fondo de Competitividad gracias a un acuerdo político y presupuestario entre el entonces Gobierno del PP y los partidos nacionalistas canarios en el Congreso –CC y NC–, salvando así el gran hándicap con que cuenta la Comunidad en el sistema aún en vigor y que se pretende reformar. Este es precisamente el caballo de batalla de Canarias en los debates previos a esa modificación que no acaba de llegar y que ahora vuelve a verse lejana en el horizonte.
La situación actual es por tanto de impasse temporal en el que un acuerdo tácito aunque no escrito entre el PSOE y el PP aplaza la reforma a la próxima legislatura, principalmente por la incertidumbre de la situación económica, pero también por otros elementos como la gran disparidad de criterios entre unas comunidades y otras sobre abordar la reforma, o por el cambio de liderazgo en las filas populares hace solo tres meses. Un aplazamiento que se ve reforzado por el calendario electoral que se avecina.
Lo cierto es que pese a que nadie lo ha decretado oficialmente, el proceso está colocado entre paréntesis y temporalmente apartado del debate público.
En todo caso, el Ministerio de Hacienda sigue insistiendo en que «se sigue trabajando en la reforma» a partir de la propuesta inicial presentada en diciembre pasado por Montero, en base al informe elaborado por el Comité de Expertos creado con esta finalidad, y a la que las distintas comunidades autónomas han presentado alegaciones y observaciones sobre los aspectos que a su juicio deberían tenerse en cuenta, cada una de ellas reclamando los más favorables a sus respectivos intereses.
El documento de Hacienda sólo se refería al modo de reparto de fondos bajo el criterio de población ajustada y proponiendo distintos elementos de compensación que fue rechazado, con mayor o menor énfasis, por la mayoría de gobiernos autonómicos.
Sin respuesta de Hacienda
En el caso de Canarias, además de no explicitar que los recursos del REF quedarían fueran del cómputo del sistema, el documento establece de manera clara que el peso de la insularidad como factor corrector no se va a actualizar respecto al modelo actual, algo que sí se hace para el caso de la despoblación o el coste efectivos de los servicios.
Un estudio de la la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) difundido a los pocos días de conocerse la propuesta señala que el impacto sobre las Islas de las nuevas ponderaciones sería de un 2,95% de reducción de la financiación, ya que tanto la despoblación como los costes fijos también perjudican al Archipiélago.
El Gobierno regional trasladó al ministerio de María Jesús Montero a finales de enero sus alegaciones a este respecto reclamando un mayor peso de la insularidad como factor corrector e incorporar en todos los servicios públicos la variable de pobreza y de renta regional por habitante. La consejería de Hacienda sigue sin recibir contestación a esas alegaciones pese a que el Ministerio asegura que se está manteniendo contacto con los gobiernos regionales para seguir avanzando en la que debe ser la propuesta definitiva. Además, considera que sin un incremento del fondo estatal de financiación de al menos 15.000 euros anuales, la reforma no sería operativa y será imposible llegar a un acuerdo sobre el reparto.
Hacienda no ha dado respuesta a la demanda de dar más peso a la insularidad en el nuevo modelo
En todo caso, Montero afirmó durante una comparecencia parlamentaria a finales del año pasado que «evidentemente, la insularidad tiene que tener un peso significativo dentro del modelo de financiación porque el coste de los servicios públicos se ve afectado por el hecho insular y por tanto un mayor coste del transporte y de la llegada de mercancías». Añadió que esta «será una variable que tendremos que discutir entre todas las comunidades autónomas, pero sin duda se dará a los dos archipiélagos el peso que se requiere para que la prestación del estado del bienestar en España sea homogénea en todos los territorios». Todo queda sin embargo pospuesto una vez más a ese contexto favorable que no parece llegar nunca.
