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Lesmes: «Que los políticos designen a los jueces afecta a la confianza judicial»

El presidente del TS afirma que el CGPJ cumple su misión de garantizar la independencia

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, firma el libro de visitas del Parlamento acompañado por el presidente Gustavo Matos. | | CARSTEN W. LAURITSEN

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha cumplido en sus 42 años de existencia con su función de garantizar la independencia de los jueces. «De eso no hay duda», aseguró ayer su actual presidente, Carlos Lesmes, durante la conferencia que ofreció en el Parlamento de Canarias. Y lo ha hecho, tanto cuando el sistema de elección de sus vocales recaía en los propios jueces, como a partir de 1985 momento en el que esta designación se le encargó a las Cortes Generales. Eso si, el también presidente del Tribunal Supremo (TS) recalcó que este último sistema de elección, una rareza entre los países que cuentan con un organismo similar, sí que tiene efecto en la percepción que los ciudadanos tienen de la justicia. «Cuando los jueces son designados por políticos afecta en la confianza que se tiene en la justicia», remarcó. Y esta no es la única consecuencia, ya que la falta de acuerdo político lleva tres años y medio bloqueando la renovación del Poder Judicial. «No se cómo no son capaces de entenderse, no me parece tan difícil», añadió. 

Lesmes participó ayer en un encuentro en la Cámara regional con motivo del 40 aniversario del parlamentarismo en Canarias. Durante su intervención, –en la que estuvo acompañado por el presidente del Parlamento, Gustavo Matos y el presidente de la Audiencia Nacional, el también canario José Ramón Navarro–, Lesmes no quiso rehuir la cuestión de si la «elección parlamentaria es buena o mala». En este sentido, subrayó que tanto uno como otro sistema «son constitucionales» y quiso dejar claro que con ambos «el Consejo General del Poder Judicial ha cumplido con su misión de garantizar la independencia».

 Algo que aseguró ha quedado demostrado en los últimos años, cuando han tenido lugar procesos de gran envergadura «que han afectado a intereses políticos y a algunas de los partidos e instituciones más importantes». Ya que según recalcó la garantía de la independencia judicial más importante es la que lleva a cabo el propio juez que «no debe tener más señor que la propia ley» y que tiene que abstenerse de actuar «con arreglo a indicaciones de cualquier sector o persona».

Lesmes se refirió también al informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho de la Unión Europea en el que por tercera vez pide a España que ponga fin al bloqueo de la renovación del CGPJ. Además, le reclama que después adecue el sistema de elección a los estándares comunitarios, es decir, que al menos la mitad de sus miembros sean elegidos por los propios jueces. 

Sin embargo, Lesmes señala que «en modo alguno» el informe pone en duda la independencia del sistema judicial español, aunque sí señala la necesidad urgente de la renovación de este órgano. «Nuestro consejo es legítimo en su modelo actual pero en Europa todos aquellos países que han optado por un Consejo General del Poder Judicial los jueces que forman parte son nombrados por sus pares, a excepción de España», pero subrayó que esto no quiere decir que «la independencia de los jueces no esté garantizada». 

El presidente del TS continuó su conferencia hablando del estado actual de la administración de justicia. «Está en una situación regular», admitió, ya que existen unas altas tasas de litigiosidad y el tiempo de respuesta no es el más adecuado. Aunque indicó que la tasa de resolución de los jueces canarios está por encima de la media del país, pero insistió en que deben contar con mejores medios y mejor organización. 

Lesmes también quiso poner el foco en la organización territorial de la justicia que bajo su punto de vista necesita de una profunda modernización. «La España de 2022 no merece una organización judicial del siglo XIX», recalcó y defendió que la división en casi 500 partidos judiciales es prácticamente la misma que en 1834 y estos deben ser sustituidos por demarcaciones de ámbito al menos provincial. 

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