El primer convenio entre una comunidad autónoma y Estado para el avance y la diversidad en los centros penitenciarios se ha firmado este martes en La Palma, con el fin de “avanzar en el camino de la igualdad también en las prisiones del archipiélago”, según ha declarado la consejera del área del Gobierno de Canarias, Noemí Santana.

Este acuerdo pionero ha sido rubricado por la consejera canaria de Derechos Sociales e Igualdad, Noemí Santana, y el secretario general de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Interior, Ángel Luis Ortiz, en un convenio enmarcado dentro de las actuaciones de la estrategia canaria de transición igualitaria.

El acuerdo firmado permitirá trabajar de forma conjunta en el desarrollo de modelos de convivencia y relacionales igualitarios y democráticos dentro de la población penitenciaria y el personal de prisiones, conjugando la perspectiva de género con la diversidad de realidades como migraciones, diversidad sexual y de género, religión u otras.

Santana ha declarado que “hay una voluntad clara e inequívoca en avanzar en toda la sociedad y las seis prisiones canarias forman parte de nuestra sociedad”, y ha añadido que desde su departamento llevan trabajando de forma conjunta desde inicios de año con Instituciones Penitenciarias en este programa.

Por su parte, el secretario general de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Interior, Ángel Luis Ortiz, ha afirmado que “las mujeres solo representan un 7,2 por ciento de la población reclusa y para nosotros es fundamental esta formación, que nos dará recursos para atenderlas de la mejor manera posible, por ejemplo, en la organización de actividades”.

Entre sus líneas de actuación, el convenio firmado dotará a los profesionales de la formación y las herramientas necesarias para potenciar el derecho a la igualdad, la diversidad y la no discriminación en los recursos de reclusión de las islas.

La iniciativa se enmarca dentro de las actuaciones puestas en marcha en el marco de la Estrategia Canaria de Transición Igualitaria, impulsada por la Viceconsejería de Igualdad del Ejecutivo canario, que tiene como fin incidir en los sectores sociales marginalizados, separados por muros de hormigón o por barreras económicas y culturales.