El horario reducido de verano de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma ha sacado de nuevo a la palestra la falta de control de la jornada laboral después de un año desde que se decidió por parte del Gobierno sacar a concurso el mantenimiento del Sicho (Sistema Integral de Control Horario) arrogándose la propiedad del mismo, lo que provocó un enfrentamiento con la empresa que ideó este sistema y el inicio de un pleito judicial. Los departamentos y centros directivos se han visto obligados a buscar alternativas de lo más variadas ante la imposibilidad de adecuar el sistema para poder habilitar la reducción horaria veraniega para más de 30.000 empleados autonómicos, ya que implica a la Administración General, al personal de Justicia y a los trabajadores del Servicio Canario de Salud (SCS).
Desde el 1 de julio la jornada laboral del personal de la Administración General se reduce en una hora diaria, con un total de 30 horas semanales vigente hasta el 30 de septiembre. Este hecho, que puede parecer simple a primera vista, ha provocado enfado y malestar en muchos funcionarios pero también en jefes y responsables de los distintos departamentos, que, entre otras medidas, obligan a cada trabajador a registrar una incidencia diaria por las diferencias que se generan con el horario laboral ordinario. El estupor llega al comprobarse que sigue sin existir alternativa al Sicho, provocando un vacío en el control del horario y un problema que se traslada en cascada a cada servicio.
El pleito judicial de la empresa que creó el Sicho paraliza el concurso que se adjudicó en abril
En una circular interna, la Dirección General de Función Pública alega que «actualmente se encuentra pendiente de adjudicación la contratación administrativa del servicio de soporte al Servicio Integral de Control Horario (Sicho)» y que «resulta imposible adecuar el sistema para poder habilitar dicha reducción horaria. Ante esta imposibilidad técnica temporal, el control de este periodo corresponderá a los centros directivos competentes hasta tanto se pueda proceder a su mecanización en el aplicativo».
El concurso para el servicio de mantenimiento del Sistema de Integral de Control Horario (Sicho) se publicó el 2 de noviembre de 2021 y se resolvió el 12 de abril de 2022 con la adjudicación a la empresa Ayesa SA por 2,2 millones de euros. Sin embargo a día de hoy ni se ha firmado el contrato ni la empresa adjudicataria ha iniciado el trabajo para el que se presentó, por lo que el control de la jornada laboral, permisos, licencias, vacaciones, días de asuntos propios, reducciones de horario e incidencias relacionadas con el horario de trabajo sigue manga por hombro desde octubre de 2021.
El principal problema al que se enfrenta Función Pública para contratar el mantenimiento del Sicho es el pleito judicial iniciado por la empresa que creó este sistema –MHP Servicios de Control SL– que rechaza que la Comunidad Autónoma sea la propietaria del Sicho, por lo que ha demandado a Función Pública por vulneración de la ley de propiedad intelectual. MHP no se presentó al concurso impulsado por el Ejecutivo pero pende sobre el mismo un recurso si la empresa adjudicataria realiza el mantenimiento de un sistema que, según MHP, es de su propiedad. Una de las principales razones por la que no se ha firmado el contrato, una vez adjudicado el concurso, es por el temor a una nueva impugnación judicial y hasta que se resuelva la demanda interpuesta por la anterior empresa que controlaba el Sicho.
Concurso público
La polémica con el sistema de control horario de los empleados públicos se inició hace un año, en julio de 2021, cuando el Consejo de Gobierno aprobó la disposición de 3,4 millones de euros ante el vencimiento del contrato que estaba vigente en ese momento y que finalizaba el 30 de septiembre. El Ejecutivo regional se arrogó la propiedad del Sicho, lo que levantó las alarmas en la empresa que lo gestionaba en ese momento, iniciando un proceso de requerimientos, demandas y querellas que aún se mantienen en los tribunales.
Desde que en octubre se canceló definitivamente el Sicho como sistema de control de la jornada laboral, los empleados públicos de la Comunidad Autónoma han estado fichando su jornada de forma manual o con incidencias diarias en su ordenador, control de sus superiores y otro tipo de sistemas. Los sindicatos con representación en la Administración autonómica han exigido en reiteradas ocasiones a Función Pública que habilite un sistema alternativo hasta tanto se resuelva la situación judicial del Sicho en los tribunales a través de las empresas de mantenimiento informático que tiene contratadas la Comunidad Autónoma.
El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) se ha dirigido por carta directamente al consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, para que tome directamente cartas en el asunto y «ordene la implementación inmediata de una herramienta informática paralela al Sicho para el control de los horarios, vacaciones, permisos, licencias, etcétera», advierte la central sindical.
Jefes de servicio y centros directivos, obligados a vigilar el cumplimiento de la jornada laboral
Además de la problemática surgida con la regulación del horario de verano, la situación en el Servicio Canario de Salud no es menos problemática. Según Sepca, «no se están actualizando los nombramientos, por lo que hay personas a quienes no le aparecen los servicios prestados desde hace meses (incluso en los nombramientos por primera vez no aparecen ni las personas) y, por tanto, no hay registros con vacaciones o permisos cuyo derecho puedan haberse generado. Los permisos, que en el personal de este colectivo tienen repercusión en nómina, se están concediendo de forma rudimentaria y sin seguridad», advierte el sindicato mayoritario en la Administración autonómica, que ve «bochornoso» que no se resuelva la situación a estas alturas después de un año.
Los interinos presentarán más acciones judiciales
El comité de huelga de los empleados interinos de la Administración General salió ayer de nuevo a la calle en una jornada de paro tras prolongar las movilizaciones en el segundo semestre de este año. Además del conflicto laboral, los componente del comité de huelga continúan con la vía judicial frente a la Dirección General de Función Pública. En este sentido, la demanda presentada ha sido admitida a trámite mientras que las cautelares presentadas para paralizar los procesos de estabilización se ha separado como pieza aparte. Asimismo se han impugnado los decretos publicados en el BOC a finales de mayo con las ofertas de empleo público para la estabilización del personal interino. Los huelguistas también valoran emprender más acciones judiciales contra la Administración autonómica. En un comunicado, los representantes del comité de huelga reiteran su exigencia de que se cumpla el acuerdo firmado con el Ejecutivo en abril de 2021 y cuestionan el proceso selectivo abierto al considerar que no garantiza la estabilidad de todo el personal. | R. A. D.
