Los alcaldes no ven claro que en un año se terminen todos los planes de seguridad que faltan en las playas y zonas de baño de las Islas. Según los datos en poder del Gobierno regional, de las 365 playas y zonas de baño que requieren de una medida de este tipo todavía quedan 239 que no lo tienen, es decir, el 65% del total ya que hay registrados 126 planes. El problema no es solo que sea poco tiempo sino que además 2023 es un año electoral ya que hay comicios municipales y autonómicos en mayo, justo en las puertas del verano, y esa situación dificulta la gestión y los proyectos de las administraciones públicas.
Esta es precisamente una de las quejas de los municipios. José Juan Cruz (PSOE), alcalde de Tías y miembro de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, puntualiza que los ayuntamientos no habían pedido un tiempo determinado de prórroga en la aplicación del decreto, cuyo periodo de vigencia se cumplía este 8 de agosto. «Nosotros no pedíamos plazo sino que lo prorrogaran porque es imposible aplicarlo», señala Cruz. Otro problema que ve Cruz es que coge a las instituciones locales en año electoral, aunque desconoce el contenido real de las modificaciones introducidas por el Ejecutivo en los anexos del decreto, ya que el texto articulado del mismo no cambia. «No sé lo que se podrá hacer porque en un año electoral no se va al mismo ritmo que en un ejercicio normal», advierte el regidor lanzaroteño.
La alcaldesa de Mogán y vicepresidenta de la Asociación, Onalia Bueno, cree que un año más sigue siendo insuficiente y reclama al Ejecutivo que los ayuntamientos sean más partícipes en el nuevo documento porque no disponen de la información necesaria.
La nueva redacción del decreto de playas entra hoy en vigor tras su publicación ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). En la modificación realizada se establece un plazo máximo de cinco años, que acaba en agosto de 2023, para adecuar «las previsiones de los planes de seguridad y salvamento, dotándose paulatinamente de aquellos servicios previstos en ellos, aun cuando no sean exigibles por las normas e instrucciones dictadas por el Estado en materia de seguridad humana en los lugares de baño», recoge el texto.
Por otro lado, el presidente de la Asociación Canaria 1.500 Km. de costa, Sebastián Quintana, considera «lógica y correcta» la prórroga de un año «porque la alternativa no era cerrar las zonas de baño». «Se trata de una decisión acertada», señala Quintana, «ante la laxitud de algunos ayuntamientos en el cumplimiento de una norma pionera para prevenir los accidentes acuáticos».
Quintana valora que los ayuntamientos puedan mancomunar los servicios que prestan en las playas y zonas de baño, aunque sean de municipios distintos, tanto en recursos materiales como humanos. Asimismo, ve positivo que se haya aclarado el tema de las banderas porque había generado cierta confusión.
