Los daños colaterales que está provocando la dilación en el concurso de méritos de los funcionarios están afectando directamente a los 105 aspirantes que superaron las oposiciones de administrativos y auxiliares administrativos y que están aún pendientes de destino laboral en la Administración autonómica. Este proceso selectivo fue convocado en abril de 2018, es decir, hace más de cuatro años, lo que ya de por sí es un incumplimiento de la ley. Después de superar las dificultades y embrollos de las pruebas, la pandemia y la lentitud de Función Pública estas 105 personas –57 administrativos y 48 auxiliares– están ahora pendientes de que se resuelva el concurso de traslados para ocupar aquellos puestos que se queden vacantes.

Las tensiones y protestas que está provocando esta situación entre los afectados empujó a la Dirección General de Función Pública a emitir un comunicado con fecha del pasado 29 de junio, con el fin de intentar calmar los ánimos de los aspirantes. En ese comunicado, la directora general, Montserrat García, asegura que «la resolución del concurso de méritos constituye una prioridad para la Administración» y que «en un plazo muy breve estará publicado el listado definitivo de adjudicación de destinos del concurso de méritos». El hecho es que con los últimos problemas surgidos el listado definitivo no está publicado y los nuevos empleados públicos tendrán que seguir esperando para poder trabajar en las plazas que han ganado por oposición.

En el comunicado, la directora general de Función Pública reconoce que con el mismo se pretende «no generar tensiones innecesarias por el transcurso del tiempo» debido a las numerosas consultas y quejas recibidas en el departamento por los afectados de este proceso selectivo.

La Administración se enfrenta a nuevos recursos y demandas si continúa dilatándose los plazos ya que esta situación no solo afecta a los funcionarios que han solicitado traslado a otro puesto, sino también a los que han superado oposiciones y esperan su destino laboral. El comunicado de Función Pública no establece nuevas fechas y más de un mes después desde que se publicó el mismo la lista definitiva de adjudicatarios de puestos no se conoce. Función Pública podría enfrentarse a responsabilidades patrimoniales, según se comenta desde el sindicato CSIF, que exige al departamento autonómico que se dote de personal para acelerar los trámites.