Nuevas incertidumbres se ciernen sobre el concurso de traslados de los funcionarios de carrera de la Comunidad Autónoma. El proceso acumula demoras y retrasos desde que se convocó el año pasado y la Dirección General de Función Pública tiene hasta enero para resolverlo, pero los continuos obstáculos tienen a los afectados en vilo. Esta vez no se trata de cuestiones burocráticas o administrativas sino de discrepancias internas entre los miembros de la comisión de evaluación del concurso y el equipo directivo de la Dirección General de Función Pública.
El último trámite conocido fue la publicación a finales de junio de la lista provisional de adjudicaciones de plazas de los funcionarios que habían solicitado cambiar de puesto. Casi un mes después y cumplidos los plazos para realizar alegaciones y reclamaciones al listado, un choque frontal entre los miembros de la comisión –formada por nueve funcionarios– y la dirección del departamento de Función Pública amenaza con echar por tierra el trabajo realizado hasta ahora y llevar al concurso a un callejón sin salida.
La comisión de evaluación es un órgano cuyos miembros son nombrados por Función Pública pero trabajan de forma autónoma e independiente a semejanza de los tribunales de las oposiciones, por lo que sus decisiones son vinculantes y tiene capacidad legal y jurídica para resolver sobre los distintos procesos y trámites que jalonan un concurso o un proceso selectivo. Sin embargo, la colisión entre ambas partes se produjo cuando en una reciente reunión los miembros de la comisión y de la dirección han discrepado sobre la necesidad de publicar o no una nueva lista provisional de adjudicaciones, ante la aceptación por parte de Función Pública de una serie de reclamaciones sin conocimiento previo de la comisión que, en teoría, debe valorar las alegaciones que se presenten, aceptarlas o no y, en su caso, incluirlas con las consiguientes modificaciones en la relación de adjudicatarios de puestos.
Según ha podido saber este periódico, las discrepancias han llegado a tal punto que la comisión considera que Función Pública está incumpliendo las bases de la convocatoria, lo que puede desembocar en futuros recursos e impugnaciones si hay funcionarios que se sienten perjudicados por rebaremaciones y modificaciones sobre el listado ya publicado. De hecho, la comisión se queja de que desconocía la existencia de las incidencias expuestas por Función Pública cuando en una de las bases del concurso se establece que este órgano debe conocer todas las reclamaciones que se presenten y modificar, si es necesarios, los listados. En este sentido, Función Pública pretende incluir a determinados funcionarios que no están en la lista provisional sin publicar una nueva relación al entender que no se genera perjuicios ni indefensión a los concurrentes, una interpretación con la que no están de acuerdo los miembros de la comisión de evaluación.
Concurrencia
El concurso de méritos que se convocó el año pasado por la Dirección General de Función Pública es el primero que se realiza en más de una década y al mismo tenían derecho a concurrir más de 3.000 funcionarios de carrera, aunque finalmente no llegaron a 2.000 los que han solicitado moverse de puesto en la Administración. Ya las bases del concurso han sido recurridas por la vía contenciosa por varios afectados y sindicatos, entre ellos el CSIF, impugnaciones que están en manos del juzgado. Posteriormente se han presentado más de una decena de recursos de reposición contra la lista definitiva de admitidos y, según fuentes cercanas a Función Pública, al menos 40 solicitudes estaba mal baremadas, algo que desconocía la comisión de evaluación. Otras fuentes consultadas advierten que algunas de estas reclamaciones han sido presenciales y verbales, lo que es inusual en este tipo de procesos.
Los funcionarios de la comisión consideran que esta situación podría afectar a unas 50 personas por las rebaremaciones y estimaciones de recursos. También podría repercutir en cascada a centenares de participantes en el concurso de traslados, que verían alterada su ubicación en la lista provisional publicada el pasado mes de junio.
La previsión inicial es que la Dirección General de Función Pública corrija y modifique la relación provisional para darla a conocer en septiembre. Sin embargo, el malestar y estupor se extiende entre los funcionarios afectados ya que se han ido incumpliendo los plazos entre los distintos trámites, pero ahora temen que las discrepancias internas en Función Pública estanquen el proceso si no hay una decisión política que enderece el rumbo ante el cariz que ha tomado en las últimas semanas.
