Canarias será la sede del Centro Vulcanológico español, aunque aún no se ha determinado qué isla albergará este organismo. Así lo anunció ayer el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, tras reunirse en Lanzarote con Pedro Sánchez. El dirigente regional celebró la decisión del Gobierno de España al elegir el Archipiélago para acoger el centro científico. Con este organismo, ya son cuatro las sedes a las que aspira el Gobierno de Canarias, sumando la Agencia Europea del Turismo, la Agencia Espacial Española, así como convertir a las islas en uno de los enclaves del Mundial 2030 en caso de ser elegida la propuesta de España y Portugal.
El presidente está convencido de que Canarias tiene una oportunidad «de liderazgo» si logra estos organismos. Además, recordó que el acceso en noviembre a la presidencia de la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas coincidirá con la presidencia española en la Unión Europea y todo ello ayudará a posicionar a las Islas en el panorama internacional.
El presidente efectuó ayer un balance de los logros del Ejecutivo tras la reunión con su homólogo nacional y aseveró que el Gobierno estatal actual es el que mejor cumple con el Régimen Económico y Fiscal (REF), y que los resultados en el traspaso de las competencias en costas o la resolución del convenio de carreteras demuestran que no ha actuado con «sumisión» ante Madrid, como le suelen criticar los partidos de la oposición.
Expuso que las transferencias en costas serán efectivas a partir del 1 de enero de 2023, para poder conseguir un desarrollo «armónico, legal y estructurado». Además, Torres resaltó que Canarias está en un momento de «fortaleza económica» independientemente de los datos del paro de julio, los cuales contrarrestó con el número de contratos firmados.
El Gobierno de Canarias refrenda totalmente el plan de ahorro energético estatal que entra en vigor mañana, sentenció el presidente, que recriminó a Alberto Núñez Feijóo que ahora rechace estas medidas mientras que cuando era presidente de Galicia decía lo contrario.
Torres valoró que en la última reunión sectorial con el Estado se aprobara el reparto de 600 menores entre las comunidades, pero no está satisfecho, por ello le trasladó Sánchez que es necesario cambiar la ley para que haya corresponsabilidad en la distribución de los menores.
