Solo dos meses después de que el Gobierno de Canarias mostrara su rechazo a una moratoria turística, la posibilidad de adoptarla se ha visto reavivada tras la recuperación del debate en torno al control del incremento de la población que el miércoles protagonizó el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez. El también consejero de Hacienda calificó como «desmesurado» el aumento del número de habitantes y apuntó a las directrices de ordenación del territorio y del turismo como medio para contenerlo y propiciar el cambio de modelo productivo en las Islas.
Durante su etapa como presidente de Canarias (1999-2003), Rodríguez, entonces miembro de Coalición Canaria (CC), mandó parar la construcción de nuevos establecimientos hoteleros. Fue la primera moratoria y durante los últimos veinte años las Islas han sido escenario de tres. La última, en 2013, fue la Ley de Renovación Turística, que vetó la construcción de cualquier hotel con categoría inferior a las cinco estrellas.
El último día del pasado mes de mayo, el Parlamento de Baleares aprobó un plazo de cuatro años durante el que no se podrá aumentar el número de camas. La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, descartó una réplica de esa norma en las Islas y abogó por «una reflexión mucho más profunda» con el objetivo de conducir al motor de la economía canaria por caminos más sostenibles.
Del discurso del vicepresidente se desprende que la intensa demanda de mano de obra sin formación específica que genera el negocio turístico es uno de los imanes que atraen a la población. De ahí la comparación entre el 30% de incremento en Canarias en lo que va de siglo y el menos del 4% de una sociedad industrializada –con demanda de trabajadores cualificados– como la vasca.
Esperar a los expertos
Los grupos de la Cámara autonómica –PSOE, Podemos, CC y PP– se decantaron por restar dramatismo al relato de Román Rodríguez y aguardar a las opiniones que los expertos verterán en la comisión parlamentaria que sobre este asunto va a echar a andar en septiembre en el Parlamento.
El catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad Carlos III de Madrid, Guillermo Morales, señaló a las «respuestas rápidas y las ecuaciones fáciles» como camino seguro al desacierto. Eso sí, no oculta que el ritmo de incremento de población es «un problema serio que debe ser analizado por todos los agentes» sociales, económicos y políticos. En otras palabras, quedarse solo con el turismo como factor multiplicador es no atender, por ejemplo, al rápido aumento de las colonias de determinadas nacionalidades, incluidas las de algunos países que integran la UE.
El aumento de la población es responsable, entre otras cuestiones, de alimentar paradojas como la coexistencia de una tasa de desempleo alta –la segunda más elevada del país– y el mayor volumen que nunca ha existido de personas trabajando en Canarias. En buena lógica, un número de ocupados nunca antes conocido debería traducirse en una caída del paro, cuestión que no se produce si también la población activa –suma de quienes tienen un empleo y los que lo buscan– se dispara.
Morales señala que la superpoblación «dificulta la convivencia», además de erosionar la idiosincrasia propia de un lugar. «De los canarios se decía que teníamos un ritmo más pausado que el resto de españoles y europeos, y eso se ha acabado, nos hemos sumado a su dinámica», explica el catedrático.
La posibilidad de articular medidas que frenen el crecimiento de población, la ve «muy difícil, pero nada es imposible». El punto de partida debe ser, a su juicio, la «convicción social y empresarial» capaz de generar «una iniciativa seria. Espero que no quede en agua de borrajas», concluye el catedrático de la Carlos III.
