Los cabildos reclaman que la bonificación del 50% en las guaguas se prolongue en 2023, con el fin de mantener esta medida en el tiempo y que no se limite únicamente al último cuatrimestre de este año. Tanto el Cabildo de Tenerife como el de Gran Canaria pondrán fondos propios el próximo año para continuar con los descuentos en los bonos del transporte terrestre, pero el Gobierno regional tendría que aportar también una parte para que la bonificación continúe en el 50%. Las corporaciones insulares están pendientes de la elaboración de los presupuestos generales del Estado de 2023 para conocer si el Gobierno central tiene intención de alargar la bonificación como ha hecho con otras medidas similares pero, si no es así, son partidarios de que entre las administraciones canarias se pongan los fondos para no interrumpir el descuento el 1 de enero, sino que continúe con financiación propia.
Para el consejero de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, «lo importante no es si ahora la bonificación llega al 60% o es del 100% sino que dure más allá del 31 de diciembre y que se extienda todo 2023». Arriaga tacha de «sinsentido» que el Gobierno regional pretenda que sean cabildos y ayuntamientos los que pongan más dinero para que entre septiembre y diciembre se incremente la bonificación: «no se trata de que el transporte se abarate o sea gratuito cuatro meses sino que tenga una reducción importante durante mucho tiempo», indicó.
Arriaga asegura que la Corporación insular podrá 10 millones más el próximo año de su presupuesto para incrementar la subvención en las guaguas y en el tranvía del 30 al 34% si el Estado no mantiene su aportación para el 50%. Por ello le pide al Gobierno regional que «arrime el hombro» y ponga el 16% restante para que durante todo el año los usuarios del transporte público terrestre se sigan beneficiando de la mitad del precio de los bonos. Para el dirigente insular «la pelea no es de más o menos porcentajes ahora, no tiene sentido que ahora haya gratuidad y en enero volver a pagar, una medida así no sirve para nada».
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Por su parte, el consejero de Transportes del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez del Pino, señaló que la Corporación es «favorable» a incrementar la bonificación para mantener el 50% de descuento en 2023 pero se muestra más cauto a la hora de concretar cantidades hasta que el Gobierno central y el Gobierno canario muevan ficha con sus respectivos presupuestos para el próximo año. En lo que sí es tajante el dirigente insular es en la inviabilidad de que se pueda incrementar la subvención hasta el 100% en este cuatrimestre porque sería aportar 40 millones de euros más a lo que ya pone el Cabildo y el Estado para alcanzar el 50%. «El Cabildo de Gran Canaria mantendrá la misma línea de trabajo en 2023 para el transporte público, incrementando los fondos como hemos hecho desde 2017, si hay más fondos del Gobierno canario o del Estado en 2023 sería muy positivo pero tendremos que esperar a ver cómo se concretan los presupuestos del año que viene», indica.
La única corporación que mantiene por ahora la intención de incrementar en este cuatrimestre la bonificación de las guaguas hasta el 60 o 65% es la de Las Palmas de Gran Canaria, si bien aún se está concretando los pormenores de la misma mientras que aguarda por las negociaciones entre la Consejería de Transportes del Ejecutivo regional y el Ministerio para acordar el convenio entre ambas administraciones.
Pérez del Pino señala que el Cabildo ya pone cerca de 24 millones de euros para los descuentos de los bonos. Por eso, aunque los fondos del Ministerio lleguen a final de año «el Cabildo tiene espaldas suficientes» para asumir el coste del incremento al 50% a partir del 1 de septiembre hasta que el Estado transfiera las cantidades, que será directamente a los cabildos.
Por su parte, Arriaga sí se muestra preocupado por los «costes operativos» que tendrán que soportar los operadores del transporte y las corporaciones locales por esta medida del Estado. Asimismo, el hecho de que el protocolo con el Ministerio para aplicar la medida se firme el 29 de agosto, dos días antes de su entrada en vigor, también perjudica la operatividad de las empresas del transporte, lo que para el consejero tinerfeño supone una «improvisación» del Gobierno que ahora tienen que asumir cabildos y ayuntamientos con nuevos costes, personal, guaguas, reestructuración de líneas, más capacidad, etcétera. Por ello reclama que el Gobierno canario sea «corresponsable» de una competencia que ha transferido a los cabildos aunque es la Comunidad Autónoma la que negocia con el Ministerio los detalles del protocolo.
