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Los grupos del Gobierno aceleran la ley de la renta para aplicarla en enero

Los cuatro partidos presentan enmiendas técnicas y avisan a la oposición que el texto tendrá pocos cambios en el Parlamento

Los grupos del Gobierno aceleran la ley de la renta para aplicarla en enero

Los cuatro grupos políticos que apoyan al Gobierno en el Parlamento tienen como objetivo aprobar la Ley de Renta Ciudadana antes de finalizar el nuevo periodo de sesiones en diciembre, para que entre en vigor en enero de 2023 junto a los presupuestos autonómicos. Ayer finalizó el plazo para la presentación de enmiendas al proyecto de ley con las 17 que fueron registrados conjuntamente por PSOE, Nueva Canarias, Podemos y ASG. A partir de ahora la pretensión es que el debate no se dilate en exceso entre la ponencia y el debate plenario para que la norma culmine el proceso antes de finalizar el año.

La mayoría de las enmiendas son cuestiones y matices técnicos, según explica el diputado regional del PSOE y ponente de la ley, David Godoy. La corrección más destacada introducida por los grupos que forman parte del Ejecutivo es dejar claro que los menores tutelados por la Comunidad Autónoma y los jóvenes hasta 23 años también tendrán derecho a la renta mínima autonómica. En este ámbito también tienen derecho a la misma no solo los menores nacionales, sino también los menores migrantes que también estén tutelados por la Comunidad Autónoma.

Godoy rechazó las pretensiones de Coalición Canaria (CC) de incrementar los fondos destinados a la nueva renta ya que entre 2021 y 2022 se ha duplicado el presupuesto de la prestación canaria de inserción (PCI), que actualmente llega a unas 12.000 familias, y que ahora pasará a convertirse en renta canaria de ciudadanía. Entre 2021 y 2022 los fondos destinados a la PCI se incrementaron un 13.5%, con 22 millones de euros más, pasando de cerca de 50 millones a unos 70 millones de euros.

Godoy resaltó que pocos cambios se introducirán en el actual texto de la ley ya que «ha sido trabajada con los colectivos, colegios profesionales, ayuntamientos y cabildos, solo hay que introducir algunas aclaraciones en el texto y corregir algunos errores». En este sentido, el parlamentario socialista cuestionó que los nacionalistas reclamen un incremento de los fondos «cuando se ha duplicado la partida y se continuará aumentando a medida que se vayan incrementado los perceptores con los nuevos perfiles».

Con la entrada en vigor de la ley en enero, las 12.000 familias que actualmente perciben la PCI pasarán a recibir la nueva renta de ciudadanía y la prestación irá desarrollándose en diferentes fases para alcanzar los diferentes perfiles que se integran en la normativa. Uno de los objetivos es complementar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y en otros llegar a grupos que se quedan fuera de esta prestación estatal.

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