El presidente del Gobierno de Canarias tiene previstas reuniones con distintos ministros en Madrid para ir cerrando temas pendientes relevantes para las Islas, antes de que se celebren las elecciones de mayo de 2023, como la transferencia de los 50 millones de euros para inmigración, consignados en los Presupuestos Generales del Estado para 2022, o la firma de la famosa adenda del convenio de carreteras de 407 millones que el Gobierno central adeuda a Canarias por obra no ejecutada.

En principio, Torres prevé reunirse el jueves próximo con el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, explicó ayer el portavoz del Gobierno, Julio Pérez, para tratar sobre los recursos que se han de transferir a las Islas, que aunque ayudan a cuidar a los 2.500 menores migrantes que tiene la Comunidad Autónoma bajo su custodia, no resuelve el problema de que las Islas tengan que acoger a los chicos prácticamente en solitario por ser la región a la que llegan a bordo de embarcaciones. Esta es una queja que formula Torres constantemente y, de hecho, siempre pide que se defina por ley la corresponsabilidad de otras regiones en la acogida de los menores. Ayer el Consejo de Gobierno aprobó adelantar de sus fondos 21 millones de los 50 millones previstos para atender los menores que han arribado a las Islas, a la espera de que el Estado traspase los recursos.

Asimismo, se prevé que el presidente canario se reúna también el jueves o viernes con la ministras de Hacienda y Transportes, María Jesús Montero y Raquel Sánchez, respectivamente, con las que debe suscribir la adenda del convenio de carreteras pendiente de firma y que se ha ido demorando por la falta de informes. El Gobierno había asegurado que se firmaría en julio, y pasado ese mes, en agosto, afirmó que se dejaba para septiembre.

A finales de abril, el Gobierno de Canarias anunció que se había dado el paso definitivo para resolver el conflicto con el Estado por el convenio de carreteras y la liquidación de la deuda que el Gobierno de España mantenía con el archipiélago por los incumplimientos que se dieron entre 2012 y 2017. Así, el acuerdo prevé que los 407,4 millones de la adenda se incorporen en 2026 y 2027, las dos últimas anualidades del actual convenio.