La guerra abierta entre comunidades autónomas para reducir o eliminar algunos de los impuestos sobre los que tienen competencias supone un duro golpe contra el proceso en marcha para la reforma del sistema de financiación autonómica. Algunos gobiernos regionales han entrado en una oferta de rebajas de tributos con efecto sobre las comunidades vecinas y se abre de esta forma un nuevo frente en el complejo debate para aprobar un nuevo sistema de reparto de fondos estatales para cubrir los servicios públicos esenciales prestados por las autonomías –educación, sanidad y servicios públicos–.
La polémica sobre la competencia fiscal entre los diferentes territorios viene de lejos, pero se ha recrudecido tras el anuncio realizado esta semana por Andalucía de que eliminará de facto el impuesto de patrimonio, uniéndose así a la Comunidad de Madrid, ambas gobernadas por el PP, aplicando una fiscalidad cero para los contribuyentes con un patrimonio de más de un millón de euros. Según los datos de la Agencia Tributaria, en 2020 este impuesto afectó a cerca de 200.000 contribuyentes, con una recaudación de 1.200 millones.
Hacienda tiene pendiente entregar a los territorios una nueva propuesta del reparto de fondos
Aunque la financiación autonómica no se tendría que ver afectada en su dimensión técnica por el retoque de este impuesto, sí lo hace respecto al debate de fondo porque deja al descubierto la contradicción evidente de que esas regiones solicitan más fondos estatales para cubrir los servicios públicos que prestan, mientras reducen su capacidad de recaudación. De esta forma, lo que algunos expertos llaman el dumping fiscal practicado por estas comunidades se suma a la disparidad de criterios entre los distintos territorios sobre el tipo de reforma de financiación y de reparto de fondos que se debe acordar para el nuevo sistema.
Esta situación es la que ha llevado a señalar al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que es partidario «a título personal» de centralizar los impuestos que son de titularidad estatal y que ahora están cedidos a las comunidades autónomas, que son las que practican su recaudación. Escrivá ha sido, sin embargo, desautorizado por el resto del Ejecutivo. Son tributos sobre los que tienen capacidad normativa parcial.
En el caso del de patrimonio, se trata de un impuesto directo y personal que se aplica individualmente no sobre ingresos anuales o transacciones, sino sobre el valor de todos los bienes del sujeto pasivo. Las comunidades autónomas pueden aplicar deducción en el mínimo exento, modificar la tarifa y aprobar deducciones y bonificaciones, con libertad para aplicar la escala nacional en esas deducciones o establecer una propia.
Canarias aplica un mínimo exento de 700.000 euros (excluyendo los primeros 300.000 euros de la vivienda habitual) y su escala de gravamen es la estatal, sin haber ejercido competencias hasta ahora en su capacidad para establecer deducciones o bonificaciones. En 2020, los más de 6.850 contribuyentes canarios afectados declararon un total de 5.870 millones y la recaudación por parte de la hacienda regional fue de 32 millones.
A partir de este nuevo ejemplo de competencia fiscal entre comunidades, que algunos califican de «desleal» en un contexto en el que la mayoría de los países apuestan por incrementar la tributación a las grandes fortunas para hacer frente a los grandes gastos derivados de la pandemia sanitaria de los últimos dos años y la actual crisis energética, se plantea su efecto sobre el proceso de reforma de la financiación autonómica. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzó hoy en el Congreso precisamente la disposición del actual Ejecutivo central de crear un nuevo impuesto para las grandes fortunas. Y sin explicitar que la batalla fiscal abierta repercuta en aspectos técnicos de la reforma, sí pone el énfasis en su significación política, señalando además que su departamento está «explorando» con las comunidades autónomas cómo «pedir un esfuerzo a los que más tienen» en estos momentos de dificultad económica por la guerra de Ucrania.
El Gobierno de Canarias trasladó sus alegaciones al ministerio a finales de enero
Montero entra de lleno en el debate sobre la competencia fiscal entre comunidades y su significación en el marco de la reforma de la financiación asegurando que «hay que evitar la competencia a la baja» con la que cree que están actuando algunas comunidades porque dejan «sin contenido determinadas figuras fiscales», reprochando que sean luego esos gobiernos regionales quienes «piden más dinero al Estado» tanto en sus relaciones financieras bilaterales, como en el marco del sistema de financiación.
Insularidad y REF
En todo caso, Montero parece asumir que esto es un nuevo palo en la rueda del proceso para aprobar un nuevo modelo de financiación porque abre un nuevo frente sobre cómo repartir los fondos en función de las necesidades de cada región.
La ministra tiene pendiente presentar este otoño una nueva propuesta sobre el nuevo sistema a partir del que ya avanzó el pasado mes de enero y de las alegaciones presentadas por el conjunto de comunidades. Y aunque la cercanía de los próximos procesos electorales, el de las autonómicas, locales e insulares en mayo y el de las generales a finales de 2023, ya hacen inviable la aprobación del nuevo sistema esta legislatura, este nuevo desencuentro entre los territorios dificulta aún más que se pueda avanzar en lograr un acuerdo entre las distintas comunidades.
El documento de Hacienda sólo se refería al modo de reparto de fondos bajo el criterio de población ajustada y proponiendo distintos elementos de compensación que fue rechazado, con mayor o menor énfasis, por la mayoría de gobiernos autonómicos. En el caso de Canarias, además de no explicitar que los recursos del REF quedarían fueran del cómputo del sistema, el documento establece de manera clara que el peso de la insularidad como factor corrector no se va a actualizar respecto al modelo actual, algo que sí se hace para el caso de la despoblación o el coste efectivos de los servicios.
El Gobierno de Canarias trasladó al ministerio a finales de enero sus alegaciones a este respecto reclamando un mayor peso de la insularidad como factor corrector e incorporar en todos los servicios públicos la variable de pobreza y de renta regional por habitante. Sigue sin respuesta.
