La extraordinaria subida de los precios que sacude la economía europea mantiene atascado un sinfín de obras y proyectos públicos. Centenares de contratos se han quedado desiertos desde que a comienzos del año pasado se iniciara la escalada inflacionaria. A las empresas no les resulta rentable pujar por hacerse con un encargo que no les daría beneficios con los actuales precios de las materias primas. Los aeropuertos y puertos canarios de titularidad estatal tampoco se libran, claro, de sufrir las consecuencias de la crisis: más de una decena de proyectos se han quedado sin licitantes desde comienzos de 2021. A Aena y las dos Autoridades Portuarias del Archipiélago no les ha quedado así más remedio que ajustar su programación. Cerca de cinco millones de euros suman esos contratos ofertados para la ejecución de obras en puertos y aeropuertos cuyas licitaciones quedaron desiertas.
En el caso de los aeródromos, las adjudicaciones desiertas han afectado a la programación de obras prevista por Aena en cinco de los ocho aeropuertos de la Comunidad Autónoma. Ninguna empresa se interesó por el contrato para el traslado de las dependencias de los técnicos de operaciones en el aeródromo de Tenerife Norte. Un contrato valorado en más de medio millón de euros –exactamente en 516.990 euros– para la demolición de las actuales dependencias y la construcción y equipamiento de las nuevas. Tampoco ninguna ofertó el año pasado por el convenio, por importe de 90.000 euros, para la ejecución de una serie de mejoras en el local que alberga el Centro de Coordinación de Operaciones y la sala de crisis, lo que retrasó el proyecto.
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Aena tampoco encontró en 2021 ninguna firma interesada en llevar a cabo los trabajos necesarios para que el aeropuerto de La Palma cumpliera con la normativa Entry Exit System (EES), una regulación comunitaria de obligado cumplimiento que entró en vigor en mayo de este año. Esto implicaba, entre otras cosas, adaptar un espacio exterior de unos 200 metros cuadrados para los seis quioscos de reconocimiento facial y cinco puertas de paso al interior. El importe del contrato era de 107.223,32 euros. Al no poderse adjudicar en aquel momento, el Estado tuvo que lanzar una segunda oferta de mayor cuantía para poder seducir a alguna empresa, lo que demora la ejecución de las obras.
En la provincia de Las Palmas, el gestor de la red aeroportuaria española también ofertó sendos contratos para obras en los aeródromos de Gran Canaria y Lanzarote relacionadas con el cumplimiento de la normativa EES. En Gando se trataba de distintos trabajos para la ampliación del espacio para la zona de control de pasaportes. El valor del convenio correspondiente al segundo lote de las obras era de 24.685 euros. Tampoco despertó interés el primer contrato ofertado para las obras de adecuación de una zona en el aeropuerto César Manrique también para el cumplimiento de las nuevas disposiciones comunitarias. El importe de la adjudicación era de 335.201 euros. Hubo que hacer un segundo intento. Por último, también resultó desierta la adjudicación del proyecto para la construcción de unos nuevos almacenes en la planta de embarque del aeropuerto de Fuerteventura, para lo que Aena ofertaba un contrato valorado en 86.530,84 euros.
En todos los casos se trata de ofertas publicadas por el Estado desde el 1 de enero de 2021, es decir, desde que se manifestaron los primeros síntomas de la actual ola inflacionaria, cuando la crisis global en el transporte marítimo y la carestía de las materias primas ya hacía mella en las empresas constructoras. En este escenario no extraña que muchas obras no resulten atractivas para ninguna firma.
En la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, siempre de acuerdo con la información suministrada por el propio Gobierno central en respuesta a preguntas de varios diputados del PSOE en el Congreso, han visto cómo se han quedado desiertas cuatro licitaciones desde el año pasado. Los trabajos para la remodelación de vestuarios y aseos y para la urbanización del exterior del centro de operaciones portuarias sito en el edificio Puerto-Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, cuyo contrato se valoró en 184.950,56 euros; las obras para la habilitación de la explanada del tacón del muelle polivalente de Santa Cruz de La Palma, por 206.194,14 euros; y la reforma del proyecto para el paseo peatonal en el borde urbano del puerto de la capital palmera por la avenida de Los Indianos –403.288,16 euros–. Además, tampoco encontró adjudicatario –se declaró desierto el pasado 20 de abril– el convenio para la ejecución de las obras de refuerzo del muelle, de mejora del pavimento y de adaptación de las infraestructuras de las redes de servicio en el arranque de la primera alineación del dique-muelle del Este del puerto de la capital tinerfeña.
La información del Gobierno central también enumera el contrato para la mejora del calado del muelle oblicuo del puerto de Arrecife, en Lanzarote, entre los que inicialmente no llamaron la atención de empresa alguna, si bien hay que puntualizar que finalmente se recibieron dos ofertas. Este es un contrato valorado en 273.372,57 euros. En relación con esto hay que apuntar que los distintos entes públicos siguen tratando de encontrar adjudicatarios para los contratos que en primer término no han despertado el interés de ninguna entidad. No es que no haya voluntad de sacar adelante los trabajos, sino que la crisis dificulta sobremanera dar con firmas dispuestas a ejecutar las obras en un contexto como el actual.
