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Presupuestos | Inversión pública

Canarias repite entre las regiones más lentas en la ejecución de inversiones

El Gobierno autonómico moviliza en el primer semestre solo 90 céntimos de cada diez euros presupuestados para obras y sigue un año más en el vagón de cola

Obras de reconstrucción de las piscinas municipales del Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife. | | CARSTEN W. LAURITSEN

Canarias es incapaz de aumentar el ritmo de la inversión pública. Al menos no lo suficiente para dejar de estar a la cola de las Comunidades Autónomas. Pese a los anunciados esfuerzos para agilizar trámites y actuaciones, el Gobierno regional cerró el primer semestre del año tras haber ejecutado solo un 9% de los fondos para inversiones. Es decir, de cada diez euros presupuestados para gastar en obra pública a lo largo de 2022, solo 90 céntimos se invirtieron de manera efectiva en la primera mitad del ejercicio. O lo que es lo mismo: solo nueve de cada cien euros. Es verdad que los niveles de ejecución presupuestaria de las operaciones de capital –el epígrafe que aglutina las partidas para inversión– suelen ser bajos hasta bien entrado el último trimestre de cada año, pero no es menos cierto que lo habitual en Canarias no es que sean bajos, sino muy bajos. Y en este ejercicio se repite la historia.

Los datos de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, permiten comparar los distintos ritmos que llevan las regiones en la ejecución de obra pública. A 30 de junio, finiquitada la primera mitad del año, Canarias ya había invertido un 11,52% del dinero presupuestado inicialmente para operaciones de capital. Inicialmente, cabe insistir. Un 11,52% de un total de casi 1.387,1 millones de euros, lo que se traduce en menos de 160 millones. Este ya es uno de los porcentajes de ejecución más bajos del país: de hecho solo lo empeoran Asturias, con un 6,32%, y, por muy poco, Extremadura, con un 11,14%. Pero ocurre que los presupuestos iniciales de las autonomías siempre sufren cambios, lo que se conoce como modificaciones de crédito. En el Archipiélago, los fondos previstos para obra pública acabaron por incrementarse vía modificaciones de crédito en cerca de 378,5 millones de euros, hasta un montante de unos 1.765,6 millones. De modo que si el nivel de ejecución se calcula sobre esta última cantidad, que es la más representativa por cuanto es la que muestra el importe que finalmente se prevé gastar a lo largo del año, resulta que la inversión materializada en el primer semestre se queda en un exiguo 9,05%. En este caso solo una comunidad, el Principado de Asturias, tiene un porcentaje incluso más bajo que el de Canarias, un 5,31%. Son las dos únicas que dieron carpetazo a la primera parte del ejercicio por debajo del 10%.

Podría pensarse que un nivel de ejecución tan bajo de inversión pública, ese 9%, tiene que ver con que las modificaciones de crédito han sido en las Islas muy cuantiosas, o cuando menos más cuantiosas que las experimentadas por los presupuestos de las demás regiones. Esto significaría que la suma de la que finalmente se dispone resulta muy superior a la que se tenía previsto gastar al elaborar las cuentas –en la jerga contable sería la diferencia entre los créditos totales y los créditos iniciales–, lo que dejaría al Archipiélago muy por encima de la media y de algún modo dificultaría la consecución de un más alto porcentaje de ejecución. Pero no es el caso. Las modificaciones de crédito en Canarias en el capítulo de las operaciones de capital, esos menos de 378,5 millones de euros, suponen un incremento del 27% respecto de la cantidad inicial, un porcentaje en línea con la media de las 17 Comunidades Autónomas, que solo es ligeramente inferior –25,1%–. De hecho hay regiones en las que el presupuesto inicial para obra pública se disparó más que en las Islas, en Cataluña, por ejemplo, lo hizo un 29%, y donde en el primer semestre se invirtió mucho más que en Canarias –en la misma Cataluña ya se había movilizado a 30 de junio un 26,68% de los fondos, casi el triple que en el Archipiélago–.

Hay que precisar que las operaciones de capital, ese capítulo que engloba toda la inversión prevista, se divide en inversiones reales y transferencias de capital. Las primeras son las que ejecuta directamente el Gobierno de Canarias, con gran peso, claro, de la Consejería de Obras Públicas, que entre otras cosas es la que se encarga de los grandes trabajos de carreteras. Las segundas, las transferencias de capital, son las que llevan a cabo los cabildos y ayuntamientos. En otras palabras: en las transferencias de capital se consignan los fondos para inversión pública a ejecutar por las entidades locales. El dinero lo presupuesta la Comunidad Autónoma a partir de sus ingresos, luego lo transfiere a los cabildos y ayuntamientos según corresponda –hay competencias cedidas a las corporaciones insulares y competencias que tienen las corporaciones municipales– y estos lo invierten en las obras de que se trate. Pues bien, la baja ejecución está sobre todo en estas últimas inversiones.

Los Gobiernos regionales invirtieron de enero a junio, de media, un 17% de los dineros presupuestados en las transferencias de capital. En Canarias, el porcentaje apenas supera el 5%. En cambio, el grado de ejecución de las inversiones reales –tomando como referencia los créditos totales o definitivos– es en las Islas de un 12,45%, en este caso solo un pelín por debajo del dato nacional –12,71%–. Por lo tanto, sí se aprecian aquí, en esos trabajos que lleva a cabo directamente el Ejecutivo presidido por Ángel Víctor Torres, los esfuerzos que viene haciendo la Consejería de Obras Públicas, que dirige Sebastián Franquis, por acelerar las actuaciones. No es que este departamento sea el único de la Administración autonómica que cuenta con presupuesto para inversiones, pero sí es el que cuenta, con diferencia, con el presupuesto más alto. De él depende en buena medida el mayor o menor ritmo en la ejecución de las inversiones reales, y lo cierto es que aquí sí se ha mejorado en relación con 2021. A 30 de junio del año pasado, el porcentaje movilizado por el Gobierno para obra pública directa era de un 8,4%, cuatro puntos inferior al del actual ejercicio.

Además, hay que precisar, al margen del capítulo de las operaciones de capital, que los niveles globales de ejecución presupuestaria de la Comunidad Autónoma sí están en consonancia con los de las demás regiones del país. De todo el dinero presupuestado para 2022 –para pagar las nóminas de los funcionarios, para sufragar el gasto corriente, para devolver deuda, para invertir...–, Canarias ya había gastado al cierre del primer semestre un 43,1%. La media del conjunto de las autonomías es de un 43,14%, prácticamente igual.

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