Suscríbete La Provincia - Diario de Las Palmas

La Provincia - Diario de Las Palmas

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

El rifirrafe político revienta el acuerdo para atender la insularidad

PP y Vox de desmarcan y dejan en precario el informe del Senado que pone deberes al Gobierno para mejorar la vida en los territorios extrapeninsulares

Imagen de personal de Salvamenrto llevando al puerto de Arguineguín a una bebé llegada en un embargación a las costas de Gran Canaria. BORJA SUAREZ

El Senado acaba de poner punto y final a la ponencia que durante un año y medio ha estudiado la situación de los dos archipiélagos como territorios insulares, así como las de Ceuta y Melilla, y ha aprobado un documento de conclusiones con 80 recomendaciones para que el Gobierno central tome nota y ponga en marcha políticas y medidas que ayuden a contrarrestar las dificultades de desarrollo de las islas. El documento, de 23 páginas, fue aprobado por el pleno de la Cámara hace unos días y, pese al largo periodo de funcionamiento de la ponencia y a las negociaciones llevadas a cabo, no ha logrado el visto bueno de todos ellos.

Ello pese que los numerosos expertos que pasaron por la ponencia dejaron en evidencia que tanto de las islas, como las ciudades autónomas, necesitan de políticas específicas para unas condiciones de vidas descompensadas respecto a las de la Península o la Unión Europea.

¿Dónde radica la diferencia, a parte de la evidente lejanía? Según datos aportados por algunos de los comparecientes los niveles de renta en los territorios extrapeninsulares son inferiores a la media europea y de hecho han ido disminuyendo en los últimos 20 años con una variación negativa de 20 puntos porcentuales. En concreto, en el contexto de la UE presentan una competitividad «baja o muy baja», y de las 253 regiones europeas, Canarias ocupa la posición 153 y Baleares la 148, mientras Ceuta y Melilla se sitúan en la 216 y 213, respectivamente.

El informe señala que la pérdida de renta de sus residentes demuestra el impacto negativo por su situación geográfica, y que «pese a las diversas medidas adoptadas por el Estado a lo largo de los años para tratar de compensarlo, sigue ampliándose».

Otro de los puntos en el que se incide especialmente en el informe de la ponencia es el del transporte, sobre el que, además de recomendar la declaración de obligación de servicio público (OSP) trayectos aéreos entre las islas y ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, propone «mantener el apoyo del descuento de residente del 75 % estableciendo los mecanismos necesarios para evitar que el efecto perjudicial que la subvención represente un incremento de precios para el ciudadano y de beneficios para las empresas aeronáuticas». Además, apuesta por «estudiar la posibilidad de establecimiento de tarifas planas para evitar la picaresca».

El otro gran asunto que se aborda es el de la inmigración, quizá el elemento que más ha dividido a los grupos en la Cámara alta a la hora de concretar sus posiciones. El informe señala que el fenómeno migratorio hacia Canarias «podría prolongarse en el tiempo» por la inestabilidad en los países emisores de África Occidental o el Sahel.

Son temas recurrente en la Cámara alta y sobre los que en principio existía el consenso, pero a la hora de la votación final para poner sobre la mesa del Gobierno la lista de deberes los populares se abstuvieron y Vox votó en contra.

El informe se aprobó, sí, con el apoyo del resto de formaciones pese a los reproches que se intercambiaron algunas de ellas durante el debate previo. Los partidos políticos ponen así en evidencia que la actual dinámica política de confrontación domina incluso aquellos espacios que buscan análisis de fondo y medidas a medio y largo plazo más o menos consensuadas, en este caso sobre la cuestión de la insularidad. El debate final en el Senado reflejó esta situación con intervenciones muy duras entre los portavoces del PSOE y PP.

Los populares creen que el documento «se queda muy corto» y no recoge ni incluye las medidas que a su juicio necesitan estos territorios extrapeninsulares para garantizarse un desarrollo en condiciones similares a los del resto del país. Pero sobre todo centraron sus críticas en los aspectos más sensibles que viven en estos momentos las islas y las ciudades autónomas, como es el caso de la inmigración irregular precedente de África. La senadora melillense Sofía Acedo cree que «hemos perdido una gran oportunidad porque el PSOE ha elegido plegarse a las exigencias del Gobierno al que sostiene». Reconoce que la propuesta del PP «es un documento de máximos» para rescatar el compromiso del Gobierno de España con estos territorios, y que lo que hace el informe de la ponencia «es apostar por una acuerdo de mínimos, pobre, y con mucha literatura y pocas medidas concretas». «Le falta realismo porque no aborda los problemas más importantes que han planteado los comparecientes», asegura.

Pone como ejemplo la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez, «que ha abandonado a Canarias y los canarios, con el colapso de los servicios públicos, con 11.5000 migrantes llegados este año y la pérdida de 4.000 vidas en el intento». «Eso no se recoge en el documento. Siguen mirando para otro lado», asegura Acedo para justificar su voto particular. Según ella, el texto aprobado «tampoco recoge medidas para recuperar plenamente el turismo e inversiones públicas para la diversificación de la economía, y siguen sin llegar las ayudas a los palmeros por la crisis del volcán».

La portavoz del PSOE, la majorera Paloma Hernández, señala sin embargo que «el informe es coherente con lo que han planteado los ponentes, pero el PP quería un programa electoral como arma arrojadiza contra el Gobierno y eso el resto de grupos no lo hemos permitido». Según ella, el documento «plantea como base transversal lograr el equilibrio económico para un desarrollo en igualdad de oportunidades que en la Península, y la fragilidad y sostenibilidad de nuestros sistemas, con una apuesta clara por las energías renovables».

Destaca la majorera que «como territorios fronterizos buscamos la implicación plena de la UE para dar respuesta al fenómeno migratorio y la solidaridad interterritorial para el reparto de los menores no acompañados», y asegura que «no hemos permitido recoger el tinte xenófobo y racista que perseguía Vox».

El portavoz de CC, Fernando Clavijo, cree que «las conclusiones no son las que nos hubiesen gustado, pero si todos estamos algo insatisfechos es porque todos hemos cedido. Ha habido un ejercicio de búsqueda de acuerdo, de acercar posturas y que esta Cámara le lanzase al gobierno un mensaje de que hay unas islas y unos territorios cuyas singularidades tienen que atenderse, porque es el Gobierno quien tiene que poner en marcha estas medidas”.

En relación con algunas de las materias que se abordan, señala que «sin ser el documento que nos hubiese gustado y reconociendo que se queda corto, es un principio esperanzador».

Fabián Chinea, de ASG, reclama, al igual que Clavijo, que el estudio de los problemas de la insularidad sea objeto de una comisión permanente en el Senado. Según él, el texto «cumple el reto que nos planteamos al inicio, pero una ponencia no es suficiente». Asegura que «Canarias, Ceuta y Melilla somos la puerta sur de Europa y no podemos abordar en solitario la llegada de migrante y necesitamos que se institucionalice la solidaridades del resto de territorios», como reclama el informe. 

Compartir el artículo

stats