El PIB per cápita de Baleares –tomando como referencia las cifras de 2019, último año sin las distorsiones de la covid y la ola inflacionaria– es de 28.522 euros; el de Canarias, de 21.387, es decir, 7.135 euros menos, un 25% menos. Los ciudadanos de Baleares están por encima de la media nacional y los de Canarias, por debajo. Más bien muy por debajo. Es la diferencia entre una economía rica y una economía pobre, la diferencia entre un territorio insular europeo y una Región Ultraperiférica (RUP) europea. Por eso, para paliar esa diferencia, Canarias tiene un estatus de RUP y un Régimen Económico y Fiscal (REF) con medidas económicas y tributarias singulares, es decir, sin parangón con las que pueden aplicarse en otras regiones comunitarias. Ello no obsta, sin embargo, para que desde Baleares venga insistiéndose desde hace años en equiparar en todo lo posible su Régimen Especial (REB) al REF. Y aunque ello es imposible por cuanto la ubicación geográfica del archipiélago mediterráneo nada tiene que ver con la de Canarias –y porque en última instancia es Bruselas la que debe autorizar las ayudas de Estado excepcionales–, Pedro Sánchez está dispuesto a acercar lo más posible a Baleares a las singularidades fiscales de Canarias pese a que su PIB per cápita, cabe insistir, es un 25% más alto.

El mismo presidente del Gobierno anunció ayer que los presupuestos generales del Estado para 2023 incluirán dos rebajas tributarias específicas para el territorio balear. Por un lado, una bonificación en el Impuesto sobre Sociedades de entre un 10 y un 20% por la venta de productos agroalimentarios e industriales elaborados en esas islas, siempre que las empresas acrediten haber creado empleo neto; y, por otro, una reserva para inversiones que es un remedo de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC).

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol –del PSOE–, explicó que esta reserva mediterránea se traducirá en reducciones en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades –y en su caso de la renta de los no residentes– equivalentes a hasta un 90% de los beneficios no distribuidos si la empresa ejecuta inversiones productivas. Ese 90% de los beneficios es el mismo porcentaje a que pueden llegar las reducciones en favor de las empresas que se acogen a la RIC en el Archipiélago.