El juez que instruye la presunta estafa de cuatro millones de euros al Gobierno de Canarias en la compra de una partida de mascarillas FFP3 al inicio de la pandemia de covid-19 ha citado como testigo al presidente de la comunidad, Ángel Víctor Torres (PSOE). Así lo ha trasladado a los medios de comunicación la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias después de difundirse la noticia esta mañana.

Por esta razón, el órgano judicial que investiga el caso, el Juzgado de Instrucción número siete de Las Palmas de Gran Canaria, aclara que en esta fase del procedimiento (diligencias previas), "la información no es pública, y está reservada a las partes, quienes a su vez tienen un deber legal de reserva. Una vez finalizada esta fase de investigación, cuando la autoridad judicial tome una decisión sobre el futuro curso del procedimiento, se hará saber a los medios informativos, a través de la oficina de comunicación".

No obstante, debido a la relevancia pública de la persona afectada por la noticia filtrada, el Juzgado confirma que se ha comunicado al presidente del Gobierno de Canarias su citación en calidad de testigo en el procedimiento que se sigue a instancias del Ministerio Fiscal, y que se le ha dado la opción de contestar por escrito a las preguntas que las partes estimen conveniente hacerle. Y, en el caso de que considere conveniente desplazarse a la sede judicial, se le ha citado para el próximo 2 de noviembre.

Conrado defiende sus acciones

Los últimos acontecimientos sobre el 'caso Mascarillas' lo protagonizo el director general del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, cuando el pasado 29 de septiembre defendió en su declaración ante el juez que instruye la querella de la Fiscalía Anticorrupción por el llamado 'caso Mascarillas' que "siempre" actuó "bajo la legislación vigente en cada momento".

Durante más de dos horas, Domínguez dio explicaciones en el Juzgado número 7 de Las Palmas de Gran Canaria sobre el contrato por el que la Fiscalía le acusa de prevaricación y tráfico de influencias: la compra de un millón de mascarillas FFP3 en las primeras semanas de la pandemia de covid-19 a una empresa sin experiencia alguna en la importación de material sanitario, RR7 United; mascarillas que nunca fueron entregadas a la sanidad pública, pero por las que se pagaron cuatro millones de euros.

A la salida del juzgado, el director del SCS indicó a los periodistas que respondió a todas las preguntas que se les formuló e insistió en que el interés de su departamento y del Gobierno de Canarias sigue siendo recuperar los cuatro millones que se abonaron por adelantado a RR7 United.

El responsable de esa sociedad, dedicada al comercio de vehículos, Rayco Rubén González, se enfrenta a cargos por estafa agravada. También él compareció ese jueves ante el juez encargado del caso, pero se acogió a su derecho a no declarar